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La audiencia de medidas cautelares contra una funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), investigada por presuntamente colaborar con una banda narco, se repetirá el próximo lunes por orden del Tribunal Penal de Goicoechea.
El 17 de diciembre, un día después del arresto, el Juzgado Penal rechazó la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Público, contra la funcionaria de apellidos Vargas Argüello, de 41 años. El fiscal había pedido, durante seis meses, la suspensión del cargo, impedimento de salida del país, firma periódica, prohibir la entrada a las oficinas de la DIS y no tener contacto con ningún testigo.
La Fiscalía apeló esa resolución ante el Tribunal Penal, que revirtió el fallo el 8 de enero, al declarar “ineficaz” la resolución del Juzgado, y ordenar una nueva audiencia con otro juez.
Vargas fue detenida en su casa de habitación en La Trinidad de Moravia por el presunto delito de procuración de impunidad, el cual se castiga con penas de entre tres y diez años de cárcel, según el artículo 62 de la Ley de Psicotrópicos.
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que la pesquisa se inició hace dos años cuando autoridades judiciales realizaban seguimientos y vigilancias a una banda narco. En esas vigilancias se constató que la funcionaria, estando destacada en una unidad de narcotráfico de la DIS, se reunió en al menos una ocasión con varios de los sospechosos, en un hotel en San José.
El OIJ indicó que Vargas habría recibido dinero a cambio de dar información confidencial a este grupo.
Al negar las medidas cautelares, el Juzgado Penal señaló que la prueba no corrobora que Vargas hubiese recibido dinero al reunirse con los presuntos miembros de la banda. No obstante, el Tribunal Penal consideró que ese análisis “parte de una premisa falsa”, pues no es necesario conocer el contenido de la reunión para vincular a la funcionaria con el delito de procuración de impunidad.
Para el Tribunal, el simple hecho de que Vargas asistiera a esa reunión sí representa un grado de probabilidad de participación delictiva, suficiente para imponerle medidas cautelares, porque la procuración de impunidad se comete solamente con la “manifestación de voluntad”, sin que sea necesario consumar el acto de impunidad.
“Es así como la necesaria comprobación de las motivaciones o contenido de las conversaciones que mantuvo la imputada con los integrantes de la banda que en ese momento era investigado por la DIS, no son elementos objetivos que el tipo penal requiera para su configuración”, explicó el Tribunal dentro del expediente 24-000030-1981-PE.
