Una funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), de apellido Vargas y 41 años, fue detenida este lunes por su presunta colaboración con una banda de narcotraficantes. A ella se le investiga por el delito de procuración de impunidad.
Una fuente policial confirmó que su captura, realizada por agentes de la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial, se ejecutó al mediodía en su casa de habitación en La Trinidad de Moravia, pues hoy no se presentó a su puesto de trabajo en el aeropuerto internacional Tobías Bolaños, en Pavas, en San José.
La pesquisa se inició hace dos años cuando autoridades judiciales realizaban seguimientos y vigilancias a una banda narco. En esas vigilancias se pudo constatar que la funcionaria se reunió, en al menos una ocasión, con varios de los sospechosos en esa causa.
Randall Zúñiga, director del OIJ, informó que la funcionaria habría recibido una retribución económica a cambio de dar información confidencial a este grupo. En aquella época, la oficial estaba destacada en una unidad de narcotráfico de la DIS.
La DIS es un cuerpo policial de inteligencia adscrito al Ministerio de la Presidencia, encargado de informar al presidente de la República sobre temas de seguridad nacional.
La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo impone penas de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo período, al servidor o funcionario público que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley.
En un comunicado de prensa, Casa Presidencial indicó que no puede referirse a este caso puntual, pues hay una investigación abierta en instancias judiciales. Sin embargo, agregó que la DIS “tomará todas las medidas administrativas pertinentes con la finalidad de salvaguardar la integridad de la institución y la información resguardada.
“Además, en caso de ser necesario, se aplicarán todos los procedimientos disciplinarios que el reglamento interno estipula; de igual manera, reitera su compromiso con el debido proceso y el marco normativo del país, y manifiesta la disposición de colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido”.
