El Tribunal de Apelación ordenó la libertad de 17 imputados en el Caso Madre Patria, en el que se investiga a una presunta red de criminalidad dedicada al fraude registral y la legitimación de capitales.
En la lista de nombres figura el exjuez Luis Alberto Venegas Marín, quien fue separado del Poder Judicial el 31 de enero del 2025 mediante una resolución del Tribunal de la Inspección Judicial que revocó su nombramiento.
A estas personas el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José les ordenó la captura inmediata y el regreso a prisión el pasado 27 de julio. Antes de esta fecha permanecía en libertad, desde febrero del 2026, por orden de un juez que se apartó de los criterios del fiscal a cargo del caso, quien entonces insistía en mantener a los sujetos en prisión preventiva.
Desde su detención, en junio del 2024, tras 47 allanamientos dirigidos por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), el exjuez Venegas estuvo privado de libertad durante aproximadamente 15 meses.
Inicialmente cumplió un año en prisión preventiva y fue puesto en libertad; sin embargo, en noviembre del 2025 un juez revocó esa decisión y ordenó nuevamente su ingreso a prisión.
Tras la última detención, a finales de julio, el Ministerio Público solicitó prorrogar la medida cautelar de la prisión preventiva, pero este martes los jueces Ana Isabel Solís, Gustavo Guillén y Manuel Gómez Delgado rechazaron dicha petición.
En entrevistas con La Nación, Venegas ha insistido en su inocencia y afirma que tiene las pruebas para demostrar que no tiene vínculo alguno con este caso.
“Yo no tengo que huir de la justicia, no tengo absolutamente nada que ver. Todo esto es una farsa del Ministerio Público, del Poder Judicial. Van a tener que asumir las consecuencias”, dijo a este diario horas antes de su último arresto.
Junto a Venegas también fueron puestos en libertad los presuntos cabecillas de esta estructura, dos ciudadanos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González, así como sus parejas, de apellidos Jiménez Arias y García Núñez, respectivamente.
En apariencia, esta organización cometió cientos de fraudes para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros. Además, se presume que legitimaban el dinero comprando vehículos de alta gama, invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
Los españoles, de acuerdo con las autoridades, se habrían hecho pasar como empresarios de bienes raíces en Costa Rica para sustraer las propiedades; mientras que sus esposas figuraban como testaferras en compra de propiedades y sociedades “fantasma”.
Para junio del 2024, cuando se ejecutaron 47 allanamientos para dar con los sospechosos, la Policía Judicial había identificado más de 100 propiedades robadas, una de ellas era una finca en el Coco, en Carrillo Guanacaste, valorada en $30 millones.