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Siete abogados figuran como sospechosos de participar en una banda dedicada a robar vehículos, alterar su número de identificación (VIN) y venderlos como legales en el país.
Todos ellos y otros cinco presuntos implicados fueron detenidos este jueves durante 14 allanamientos desplegados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Oreamuno y La Unión de Cartago; Catedral, Aserrí, Pavas, Pérez Zeledón, Desamparados, Hatillo y San Sebastián, en San José; así como en Poás de Alajuela.
El cabecilla sería un hombre de apellido Arley, capturado en Oreamuno de Cartago.
La pesquisa, desarrollada desde el 2023 por la Sección de Robo de Vehículos, en asocio con la Sección de Legitimación de Capitales, permitió vincular a la estructura con al menos 19 casos de vehículos robados, que luego eran “gemeleados” para introducirlos nuevamente en el mercado nacional.
Así operaban los sospechosos
Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ, la organización se encargaba de recibir carros robados, modificarles la identidad y realizar todos los trámites necesarios para aparentar legalidad antes de venderlos a personas que desconocían la situación.
“Son vehículos que habían sido robados, los habían mudado, por decirlo de alguna forma en el argot policial, y les habían dado documentos, placas, todos los trámites necesarios, y era una afectación importante”, indicó Muñoz.
Las autoridades estiman que las pérdidas económicas para las víctimas ascienden a ¢167 millones.
La estructura criminal, en apariencia, contaba con funciones específicas. Algunos integrantes se encargaban de tramitar documentos y registros, mientras otros buscaban compradores y publicaban los vehículos para la venta.
Los siete abogados detenidos son sospechosos de colaborar con los trámites registrales, para dar apariencia de legalidad a los automotores.
Víctimas se dieron cuenta durante inspección vehícular
La investigación inició luego de que varias personas denunciaron irregularidades cuando llevaban sus vehículos a revisión vehícular o iban a hacer algún trámite a otra entidad. En esos procesos descubrían que ya existía otro automóvil con características y registros similares.
De acuerdo con la Policía Judicial, algunos de los vehículos fueron sustraídos en Panamá y posteriormente trasladados a Costa Rica para ser comercializados.
Negocio paralelo de contrabando
Además del negocio con vehículos robados, Muñoz señaló la organización aparentemente diversificó sus operaciones hacia el contrabando de licor, cigarrillos y vapeadores.
Durante los allanamientos, los agentes encontraron cantidades importantes de licor y mercancía de aparente contrabando en varios locales comerciales vinculados al grupo. Por esta razón, en el operativo también participó la Policía de Control Fiscal.
Capturas y decomisos
Como resultado de las intervenciones, hubo 11 hombres y una mujer detenidos -entre ellos, el presunto líder y los siete abogados-, quienes fueron identificados por el OIJ con los apellidos:
- Arley, 41 años (presunto líder).
- Calderón, 63 años.
- Mejía, 53 años.
- Carrillo, 62 años.
- Barquero, 65 años.
- Cruz, 54 años.
- Carmona, 34 años.
- Hernández, 48 años.
- Montero, 40 años.
- Vargas, 42 años.
- Vargas, 24 años.
- Calderón, mujer de 32 años.
Además, los agentes decomisaron ¢3,7 millones y $1.237 dolares en efectivo, 14 celulares, 29 dispositivos USB, seis CPU, 13 computadoras portátiles, un disco externo de almacenamiento, 15 placas metálicas, munición de arma de fuego y documentos.
