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El extesorero del Banco Nacional, Ricardo Alonso Olivas Valle, fue sentenciado, la tarde de este jueves, a 330 años de cárcel por los 33 delitos de peculado que acusó el Ministerio Público.
Olivas fue señalado como responsable de sustraer, de forma “planeada, sistemática y meticulosa”, parte de los ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica, caso que se conoció públicamente en octubre del 2024.
“Es la mayor sustracción de dinero en efectivo cometida en perjuicio de una institución pública en nuestro país”, dijo el juez Franz Paniagua, al justificar el monto de la pena. Por este motivo, también se le prohibió a Olivas ocupar cargos públicos o postularse a puestos de elección popular.
El Tribunal del II Circuito Judicial San José, conformado por Paniagua y los juzgadores Rosaura García y Alfredo Arias, le dictó 10 años de cárcel por cada delito, pues la Fiscalía acreditó que Olivas sacó el dinero del banco estatal en fajos de billetes ocultos en sobres de manila. El dinero lo destinó, en apariencia, a la compra de grandes cantidades de lotería.
El hombre gastó hasta ¢500.000 diarios en juegos de azar de la Junta de Protección Social (JPS), monto que no le hubiera alcanzado con el salario que devengaba del banco, de apenas ¢600.000.
Por las normas del concurso material, la sentencia se readecuó a 30 años en prisión. Esto aplica cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos y se sanciona sumando las penas que corresponden por cada delito, sin que la suma pueda superar el triple de la pena mayor impuesta.
También se declaró con lugar la acción civil interpuesta por la Procuraduría General de la República, por lo que Olivas deberá pagar ¢50 millones por daño moral.
A juicio del tribunal, la responsabilidad de este exfuncionario se dio por acreditada debido a varios factores, entre ellos, porque le correspondía garantizar que las cifras registradas en el CIPE fueran correctas, pues era el encargado de ese Centro Institucional.
En vez de salvaguardar el dinero, el ahora condenado estudió las cámaras de seguridad, identificó sus puntos ciegos, valoró las debilidades en los controles y realizó distintas manipulaciones contables para sustraer el dinero en fajos sin que nadie se percatara.
Franz Paniagua, quien leyó la parte dispositiva de la sentencia, indicó que a Olivas se le ve en centenares de videos introduciendo grandes cantidades de dinero en los sobres, que sistemáticamente tomaba de una oficina aledaña a la suya.
Una vez llenos, incluso los escondía debajo del suéter antes de llevarlos a su bulto para sacarlos del recinto.
Aunque las cámaras no captaron con claridad qué introducía en estos sobres, Paniagua aseguró que al tribunal no le queda duda alguna de que se trataba de dinero y no de una agenda o un libro, como en algún momento del debate alegó la defensa.
Los juzgadores llegaron a esa conclusión porque, entre otras cosas, Olivas realizaba la maniobra sobre la misma mesa de conteo, ubicada en una oficina en la que solamente se manipulaban fajos de billetes.
Asimismo, el extesorero abandonaba el CIPE de último “para no generar sospechas”, acudía a trabajar cuando estaba de vacaciones para no delegar el puesto a otra persona y se mostraba vigilante cuando se disponía a retirar los sobres con la plata.
El Tribunal también responsabilizó a Olivas de realizar arqueos ficticios para disimular los faltantes de dinero y, para ello, habría utilizado también las cuentas de sus compañeros como estrategia para manipular el sistema y efectuar movimientos irregulares de fondos.
Durante el debate, que se extendió por casi tres meses, se revisó una gran cantidad de prueba. El tribunal escuchó a testigos y peritos y, a solicitud de la defensa, se observaron aproximadamente 700 videos de cámaras de seguridad de las bóvedas del banco estatal.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Manuel Benítez, afirmó estar satisfecho con el trabajo ejecutado por el Ministerio Público y confirmó que el ente investiga a siete personas más en un testimonio de piezas que surgió del expediente por el que este jueves se dictó sentencia. A estas personas se señala por presuntamente haber sustraído dinero de la entidad bancaria junto a Olivas.
El ahora condenado deberá descontar ocho meses de prisión preventiva mientras adquiere firmeza la sentencia. No obstante, sus abogados defensores, Eduardo Jiménez y Luis Venegas, confirmaron que apelarán lo resuelto.
Entre otros razonamientos, Jiménez consideró que el fallo es especulativo porque no se logró acreditar cuántos billetes y de cuáles denominaciones habrían sido sustraídos.
Banco Nacional celebra sentencia
Casi una hora después de conocer la parte dispositiva del fallo, el Banco Nacional (BN) emitió un comunicado en el que celebran la resolución emitida, calificada como un “paso relevante” para esclarecer los hechos y sentar responsabilidades.
Además de afirmar que la entidad colaboró con todo lo necesario durante el proceso judicial, reiteró que fue la principal víctima del robo, que no solo se tradujo en una afectación patrimonial significativa, “sino también en un importante impacto reputacional para la institución, al afectar la confianza pública depositada en una organización responsable de resguardar recursos de los costarricenses”.
“El Banco Nacional continuará atendiendo las etapas procesales que correspondan y respaldará todas las acciones orientadas a la determinación integral de responsabilidades y a la recuperación de los recursos involucrados, conforme lo dispongan las autoridades competentes. Asimismo, mantendrá su participación activa en las demás causas relacionadas con este caso que continúan su trámite en sede judicial”, agrega.
Por último, en el comunicado se asegura que el banco fortaleció sus mecanismos de control, supervisión, gestión de riesgos y gobierno corporativo, con el objetivo de prevenir situaciones similares y robustecer permanentemente sus estándares de integridad institucional.
Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.
