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Vigilantes privados, guardas de bancos, de universidades y otras instituciones públicas, además de agentes de seguridad de otras naciones podrán pagar capacitaciones en la Academia Nacional de Policía.
La entidad adscrita al Ministerio de Seguridad Pública quedó habilitada para vender esos servicios con la ley que la transformó de escuela en academia, firmada el 24 de mayo.
Esta normativa da sustento a su naturaleza policial y define su estructura organizativa interna que, desde 1994 solo tenía dos artículos en la Ley General de Policía.
Por ahora, el principal interés es la formación de los cuerpos policiales del propio Ministerio y del Estado, pero a futuro esperan capacitar personal de seguridad externa e incluso foráneos, explicó Erick Lacayo, director de la Academia. Todavía de costos no se habla.
A la fecha, faltan 400 estudiantes por ingresar al curso básico policial. Con ellos se completarían en el último cuatrimestre de este año, las 1.000 plazas creadas con los fondos transferidos a Seguridad Pública por el impuesto a las sociedades anónimas.
De acuerdo con Lacayo, la idea es elevar toda la formación que hace el Ministerio en sus policías y luego extenderla a otros del Estado, los municipios y, finalmente, a la seguridad privada.
“Hay mercado que se puede explotar si fuera necesario. Sabemos que la necesidad es constante, porque las empresas privadas brindan cursos y el Ministerio hace pruebas para garantizar su calidad y la idoneidad de los participantes".
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), acogió con optimismo las nuevas posibilidades de la Academia.
Espinoza resaltó la calidad de las instalaciones en Pococí y La Cruz de Guanacaste donde hay áreas de montaña, polígonos y sitios para acondicionamiento físico. El OIJ, dijo, solo tiene la Escuela Judicial que no posee todos los recursos que requiere.
Por esa razón, espera aprovechar convenios e intercambios de información que resulen en un mejor abordaje de casos en beneficio de la ciudadanía.
“Nosotros esperamos que a partir de la apertura efectiva del centro y del avance natural que va a tener, con el paso de los meses, se consolide el proyecto y sea un área que permita a todos los cuerpos de policía del país aprovechar todas las facilidades que otorga”, dijo.
El OIJ tiene 3.300 funcionarios, de los que 1.230 son de investigación, 440 de cárceles y otros integran equipos tácticos y científicos que serían potenciales usuarios de las sedes, una vez que se llegue a formalizar convenios.
También César Tapia, director ejecutivo de Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), considera la venta de servicios de formación una buena iniciativa, siempre y cuando la capacitación responda a los intereses de ambos sectores.
Recordó, sin embargo, que ellos tienen sus propios programas y que en los últimos años han trabajado con la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del MSP en procesos como el llamado ControlPas, que ordena y da seguimiento a las empresas de seguridad, los agentes y las armas.
ACES está integrada por 30 empresas que agrupan un 60% del total de agentes de seguridad registrados en el proceso ControlPas, de Seguridad Pública.
Nicho en el mercado
Según Erick Lacayo, históricamente han recibido solicitudes de entidades públicas y privadas que no encuentran quién capacite a su personal de seguridad.
Hay instituciones que terminan trayendo personas de otros países, que más bien pueden afectar el modelo de seguridad que tenemos, explicó el director de la academia.
Según él, en el país hay unas 15 empresas que ofrecen capacitación para aprobar el curso básico, requisito para laborar como oficial.
“También creo que Costa Rica tiene una gran capacidad para enseñarles a países vecinos cómo es que sin tener ejército desarrollamos el servicio de seguridad ciudadana en nuestro país”, expresó Lacayo.
De esta forma, el jerarca destacó la posibilidad de brindar formación a agentes policiales de otras naciones, con un espíritu de respeto a derechos humanos y tradición civilista, no militar.
Esa sería una vía para llevar recursos a la Academia.
Antes de recibir estudiantes, primero deben constatar la existencia de una necesidad real. Luego, diseñar la formación que se adecue a esa necesidad.
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Además del Curso Básico Policial, hay nueve escalas, cada una con los contenidos temáticos pues la estructura requiere grados y para obtener cada grado policial se requiere un curso.
Hay cursos de especialización para inspectores, oficiales ejecutivos, inclusive algunos con expertos de otros cuerpos policiales.
Según Lacayo, el reto ante este nuevo proceso es poner a funcionar la academia como corresponde.
Lo anterior, porque con la sede de Pococí, la capacidad pasó de 700 a 1600 estudiantes. “Ya no son 700 comidas, sino 1600 y lo mismo con dormitorios y otros aspectos.
Además de ser un reto logístico, el principal desafío es la mejora académica. para garantizar que los diseños vayan acordes con las políticas educativas que dicta el Ministerio de Educación.
Sedes y recursos
Con este nuevo marco legal, la formación va a servir a la Policía Penitenciaria, de Tránsito, de Migración y Extranjería, de Control Fiscal, Policías Municipales e incluso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). No obstante, el objetivo es que haya especialistas de cada cuerpo policial.
Para sus labores, la Academia cuenta con tres sedes, una llamada Centro de Formación Murciélago en La Cruz de Guanacaste, otra frente al Centro Comercial del Sur, en barrio Córdoba de Zapote y la más reciente es la de Pococí, donada por China.
En Pococí se forman en la actualidad 800 aspirantes que reciben el Curso Básico Policial. También hay policías activos que llevan cursos de ascenso.
En La Cruz de Guanacaste hay otros 400 estudiantes y en la sede central 100. A ellos hay que sumar otros que llevan cursos virtuales y los estudiantes que realizan su práctica supervisada en las calles.
El presupuesto de la academia es de ¢9.500 millones anuales para todas las actividades e insumos como pago de salarios, mantenimiento, pago de agua, luz, compra de equipos, alimentación, estadía y transporte, entre otros.
Eventualmente, dependiendo de la capacidad económica y presupuestaria del Estado, la nueva legislación brinda a la academia la potestad de cobrar a los estudiantes, previo estudio socioeconómico, parte o la totalidad de la formación, para sufragar los gastos por servicios básicos como alimentación, estadía, lavandería y otros.
“No se trata de un cobro obligatorio y va a depender de otras circunstancias. Si tenemos el presupuesto no hará falta hacerlo”, aclaró Erick Lacayo.
Carlos Alvarado, presidente de la República, destacó que la Academia permitirá avanzar en la consolidación del sistema de seguridad para eliminar riesgos y amenazas en materia de seguridad ciudadana.
Por su parte, Michael Soto, ministro de Seguridad, asegurjó que aprovecharán la Academia para que los policías salgan a la calle de forma contundente y categórica, con conocimiento de los mecanismos y con respeto a los derechos humanos.
"Que todo mundo tenga claro que no le daremos tregua a la delincuencia y a la corrupción", concluyó.
‘Ser un policía completo’
Jordan David Cubillo Díaz, de 21 años, es vecino de Ticabán de Guápiles y tiene mes y medio de haber empezado la formación.
"Espero aprender cosas nuevas, sacar el mayor provecho a los instructores, y actuar de la mejor manera para ser un policía completo", sostuvo.
Para él, la experiencia ha sido buena y las instalaciones apropiadas.
Según dice, quiere ser policía porque siente que es la manera de aportarle al país.
En la academia encontró personas que eran de su barrio y no conocía, pero ahora son como una familia.
Disciplina y coraje
Raquel Guillén Corea, de 25 años, es vecina de barrio Las Palmas, Upala, y su sueño es ser policía.
Ella es madre soltera de un niño de cuatro años y cada 15 o 22 días va a su hogar.
“Es difícil, pero es parte de los sacrificios que uno tiene que hacer para buscar progreso y un mejor futuro”, dijo.
Cuando tiene algún rato libre se comunica con su hijo por teléfono o por videollamadas.
Al pequeño se lo cuida la mamá de ella.
Raquel estudió en la escuela Teodoro Michalski y el Colegio Técnico Profesional de Upala, luego trabajó en servicio al cliente y como analista y cobradora de crédito, hasta que en su familia le hablaron de la posibilidad de ser policía y le gustó la idea.
“Yo pensé que iba a ser trato muy fuerte por parte de los instructores y sargentos, pero ha sido completamente diferente. Ellos dan apoyo y sienten amor por su trabajo. Siempren aconsejan de la mejor manera”, acotó.
Afirma que es un cambio bastante drástico el pasar de la vida civil a la de ser una aspirante a oficial de policía.
Se exige disciplina el coraje y sobre todo mantener los buenos lineamientos y normativas de la academia. “Ha sido interesante y positivo”, acotó.
“Venía de un trabajo de oficina y no tenía la condición física para cumplir al 100% con los entrenamientos, sin embargo tenía mucha actitud y ganas de estar acá. Ingresé pesando cerca de los 90 kilos y ahora estoy en 80 y bajando”, puntualizó.
