El Sistema de Emergencias 9-1-1 podría dejar de operar el 1.° de abril próximo si antes de esa fecha los diputados no lo eximen de la regla fiscal que lo obliga a recortar el gasto en operación. Esa es la advertencia que lanzó este lunes la directora de esa institución, Elena Amuy Jiménez, en declaraciones en el Congreso.
Según advierte, el recorte en el gasto, impuesto por la regla fiscal, le impide a la entidad honrar una deuda de unos ¢77 millones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por el servicio de telecomunicaciones. El cobro vence en marzo y si no cancelan, se verán obligados a suspender operaciones en abril, alegó. Por ello urgió al Poder Ejecutivo a que convoque, en la última semana de sesiones extraordinarias, dos proyectos que eximirían al 9-1-1 de dicha restricción presupuestaria.
Si estas iniciativas no prosperan, agrega Amuy, la ciudadanía quedaría en indefensión ante situaciones de emergencia por la falta de operación del servicio que solo el año pasado atendió 3,3 millones de incidentes.
“La semana pasada llegamos a tener colas de hasta 40 llamadas a la espera de ser atendidas debido a que producto de la restricción no podemos crecer en plazas operativas, que son la esencia de esta institución”, dijo la jerarca, quien advirtió que una pronta respuesta puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
A manera de ejemplo citó que el año comenzó de manera muy violenta, con muchos accidentes de tránsito con consecuencias lamentables, donde tuvieron que despachar hasta cuatro instituciones de primera y segunda respuesta. También la violencia intrafamiliar ya ha cobrado la vida de varias mujeres y a ello se une el crecimiento de contagios por la pandemia de covid-19, lo que aumenta la necesidad de la población de tener acceso a la línea.
“Nuestro llamado es a que se convoquen los proyectos de ley promovidos por la Asamblea Legislativa con el fin de exonerar al sistema 9-1-1 de la aplicación de dicho instrumento de control fiscal, dado que nosotros no representamos ningún cargo al presupuesto”, dijo Amuy.
Lo anterior porque la Ley N.° 7566 establece que la fuente de financiamiento del 9-1-1, consiste en una tasa que se cobra a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público y, por lo tanto, no corresponde a los parámetros que regula la ley de creación de la regla fiscal ( N.° 9635), los cuales son estar incluido su financiamiento en el presupuesto del Gobierno Central, o recibir transferencias de dicho presupuesto, razonó la funcionaria.
Amuy añadió que de las 200 personas que trabajan en el 9-1-1, solo 40 son empleados administrativos y los otros 160 son operadores que en los diferentes turnos atienden las 24 horas del día las llamadas de auxilio que se generan en todo el país.
Aunque el año pasado la institución quedó con un saldo de ¢112 millones, no los pudo usar por la limitación al gasto a la que están sometidos por el Ministerio de Hacienda. Dicha exigencia les impidió ejecutar los ¢643 millones presupuestados en el periodo 2021, situación que obligó a congelar salarios y eliminar plazas vacantes de supervisores y operadores.
La funcionaria advirtió que también tuvieron que recortar horas extras, pese al incremento de llamadas en tiempos de pandemia y épocas festivas. Asimismo, hubo que postergar proyectos como el llamado APP 9-1-1, dirigido a atender personas con discapacidad auditiva, niños y adolescentes en vulnerabilidad social y mujeres en condición de violencia extrema, pues al no poder cubrir los servicios actuales, menos se podrá suscribir nuevos contratos.
El 20 de enero pasado la diputada independiente Paola Vega, junto con José María Villalta, diputado del Frente Amplio, enviaron una carta al presidente de la República. Carlos Alvarado, solicitándole convocar de manera “urgente” los proyectos de ley N.° 22726 y N.° 22732, para exceptuar de la aplicación de la regla fiscal al Sistema de Emergencias 9-1-1; sin embargo, no han tenido respuesta.
Esta no es la primera vez que el Sistema de Emergencias 9-1-1 entra en crisis, pues en el 2017, el cambio en la forma de comunicarse de la población redujo considerablemente sus ingresos, pues las llamadas telefónicas convencionales, que eran el sustento de su presupuesto, se redujeron al implementarse las llamadas por WhatsApp y otras redes sociales, lo que obligó a ampliar el parámetro para obtener recursos.
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