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El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) tiene cinco días, a partir de la notificación de la sentencia, para entregarle información a la Defensoría de los Habitantes sobre la política nacional de seguridad, ordenó la Sala Constitucional.
La información fue solicitada desde abril por la defensora Angie Cruickshank, como parte de una intervención de oficio sobre la política llamada “Costa Rica Segura Plus 2023-2030″. Al no haber respuesta del MSP, la Defensoría presentó un recurso de amparo, que fue declarado parcialmente con lugar.
De esta forma, el Ministerio deberá responder si cuenta con un reglamento sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano directivo de dicha política, así como las fechas en que este Consejo se ha reunido.
La Defensoría también había pedido los motivos técnicos que justifiquen por qué se prevé una disminución de solo 34 delitos por cada 100.000 habitantes para el 2030, pues la considera una meta “modesta”.
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Asimismo, pidió detallar las fuentes de financiamiento de la política, además de los plazos y a través de qué medios se evaluará la misma. Si bien el documento menciona los informes periódicos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, no se brindan detalles al respecto.
“Se le recordó al ministro Zamora, que la Defensoría de los Habitantes de la República goza de un acceso privilegiado a la información en el ejercicio de sus funciones (...). Este órgano puede investigar de oficio o a petición de parte sobre presuntas irregularidades, de ahí que el legislador le dotó de competencias para poder acceder a la información pública, ya sea por parte de quien ejerza como jerarca de la institución, o por sus delegados”, señaló la entidad.
La Defensoría expuso, además, que al 28 de octubre el país ya acumulaba 715 homicidios, lo que supera con creces la estimación del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, que había calculado 533 homicidios para todo el 2024.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, consideró la resolución de la Sala Constitucional como un “empate técnico”, pues el fallo fue parcial y en seis de los interrogantes de la Defensoría, los magistrados le dieron la razón al MSP.
El jerarca indicó que las consultas sobre el Consejo de Seguridad Nacional no corresponden al MSP, sino propiamente a este órgano del Poder Ejecutivo, por lo que ya está trabajando en las respuestas requeridas en torno a cada cuánto se reúne y resuelve sus asuntos ese Consejo.
Sobre el financiamiento de la política, detalló que en el Presupuesto Nacional 2024 se le otorgaron ¢24.000 millones y, para el 2025, ¢11.000 millones.
“Con respecto a otro de los temas relacionado a predicciones en la reducción de la criminalidad, pues son eso, pronósticos, que, en este caso, están fuera de control de las autoridades de seguridad. Las respuestas incompletas llegarán sin demora. Lo más importante es que la mayor parte de nuestras respuestas dadas a la Defensoría tienen asidero constitucional”, afirmó Zamora.
