EscucharAlrededor de 435 intervenciones en cárceles, en el segundo semestre del año, permitieron el decomiso de 1.572 celulares, ¢9.3 millones en efectivo, 5.379 litros de fermento de chicha, 2.023 chips de celulares, 10.471 armas blancas, más de 40 kilos de diferentes tipos de droga y 5.000 artículos electrónicos.
Precisamente, esta madrugada se realizó uno de los últimos mega operativos del año en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma, y el CAI Terrazas, en San Rafael de Alajuela. Durante la actividad estuvieron presentes el ministro y viceministro de Justicia, Gerald Campos y Exleine Sánchez, respectivamente.
El ministro Campos enfatizó que estos resultados se deben a trabajos de inteligencia policial que se realizan diariamente en los centros penales y a la constante capacitación de la Policía Penitenciaria.
Según recientes datos de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las constantes revisiones en cárceles provocaron una reducción hasta de un 65% en el número de denuncias por estafas que se gestaban desde las prisiones.
“Los operativos han permitido realizar investigaciones dirigidas a privados de libertad con alto perfil criminal recluidos en el Centro Nacional de Atención Específica, conocido como Máxima Seguridad, personas que realizan visitas a los centros penales y a quienes llevan encomiendas a estos sitios”, dijo la oficina de prensa de la cartera de Justicia y Paz.
Con la ayuda de la Unidad Canina de la Policía Penitenciaria, 536 personas, en su mayoría mujeres, fueron pasadas a la Fiscalía por tratar de introducir droga a centros penales. De ellos, cinco son policías penitenciarios quienes mantienen procesos judiciales y administrativos abiertos.
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Al mismo tiempo, los cuerpos policiales visitaron a 1.483 personas que portan tobillera electrónica, de las cuales 71 no fueron ubicadas en los sitios que el Tribunal les asignó. La operación policial sostenida continuará el próximo año e incluye perímetros de centros penales, objetivos específicos y personas con monitoreo electrónico.
“Durante el 2023, la Policía Penitenciaria trabajará en coordinación con la Fuerza Pública y agentes del OIJ para desarrollar acciones específicas contra privados de libertad de alto perfil criminal en horas de visita, entre otros”, añadió.
En cuestión de cinco años la cantidad de personas que usan tobillera electrónica creció 260%, al pasar de 528 usuarios, en el 2018, a 1.869, en el 2022. El 50% de ese total goza de ese beneficio pese a que enfrenta delitos contra la vida o por narcotráfico.
En noviembre pasado, el ministro Gerald Campos detalló ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que ese beneficio debería ser para adultos mayores, así como para detenidos por pensiones alimentarias o por delitos menores, pero no para integrantes de grupos de crimen organizado, como ocurre en la actualidad.
