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Un total de ocho hombres y tres mujeres fueron detenidos por la agentes de la Sección de Fraudes de la Policía Judicial, como sospechosos de al menos 13 casos de fraudes informáticos generados desde cárceles, por un monto aproximado a los ¢36 millones.
Los detenidos, con edades entre 22 y 37 años, al parecer prestaban sus cuentas bancarias para que les depositaran dinero procedente de estafas mediante llamadas telefónicas.
A cambio de prestar sus cuentas, estas personas recibían una remuneración económica.
De ellos, dos hombres apellidados Corrales Navarro, de 23 años y Rivera López, de 32, tienen antecedentes policiales.
Otros detenidos son de apellidos Hernández Medina, de 20 años; Esquivel Obando, de 32; Valenciano Rojas, de 43; Salazar Soto, de 34; Coto Sandoval de 36 y Sáenz Sandí, de 25.
Las tres mujeres detenidas son de apellidos Fernández Jara, de 24 años; Brenes Morales, de la misma edad y Campos Navarro, de 27.
Luego de varios meses de investigación y recolección de pruebas que los vinculan con los hechos, el OIJ procedió con las detenciones en la vía pública en San José, Puntarenas, Cañas y Liberia entre otros.
Un boletín del OIJ indica que las llamadas tendrían su origen en centros penales. Los privados de libertad, mediante engaños, lograban que las víctimas revelaran sus datos personales para sustraer dinero de sus cuentas.
Los reos incluso usan aplicaciones de Internet para que las personas contactadas piensen que se les llama de bancos, pues enmascaran el número de procedencia con los de entidades bancarias y estatales.
Las millonarias estafas eran transferidas a las cuentas de los detenidos, quienes retiraban el dinero y repartían las ganancias.
Esta es la segunda vez en este año que los agentes capturan a los que prestan sus cuentas, pero no se ha podido llegar a quienes cometen los fraudes desde la cárcel, pues usan teléfonía prepago de empresas que no tienen un registro exacto del dueño de la línea, lo que impide individualizarlos.
De igual manera, como las llamadas son desde cárceles, es difícil realizar operativos inmediatos y son muchos los reclusos que hay en cada módulo.
Con solo deshacerse del chip, borran la evidencia que los pueda incriminar en caso de un operativo.
Esa situación facilita que muchos delitos sigan originándose en centros penales, pese a que en ellos está prohibido el uso de celulares.
El año pasado, el Ministerio de Justicia informó que en cinco años han decomisado más de 17.000 celulares en cárceles de nuestro país. Algunos los introducen personas que visitan a los reos, pero los reclusos también recurren a gatos para obtener los dispositivos.
Entretanto, avanza lentamente el proyecto para bloquear la señal celular desde centros penitenciarios, aprobado el año pasado en la Asamblea Legislativa.
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