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Cada mes, en promedio, 84 personas denuncian el robo de un arma ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esa es la estimación si se toma en cuenta en que los últimos 18 meses han llegado 1.511 quejas planteadas tanto por particulares como por empresas.
Según datos de la Policía Judicial, San José, Limón y Alajuela, figuran entre las comunidades en las que más se reportan sustracciones de armas de fuego.
Incluso los cuerpos policiales han sido afectados por robo de su armamento. Esta misma semana, por ejemplo, el propio OIJ informó de la sustracción de una ametralladora y dos subametralladoras de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (Uprov), cuyas instalaciones están en el segundo piso de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), en San Pedro de Montes de Oca, San José.
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No se descarta que haya agentes judiciales vinculados.
En mayo de 2017, también la delegación de la Fuerza Pública de Jicaral, en Lepanto de Puntarenas, fue sujeto de robo. De ahí se llevaron 17 armas de fuego y por el hecho fue detenido un oficial.
Tarde o temprano, estas pistolas o revólveres servirán para llevar a cabo asaltos o asesinatos en el país, o bien son introducidas en el mercado negro que lleva estos bienes a Panamá, donde hay fuertes restricciones de ingreso.
En Costa Rica, según datos del OIJ, el 73 % de los homicidios son cometidos con ese tipo de armamento y por eso el Ministerio de Seguridad busca intensificar los controles.
Así, cada vez que un ciudadano o una empresa renueve los permisos, debe presentar las armas para establecer que las posean de manera legítima.
Igualmente, si una persona ocupa comprar municiones, solo puede adquirirlas para el tipo de arma que tiene inscrita.
También se buscan reformas a la legislación vigente para que las empresas privadas de seguridad, en caso de disolverse, dejen las armas en custodia del Estado, para que no vayan a dar a menos de delincuentes.
Entre enero y mayo, Seguridad Pública decomisó 810 armas a personas que las portaban de manera irregular, esto es un promedio de 162 por mes. Durante todo el año pasado, se incautaron 2.056 armas en estas circunstancias.
Las armas de fuego son un botín importante para las organizaciones criminales que las usan para mantener su hegemonía y ajustar cuentas con bandas rivales.
Se trata, además, de bienes de valor, pues el costo comercial va de ¢400.000 a ¢1,8 millones, según datos de William Hidalgo, director general de armamento del Ministerio de Seguridad Pública.
Devolución
Cada vez que se localiza un arma se verifica que no haya sido utilizada en un delito.
“Las armas permitidas que se decomisan en manos de delincuentes o de personas sin permiso se envían a la Fiscalía, que define el destino de ellas, en su gran mayoría, van para destruir”, explicó Hidalgo.
Es posible que sean devueltas a su dueño, pero en esos casos se les cancela el permiso de portación, debido a la falta de cuidado o a que no reportaron el robo. En tales circunstancias, solo podrían usarlas para defensa de su casa y no pueden portarlas fuera de ella.
Destrucción y reciclaje
Según William Hidalgo, la gran mayoría de armas que destruyen a diario son pistolas, luego le siguen revólveres y armas largas, como escopetas, rifles y carabinas. En lo que va de este año han desintegrado 1.529, mientras que el año pasado el total fue de 3.123.
Según los registros que posee el Departamento de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad Pública, cada cinco horas la Fuerza Pública se incauta de un arma de fuego.
Asimismo, a mediados de este mes el Depósito de Objetos del OIJ envió 191 armas de fuego para su destrucción a la Dirección General de Armamento (DGA).
Esos pertrechos estuvieron vinculados con delitos como narcotráfico, homicidios y robos.
Se trató de 133 armas cortas y 58 largas, incautadas en distintos allanamientos por delitos como tráfico, tenencia ilegal y venta de drogas.
Entre ellos había 10 fusiles y dos subametralladoras. Algunos eran fusiles AK-47, cuya importación y uso está prohibido en nuestro país, pero a menudo se usan en asesinatos atribuidos al crimen organizado.
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Todas las armas figuraron como evidencia en procesos penales y que en su momento los jueces dictaron sentencia contra las personas que las poseían, por lo que pasaron luego a resguardo del Depósito de Objetos del OIJ.
La Policía Judicial decomisó en allanamientos y otras faenas del 2017 un total de 329 armas, mientras que durante el primer semestre de este año contabilizó 145.
Los residuos de las armas se dividen en hierro, polímero, plástico y madera. El hierro que resulta del proceso destructivo el Ministerio de Seguridad lo envía al Centro de Tratamiento de Materiales del Tecnológico de Costa Rica, entidad con la que existe un convenio.
El plástico y polímero se lo entregan a Geocycle, que es una empresa de destrucción de desechos de la empresa cementera Holcim.
La madera la queman en el Ministerio, pues ninguno de esos desechos se puede ir a la basura, dijo Hidalgo.
La DGA realiza destrucciones regularmente, las cuales incluyen municiones. Cuando se trata de granadas u otros explosivos similares, su demolición corresponde a la Unidad Especial de Intervención (UEI).
