En la Uprov trabajan en total 65 personas, las cuales se dividen en cinco grupos para atender los diferentes casos que ingresan a la dependencia.

Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó que para cada agrupación hay una caja fuerte en la que se guardan las armas, cargadores y municiones, así como hay un oficial al mando.

Precisamente, fue una de las encargadas quien detectó este lunes 23 de julio, a las 7:40 a. m., el faltante de las tres armas de fuego.

"Ellos (los oficiales a cargo) deben hacer un inventario y revisión de armas al menos una vez al mes; sin embargo, la verificación generalmente es diaria. En cada caja fuerte hay entre cinco y siete armas, dependiendo de la cantidad de personas de cada agrupación.

“La última vez que la oficial a cargo del grupo al que pertenece la caja fuerte de la que desaparecieron la ametralladora y las subametralladoras las vio, fue el miércoles 18 de julio. Luego, jueves y viernes participó en una actividad operativa y, al hacer el inventario el lunes, se percata del faltante, por lo que da el informe y se asigna la investigación a la sección de Crimen Organizado”, explicó Espinoza.

Según la estimación del jerarca judicial, en el mercado negro las armas de este tipo tienen un valor aproximado de $1.000 cada una.

El jerarca del OIJ agregó que como parte de la investigación se están revisando todas las cámaras instaladas en el edificio de la OPO para determinar qué personas ingresaron al edificio, quiénes salieron y, posteriormente, cruzar los datos generados por el sistema de seguridad biométrico, los anotados en un libro de control que tiene cada caja fuerte y los del expediente criminal único.

"Se requiere tiempo, porque se deben revisar al menos 30 cámaras en un lapso de 72 horas cada una, así como identificar a cada persona que vemos. Además, se entrevistó a las personas que tienen acceso a las armas y, en coordinación con la Fiscalía, se hizo una visita consentida a la vivienda de nueve personas; registramos cada recinto, pero no hemos localizado nada.

“Inicialmente, por la manera en la que sucedieron los hechos tenemos la tesis de principio de que existe una vinculación de funcionarios del OIJ, pero no descartamos que exista un tercero, por lo que vamos a explorar otras posibilidades”, detalló Espinoza.

Las revisiones a casas realizadas este martes por el OIJ y la Fiscalía se dieron en Sagrada Familia, San Francisco de Dos Ríos, Acosta y San Sebastián; no obstante, no se descarta que a futuro sea necesario el ingreso a otros inmuebles.

Seguridad vulnerada por primera vez

Wálter Espinoza contó en conferencia de prensa que el sistema de seguridad para acceso a armas de la Uprov se comenzó a utilizar en el 2009 y que esta es la primera vez en que la que se registra una vulneración, por lo que dependiendo de los resultados de la investigación procederán con una revisión de este.

"La oficina de la Uprov debe estar abierta para permitir el acceso a los funcionarios, que tienen distintos horarios y trabajan todos los días, todo el día. Como consecuencia de esa circunstancia hemos establecido un sistema de acceso y seguridad, que les permite a ellos ejercer sus funciones y accesar a armas cuando así lo requieren.

“Ellos utilizan un sistema de seguridad biométrico para acceder al área de las armas, esto implica la utilización de una tarjeta de identificación y la puesta de la huella dactilar en un sistema eléctrico que verifica que los datos coinciden, al abrirse la puerta, las cámaras están dirigidas al ingreso y permiten establecer quién está adentro”, aseguró el jerarca judicial.

Adicionalmente, deben anotar en un libro de control las armas que se extraen y luego depositar este en la caja fuerte con el detalle respectivo, que después es corroborado en el expediente criminal único, que es de carácter electrónico.

Espinoza también dijo que el acceso al área de cajas debe ser en parejas, pero que no han determinado si se dio así o si alguien logró ingresar solo, pese a que deben ponerse dos huellas dactilares para abrir la caja.

Por otra parte, la Fiscalía informó de que se investiga un aparente delito de peculado por la desaparición de un arma tipo UZI y dos micro UZI.

“De momento la causa se sigue contra ignorado, es decir, todavía no hay personas imputadas individualizadas; de esto también depende que el delito sea recalificado, si la investigación arroja que las personas responsables no son funcionarios de la institución (del OIJ)", detalló el Ministerio Público ante la consulta de este medio.

El caso se mantiene en investigación y se encuentra en la fase de recolección y análisis de pruebas, que es privada para terceros.

Información actualizada a las 7:18 p. m. con más datos del OIJ y la Fiscalía.