Las personas que han sido víctimas de estafas telefónicas perdieron en el último año ¢2.741 millones, según las estimaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A eso hay que sumarle $978.000 (¢560 millones), que corresponden a dinero sustraído de cuentas bancarias entre julio del 2017 y el mismo mes de este 2018.
En ese periodo, la Policía Judicial contabiliza 1.317 denuncias, la mayoría por estafas hechas con la modalidad del falso funcionario de banco o instituciones públicas.
Karla Chinchilla, investigadora de la unidad de fraudes bancarios de la sección de Fraudes del OIJ, manifestó este viernes por la tarde que el principal problema es que las personas sigan brindando información por teléfono.
“La confianza del costarricense afecta. Ninguna entidad bancaria o pública va a pedir información por teléfono”, recalcó Chinchilla.
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Agregó que en ocasiones los números telefónicos utilizados por los estafadores son los de los bancos y los correos parecen auténticos, porque usan una aplicación que les permite realizar modificaciones para que parezcan reales.
La investigadora mencionó que las aplicaciones para realizar el spoofing (imitación) son descargables para cualquier persona por Internet y tienen precios muy bajos.
“Con una modalidad que se utiliza mucho en fraude informático, que se llama spoofing, se enmascara una llamada desde un teléfono celular para que se vea que proviene de un número fijo de interés, es decir, el de una entidad bancaria. También lo pueden hacer con correos, con una cuenta de Hotmail o Gmail pueden hacer ver que proviene de una entidad bancaria", explicó Chinchilla.
Chinchilla descartó que en estos casos haya complicidad de funcionarios bancarios y aseguró que se ha determinado que el 100% de las llamadas para estafas se hacen desde el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
“Si hubiese participación de un funcionario bancario no necesitarían llamar ni obtener la información que los sujetos solicitan por teléfono (...), no hay violación de ninguna medida de parte de la entidad bancaria, de hecho las medidas de seguridad de los bancos son bastante efectivas (...). En estos casos si el usuario no da la información, el estafador no podría cometer el hecho", precisó.
Añadió que no hay un rango de edad para las víctimas que sufren estafas bancarias.
Modalidades delictivas
De las 1.317 denuncias en el último año, 855 se han hecho utilizando la modalidad de falso funcionario, 146 por llamadas tripartitas y 316 corresponden a tentativas o phising (suplantación de identidad).
La llamada tripartita ocurre cuando una persona publica un anuncio sobre la venta de un producto o servicio, ella es contactada por un supuesto cliente y este le indica que para realizar la transferencia deben tener un intermediario bancario. Cuando el presunto funcionario los contacta, pide datos personales de la cuenta y con ellos se procede al fraude.
“La incidencia se mantiene, son aproximadamente 100 casos al mes. Sin embargo, hemos notado que están aprovechando el cambio a factura electrónica para cometer estafas, llaman a las personas y les dicen que no han generado la factura, les ofrecen una modalidad para hacerlo desde una computadora e indican que deben bajar algunas aplicaciones con las cuales ellos acceden remotamente al equipo del usuario, eso les permite ver cuando se ingresa la información bancaria que ellos necesitan para cometer la estafa”, detalló Chinchilla.
El OIJ ha detectado que con las estafas hechas en los últimos 12 meses, 1.818 personas se han beneficiado al recibir en sus cuentas dinero obtenido mediante estafas.
Chinchilla afirmó que cualquier acción que evite la salida de llamadas desde centros penales "va a ser muy importante” y permitiría "anular” la incidencia criminal de este delito desde esos lugares.
Precisamente, en mayo, los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley para bloquear la señal celular desde las cárceles.
La funcionaria También expresó que la inexistencia de un registro de telefonía prepago dificulta la labor investigativa que se realiza, porque no se puede saber a quién pertenece un número; sin embargo, dijo que cuando se determina la participación de alguien en un hecho delictivo, a este se le abre un proceso.
Información actualizada a las 6:44 p. m. con más datos del OIJ.