Justicia acude a portillo legal para sostener contrato de tobilleras electrónicas

El Ministerio de Justicia se acogió a un portillo legal para extender el actual contrato de monitoreo de reclusos que tiene con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Se trata de la aplicación del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual le autoriza a firmar un contrato adicional con el actual proveedor hasta por 24 meses o hasta que se cuente con el nuevo proveedor contratado (lo que suceda primero).

Además, el monto autorizado no puede superar el 50% del contrato anterior.

El anuncio lo hizo la tarde de este jueves la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la entidad en Zapote.

La funcionaria manifestó que con esto se garantiza que el servicio de monitoreo electrónico, que actualmente abarca a 1.800 reos, no se interrumpa, mientras tiene lugar la contratación del nuevo proveedor, mediante el cartel licitatorio internacional que se publicó a principios de febrero y que se espera se pueda firman en diciembre de este año.

Una de las ventajas para Justicia de acudir al numeral 209 del RLCA es que en esa norma no se prevé la solicitud de aval a la Contraloría General de la República y pide como único requisito previo, el vencimiento del contrato actual.

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“Los señalamientos que con anterioridad hizo la Contraloría ya fueron atendidos. El contenido económico se logró con la aprobación del presupuesto extraordinario el pasado 18 de febrero, la documentación de respaldo sobre la fecha de vigencia del contrato actual fue remitida, así como la publicación de la licitación pública internacional, el 2 de febrero pasado.

“En cuanto al precio, en este caso se negoció a la baja y con un esquema adicional de disminuciones conforme aumenta la cantidad de personas monitoreadas”, dijo la funcionaria.

El costo diario por cada tobillera pasará, de entrada, de $12,3 (¢7.575) a $10,3 (¢6.334). También se negoció una reducción del precio por cada 100 nuevos ingresos al modelo de vigilancia electrónica. Estas reducciones progresivas en la tarifa proyectan un ahorro de ¢1.340 millones en el 2021, según Justicia.

El contrato actual vence el próximo 27 de febrero del 2021, por lo que, mediante un convenio de cooperación, la ESPH cubrirá por 8 días naturales el servicio sin costo alguno para el Ministerio de Justicia y Paz, mientras se concreta la transición entre el contrato actual y el contrato adicional.

“Este es el músculo que tenemos las instituciones públicas trabajando juntas. Este convenio le ahorra a la institución ¢108 millones mientras el servicio permanece inalterado”, agregó Salazar.

Consultada Fiorella Salazar sobre cómo logró esa reducción en el precio si siempre se ha alegado que ese costo estaba acorde con los precios del mercado, dijo: “Bueno, mire eso fue una negociación y eso es lo que tienen las negociaciones. Que uno llega a plantear condiciones, la otra parte también y se busca un punto de acuerdo.

“Creo que hay puntos de coincidencia en ambas instituciones de que éste no es un año fiscalmente sencillo. No es un año fiscalmente como otros años y teníamos que hacer un esfuerzo para garantizar de que el servicio se siguiera proveyendo de manera ininterrumpida.

“No solo pudimos lograr el acuerdo de la reducción para este contrato adicional, sino para ir haciendo reducciones sucesivas conforme vayan aumentando de 100 en 100 las personas monitoreadas”.

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Instrumento válido

Al ahondar en la aplicación del numeral 209, la jerarca comentó que “acudimos a un instrumento válido y vigente con la intención de no afectar la estabilidad del servicio de monitoreo electrónico y en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de las personas sujetas a esta modalidad.

“Tal como dijimos con anterioridad, no era posible negociar con el proveedor hasta no tener certeza de que se contaba con los recursos aprobados para tal fin. Una vez realizada la negociación, con la reducción de la tarifa proyectamos que el país puede ahorrarse unos ¢1.448 millones (sumados los ¢108 millones del convenio) en el servicio de monitoreo durante el 2021”.

Agregó que siempre se manejó esta posibilidad del 209, pero que en todo caso dependía de que se aprobara el presupuesto extraordinario.

“Una vez que nosotros ya contamos con la certeza de esos recursos, pudimos proceder ya con esta concreción y los mecanismos posibles. En este caso era establecer un convenio pequeñito pero muy útil”. añadió.

Con respecto a la nueva licitacitación, dijo que el cartel sigue el proceso normal y está abierto hasta el próximo 29 de abril.

“La recepción de las ofertas sigue vigente y conforme a ello el resto de las fechas todavía se mantienen inalteradas. Realmente confiamos de que sí pueda ser en diciembre que se esté firmando el contrato y se cumpla la programación” añadió.

Respecto a la posibilidad de que se apliquen cambios en el cartel luego de que surgieron algunas quejas de proveedores, que alegan que está hecho para una sola empresa dijo: “de momento la licitación se mantiene igual.

“Hemos recibido consultas sobre el tema del peso, por lo menos de que yo me haya dado cuenta porque no reviso el sistema Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas). Eso lo manejan los técnicos y sobre ese tema hemos venido analizando. Cuando digo hemos es la institución. Yo no estoy directamente metida con los técnicos analizando pero con los técnicos hemos estado analizando las posibilidades. En el momento en que tengamos algo para comunicar, lo comunicaremos prontamente”.