Aunque el Ministerio de Salud insiste en la importancia del distanciamiento social para frenar el contagio del nuevo coronavirus, muchos ciudadanos continúan realizando fiestas de cumpleaños, tés de canastilla y reuniones sociales durante la pandemia.
De hecho, según datos del servicio 911, del 6 de marzo (día que se detectó el primer paciente con covid-19 en el país) al 10 de junio, se registraron 8.903 reportes por escándalo musical, 3.667 casos más que en el mismo periodo del 2019.
Además, también se recibieron 573 reportes por consumo de licor en vía pública, 372 más que en los mismos meses del año pasado.
El ministro de Salud Daniel Salas, ha confirmado que de continuar estas actividades, en donde no se respetan las burbujas sociales, el país podría enfrentarse a “una transmisión comunitaria con muchas personas fallecidas”.
Quienes organizan este tipo de eventos se atienen a una multa de ¢450.200 (un salario base), según lo dispuesto en la última actualización de la Ley General de Salud.
Esta actualización se realizó el 3 de abril con el fin de multar a las personas que incumplen órdenes sanitarias y hasta el momento se han ejecutado 21 procesos de cobro.
Sin embargo, el Ministerio de Salud no detalló cuántos de esos procesos fueron por fiestas o actividades similares.
Con relación a este tema, en los últimos días salieron a la luz los casos de un cumpleaños en Alajuelita donde hubo al menos 17 contagiados, y un té de canastilla en Pavas que derivó en 15 enfermos.
Además, trascendió la intervención policial en un quinceaños también en Alajuelita y una fiesta en La Carpio, donde incluso hubo efectivos de Seguridad Pública agredidos.
Y este sábado 27 de junio, la Policía sorprendió a 100 personas en plena fiesta en una propiedad de un extranjero en Santa Teresa de Cóbano, sitio de playa ubicado en Puntarenas.
La situación preocupa porque, como lo explicó Salas, una sola fiesta donde se concentren 10 personas de diferentes burbujas sociales puede convertirse en un hecho multiplicador y afectar a centenares.
LEA MÁS: Ministro de Salud: ‘Aquellos que fueron a estas, informen con quiénes tuvieron contacto'
Repercusiones penales
Las personas que incumplen las medidas sanitarias actuales no solo se enfrentan a sanciones administrativas del Ministerio de Salud, sino que también a uno y hasta tres años de prisión.
El artículo 277 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de uno a tres años, o de 50 a 200 días multa, el que violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
De acuerdo con Milton Alvarado, director de Operaciones de la Fuerza Pública, los procesos que se tramitan por presuntas conductas establecidas en dicho artículo solo se realizan cuando la persona ya fue notificada con una orden sanitaria.
Una situación de estas trascendió este viernes, cuando un hombre fue sentenciado a un año de cárcel por salir de su casa e incumplir la cuarentena que le fue impuesta.
El ciudadano ingresó a Costa Rica, procedente de Nicaragua, y no guardó los 14 días de aislamiento ordenados por las autoridades sanitarias.
LEA MÁS: Hombre sentenciado a un año de cárcel por salir de su casa e incumplir la cuarentena impuesta
El Ministerio Público, mediante su oficina de prensa, detalló que, hasta el viernes pasado, acumulaba un total de 67 causas abiertas por incumplimiento de órdenes sanitarias.
Sin embargo, destacó que es posible que existan algunas causas que todavía no han sido comunicadas por parte de las fiscalías.
Agregó que no solamente se investigan casos por el artículo 277 del Código Penal. Empero, no fue posible mencionar cuántos de estos se tramitan bajo esta figura.
“Dado que nuestro sistema de gestión informático no delimita las causas penales según delito, no es posible informarle específicamente cuántos casos existen por presuntas conductas establecidas en dicho artículo”, indicó la institución.
Asimismo, argumentó que, por la duración de los procesos penales, es complicado sancionar a las personas en un corto periodo.
“Respecto a sanciones, debo indicarle que, a menos de cuatro meses de haber iniciado la pandemia, es muy difícil que existan sanciones, puesto que el proceso penal establece varias etapas para que finalmente se pueda dar una sanción, si es que se comprueba el delito”, añadió la oficina de prensa.
No obstante, cuando los procesos penales se tramitan en flagrancia, que es un proceso expedito cuyos casos se resuelven en menos de 15 días, las causas suelen tener sentencia de manera más ágil.
Un ejemplo de esto, ocurrió el 4 de mayo, cuando la Fiscalía de Flagrancia de Limón concluyó el proceso de investigación en contra de cuatro personas que incumplieron las órdenes sanitarias, tras permanecer en la playa, en Matina de Limón.
Doble sanción
El fiscal del Ministerio Público, Freddy Fallas, explicó que aunque una persona incumpla una medida sanitaria y se atenga a una sanción administrativa, también podría incurrir a un delito penal.
Estos casos se dan cuando el imputado no cumple la orden dictada e incurre en el delito de desobediencia, que se castiga con prisión de tres meses a seis años de cárcel.
Esa persona también podría intimidar o emplear la violencia contra la autoridad y entonces cometer delito de resistencia, que se penaliza con prisión de uno a tres años.
Otra situación es cuando se da la violación de sellos por parte del dueño de un local comercial que fue clausurado. Hasta el momento, el Ministerio Público ha registrado 15 causas por este delito, el cual se castiga con tres meses a dos años de cárcel.
“Podríamos estar ante situaciones en las que se haga una fiesta, se da una orden por parte de una autoridad para detenerla y esa persona continúa con la fiesta. Ahí podríamos estar hablando de una desobediencia”, afirmó Fallas.
Ante la consulta de si sería prudente sancionar por la vía penal el hecho de organizar actividades masivas, precisamente por los hechos registrados en los últimos días, el fiscal manifestó que eso solo le compete al Poder Legislativo.
Por su parte, el director de Operaciones de la Fuerza Pública indicó: “Eso habría que analizarlo. Si los legisladores toman la decisión de volver una sanción más drástica ante la situación que estamos viviendo, pues ellos serían los que tienen que desarrollarla”.
LEA MÁS: Ciudadanos violan restricciones, reabren bares e incumplen cuarentena impuesta por covid-19
Para Alvarado, también es importante analizar las limitaciones que tiene la Fuerza Pública para intervenir este tipo de eventos, principalmente aquellos que se realizan en lugares cerrados como condominios o fincas.
“Nosotros tenemos algunas limitaciones con las que nos podemos enfrentar. Hay momentos en que recibimos denuncias de que se desarrolla una actividad y a la hora de llegar nos encontramos con que es un edificio, un condominio con un muro, con un portón, totalmente sin posibilidad de tener contacto con las personas que controlan los accesos de ese inmueble”, detalló.
El oficial aclaró que, sin la autorización de la persona encargada del inmueble, no se puede ingresar para detener los eventos denunciados.
“Estos casos pues evidentemente son diferentes a aquellos otros en los que la Policía ha llegado y se han encontrado la fiesta o actividad en media calle y es fácil de constatar porque hay un estado de flagrancia que es muy fácil percibir para la Policía”, agregó.
Alvarado cree que sería conveniente tener la posibilidad de detener cualquier tipo de actividad sin importar el lugar donde se presente, más por la situación tan complicada que vive el país por la pandemia.
“Efectivamente me parece que ante situaciones como la que estamos viviendo, debería revisarse el ordenamiento jurídico, para ver las posibilidades que tienen las autoridades de poder llegar a concretar su cometido, ya sea la detención de un acto, o en el desarrollo de la notificación de una orden sanitaria”, puntualizó.
Ciudadanos se preocupan y denuncian
Precisamente, la noche del lunes 22 de junio, las autoridades no pudieron detener una fiesta que se realizó en el condominio Monteverde, ubicado en la comunidad de Jaboncillo, en San Rafael de Escazú, según denunció una vecina al medio Mundo Escazú.
La mujer, quien prefirió mantener su anonimato, confirmó a La Nación que alrededor de las 4 p. m. realizó la denuncia correspondiente por la fiesta, pero que no logró mucho con su acto, ya que la actividad siguió hasta las 10 p. m.
Aseguró que se trataba de una fiesta de 18 años y que no es la primera vez que realizan eventos de este tipo en ese lugar, ya que es un salón especial para festividades.
“Eran alrededor de 30 invitados, más varios saloneros y personas de servicio. Aquí en Escazú es lo mismo que fuera en Alajuelita o Pavas y es injusto que en esos lugares sí se detengan los eventos y aquí no”, alegó la denunciante.
Este jueves, el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, le solicitó por vía escrita al Ministerio de Seguridad reforzar a la Fuerza Pública del cantón para que pueda atender las fiestas y aglomeraciones en propiedades privadas.
“Escazú es vecino de Pavas y Alajuelita, ambos con alerta naranja, y ya presenta un crecimiento importante de casos. Necesitamos que las instituciones gubernamentales se involucren más y asuman un rol más activo en los esfuerzos por prevenir un crecimiento en el contagio”, subrayó el ayuntamiento.
Al referirse a los casos recientes, el ministro de Salud recalcó que en ningún lugar deberían realizarse fiestas o actividades que implique un grupo de personas que vengan de diferentes burbujas sociales. Ni en un barrio humilde ni en un condominio.
También fue enfático en que no se trata de clases sociales, la advertencia es para todos y también lo serán las sanciones. Así lo manifestó el martes pasado con la reiterada advertencia de que estas acciones pueden deparar en muertes.
“Lamentablemente, si tenemos ese tipo de actividades, van a haber muchos fallecimientos y de personas que todos queremos y después es cuando vienen las lágrimas, y llegar a ese escenario tan triste es lo que no queremos como país (...) y llamo por favor a esa colaboración, porque estar haciendo esas actividades, donde se rompen burbujas, la covid no está invitada pero llega y eso se convierte en un multiplicador”, recalcó.
LEA MÁS: Ministro de Salud: ‘A cualquier clase social, por favor no hagan ese tipo de actividades
Por su parte, el alcalde de Desamparados, Gilberth Jiménez, aseguró que han utilizado las redes sociales municipales para comunicar la prohibición total de eventos recreativos, comunales o sociales en el cantón, donde existe temor de transmisión comunitaria del virus.
“Un día nos notificaron de una actividad que se iba a realizar en San Antonio y entonces fuimos con nuestra policía municipal y se les hizo la advertencia de que si había una situación pues iban a ser debidamente denunciados. Al final suspendieron todo”, dijo.
El 19 de junio, el Ministerio de Salud elevó a Desamparados a alerta naranja por aparición de enfermos de covid-19 ‘dispersos’.
Con 242.983 personas en febrero de este año, el cantón de Desamparados es uno de los de mayor densidad poblacional del país. Hasta el momento acumula un total de 144 casos confirmados de covid-19.