Hugo Solano C.. 17 enero
Antes de que el televisor entrara al centro penal se pasó por el escáner, que detecto los cuatro celulares, tal y como se aprecia en la parte inferior de esta imagen. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia.
Antes de que el televisor entrara al centro penal se pasó por el escáner, que detecto los cuatro celulares, tal y como se aprecia en la parte inferior de esta imagen. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia.

Mediante el uso de un escáner, la Policía Penitenciaría encontró cuatro celulares dentro de un televisor donado a un privado de libertad de apellido Fernández.

Fernández guarda prisión en el ámbito de máxima seguridad del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

“Dentro de la pantalla de 32 pulgadas iban, aparte de los celulares, 4 cables USB, un manos libres y tres clavijas (herramientas para abrir el compartimento de las tarjetas SD). El aparato lo llevó al centro penal un hombre apellidado Jiménez”, dice el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia.

Las autoridades han determinado que quien llega a dejar esas donaciones es solo la persona encargada de la encomienda.

(Video) En televisor donado pretendían introducir celulares a cárcel

“Nosotros intuimos que hay un negocio detrás de eso”, dijo Niels Ching, director de la Policía Penitenciaria, al indicar que hay personas que compran la mercancía que les interesa, y luego contratan a quienes se encargan de ocultarla y a quienes se encargan del traslado.

No se descarta que privados de libertad sean los mismos que gestionan las supuestas donaciones, pero la investigación no ha permitido descubrirlo.

De acuerdo con el director de la Policía Penitenciaria, Niels Ching, los cuatro celulares detectados dentro del televisor en Alajuela son sumamente pequeños, los cuatro juntos caben en la palma de la mano.

Son aparatos por lo general importados y por su tamaño es más difícil detectarlos ocultos en diversos compartimientos. Ingresarlos al país cuesta unos ¢80.000, pero su venta ronda los ¢700.000 y se pagan sumas muy altas por introducirlos a un centro penitenciario.

Investigan a policía

Una agente de la Policía Penitenciaria también fue detectada este jueves cuando pretendía ingresar al CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, con un teléfono celular marca Samsung y dos chips ocultos en el doble forro de un bolso térmico utilizado para transportar alimentos.

La oficial de apellido Delgado fue sometida a revisión por parte de sus compañeros que encontraron el dispositivo.

El caso fue remitido al Departamento Disciplinario Legal para la apertura de la investigación preliminar correspondiente, el cual puede terminar hasta con el despido si se determina su responsabilidad en el ingreso del aparato.

Delgado, cuya edad no fue suministrada, entró a laborar al Ministerio de Justicia el 1.° de setiembre del 2013. Antes de este caso no registra ninguna otra falta en el expediente.

Aunado a las pesquisas realizadas en la donación del televisor y el bolso de la oficial de Policía, la mañana de este viernes fue detectada pasta de crack dentro de un recipiente que contenía espagueti.

La comida estaba destinada a un privado de libertad de apellido Espinoza y la llevó al CAI Jorge Arturo Montero un hombre de apellido Zúniga. En total la pasta de crack pesó 24 gramos.

La revisión de la comida permitió decomisar la droga. Intentar pasar estupefacientes en la comida que se lleva a los privados de libertad es de mecanismos los más usados, por lo que las requisas son constantes y meticulosas.

Cada miniteléfono de estos puesto en la cárcel puede costar hasta ¢1 millon. Se investiga si los mismos reclusos gestionan las donaciones de aparatos que los llevan ocultos. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia.
Cada miniteléfono de estos puesto en la cárcel puede costar hasta ¢1 millon. Se investiga si los mismos reclusos gestionan las donaciones de aparatos que los llevan ocultos. Foto: Cortesía Ministerio de Justicia.
La creatividad para burlar la ley

En otras ocasiones gatos y palomas mensajeras también han sido usados para ingresar los teléfonos celulares, que luego se emplean para realizar estafas desde los centros penales.

El año pasado un trabajador de mantenimiento fue detenido porque trató de introducir diez celulares a La Reforma y el mes pasado iban siete celulares dentro de un futbolín donado a la cárcel de Pococí.

Cada año la Policía Penitenciaria decomisa hasta 4.000 celulares en cárceles.

El jefe policial se mostró esperanzado en que el ingreso de celulares disminuya a partir de abril, cuando según el reglamento vence el plazo para que rija el bloqueo de señal de celulares en centros penitenciarios.

Lo anterior según un proyecto de reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado cuando la actual Asamblea Legislativa apenas comenzaba funciones, el 28 de mayo del 2018.

“Eso va a significar que la Policía Penitenciaria tenga una herramienta más para combatir los ilícitos que genera el ingreso de teléfonos celulares a los centros penales.”, dijo.

La iniciativa obliga a los proveedores y operadores de telecomunicaciones a que apliquen procedimientos y soluciones técnicas para impedir el uso de celulares dentro de las cárceles.

La prohibición es para los centros penitenciarios, las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del sistema.

Ching recordó que las investigaciones han determinado que con los celulares en las cárceles se han ordenado ejecuciones por medio de sicariato, así como estafas y delitos contra la propiedad entre otros.

En la actualidad todos los privados de libertad tienen derecho a llamadas desde líneas fijas que se originan en las baterías de teléfonos instalados en La Reforma.

Dependiendo de la población de cada centro existe un número de teléfonos fijos. Por ejemplo en el centro Gerardo Rodríguez, en Alajuela, hay 40 aparatos para los 800 privados de libertad, que son llevados en grupos de 40 para que puedan hacer llamadas, las cuales deben cancelar. Solo en casos de alguna emergencia se les da prioridad.

Desde esas líneas, una grabación advierte al destinatario que el origen es desde un centro penal.