La gasolina de avión y el diésel son dos de los carburantes más apetecidos por los ladrones que mes a mes ordeñan el poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Aunque la pandemia pudo frenar temporalmente el ilícito, entre enero del 2017 y abril de este año (64 meses) los ladrones sustrajeron 20.330 metros cúbicos de combustibles.
Con esa cantidad de carburante se podrían llenar 605 camiones cisternas de 33,63 metros cúbicos cada uno. Para que se haga una idea, la cifra total equivale a más de nueve cisternas por mes o dos por semana y con solo uno de esos cisternas se habrían podido abastecer 747 vehículos con un tanque de 45 litros.
Cifras proporcionadas por la Refinería revelan que el 2018 fue el año en el que más carburantes sustrajeron los delincuentes en 64 meses, con 7.930 metros cúbicos. Le sigue el 2019, con 5.351; el 2020, con 3.832; 2017 (2.105), 2021 (775) y 2022, que hasta abril registraba 338 metros cúbicos robados. (Ver gráfico más adelante)
La institución atribuye la baja en las estadísticas a partir del 2020 a dos factores: la aprobación de la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas y la pandemia por covid–19.
“Efectivamente la entrada en vigencia de la ley disminuyó la cantidad de eventos por robo de combustible, sin menoscabar el efecto que pudo haber tenido en 2020 y 2021 la pandemia por covid–19 y las restricciones vehiculares que en razón de esta se aplicaban”, manifestó la entidad.
El multimillonario perjuicio económico no fue divulgado por la entidad, pues no precisó, del total sustraído, cuánto corresponde a cada tipo de carburante. No obstante, cifras publicadas por la propia Refinadora, en el 2019, indican que de noviembre del 2016 a agosto del 2019 se registraron 530 tomas ilegales y el valor de los productos sustraídos alcanzó los ¢7.500 millones.
Los datos serían mucho mayores en la actualidad si se considera el alza en los precios internacionales del crudo. Precisamente, esos valores son los que siguen moviendo a los delincuentes, que no le temen a los 15 años de cárcel que impone la legislación vigente. Prueba de ello es el más reciente descubrimiento de una toma ilegal en Santo Domingo, Heredia, donde las autoridades judiciales precisaron que se trataba de una conexión de alta tecnología, lo que hace prever una sofisticación mayor de los ladrones.
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¿Qué se está haciendo?
Generalmente, el robo de combustible es descubierto por variaciones anormales en las presiones y flujos en los ductos durante el trasiego de los productos. Una vez verificada la anomalía, la Refinería detecta el punto exacto y acude de inmediato. En medio de esta problemática, Recope ha destacado en reiteradas ocasiones que más allá del perjuicio económico que genera este delito, está el daño a la infraestructura y el riesgo de afectación al ambiente y la salud de la población que vive cerca del poliducto, ya que al ser saqueados pueden generarse derrames.
Ante esto, la institución ha trabajado desde diversas aristas como la prevención, la respuesta inmediata ante un incidente y la rehabilitación. La primera de las acciones ha permitido el desarrollo de campañas publicitarias, la habilitación de una línea telefónica exclusiva para denuncias (1002) y el involucramiento de grupos organizados de las comunidades más afectadas por este flagelo en diversas actividades.
También, con el servicio de seguridad privada, se han movilizado oficiales para vigilancias e inspecciones en los sitios más vulnerables del poliducto y se ha trabajado en la reubicación y entierro de la tubería en los lugares más propensos a robos, entre estos se cuenta con el proyecto que actualmente se ejecuta en Línea 6 de la ruta 10, en el tramo entre Siquirres (Limón) y Turrialba (Cartago).
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Las acciones de respuesta, en tanto, consisten en actuar de inmediato ante casos en los que hay fugas que provocan derrames, para lo cual se moviliza personal de mantenimiento para la reparación, así como de la Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, “de manera que se realicen labores de contención y mitigación de los impactos que puedan generarse en el ambiente, biodiversidad, ecosistemas y comunidades, tanto para la seguridad de las personas como de sus bienes y actividades productivas”.
“En los casos en los que hay derrame siempre se procede de inmediato a su detención, contención y mitigación de impactos negativos. Para esto, Recope emplea maquinaria, materiales y equipos especializados, además de la participación de un grupo importante de personal”, aseguró la institución.
Finalmente, en el tema de rehabilitación, la Refinadora realiza los trabajos por los días que sean necesarios e invierte en la remediación de los suelos y cuerpos de agua impactados por los derrames de combustible, la valoración de daños, el costo de la atención de los eventos y la gestión y trámites para la aplicación de los seguros que corresponda en caso de que proceda alguna indemnización.
“En ocasiones las labores de remediación y contención pueden prolongarse por bastante tiempo, requiriendo el uso de equipos y materiales especializados, para la remoción de material en terrenos impactados, procedimiento que es costoso, dado que implica la disposición final del material contaminado por medio de empresas autorizadas para ello que deben ser contratadas”, explicó la entidad.
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El combustible más robado y la provincia con más denuncias
Recope mencionó que el combustible que más roban los hampones es el Jet A–1, seguido de diésel, aunque los otros carburantes no escapan de las sustracciones. Los ladrones aprendieron a detectar de qué producto se trata por el olor o el color de cada sustancia.
Además, aunque se tienen mapeados los lugares donde más ilícitos se dan, mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), por seguridad ese dato no se brinda. Sin embargo, a partir de informaciones brindadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) queda reflejado que en la provincia de Limón es donde más denuncias se reciben a causa de estas situaciones.
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Estadísticas de la Policía Judicial consignan que entre el 21 de febrero del 2017 y el 24 de junio pasado en la provincia caribeña se recibieron 123 denuncias por robo de combustible. De ellas, 20 fueron en 2017, 40 en 2018, 32 en 2019, ocho en 2020, seis en 2021 y, en lo que va del año en curso, se acumulan 17. Los reportes corresponden a hechos registrados en los cantones de Matina, Limón centro y Siquirres, según las estadísticas del cuerpo policial.
La diferencia es considerable, ya que la segunda provincia en cuanto cantidad de denuncias en el periodo ya mencionado es Alajuela, donde se tramitan 30 casos, seguido de Cartago con 28. En Puntarenas, San José, Heredia y Guanacaste la incidencia es aún menor. (Ver gráfico)
Una fuente policial reconoció que la existencia de organizaciones criminales en Limón inciden en las cifras, ya que bandas de diferentes sitios del país buscan conseguir de manera ilegal combustible, especialmente Jet A–1, para el funcionamiento de sus aeronaves, posiblemente para el tráfico de estupefacientes.
El precio de esta gasolina en el mercado ilícito depende de la cantidad que esté disponible, pero se cree que un estañón puede costar más de $1.000 (¢675.030 al tipo de cambio del 29 de julio).
Asimismo, aunque el OIJ tiene un descenso registrado en demandas entre el 2020 y el 2021, con 17 y 12, respectivamente, los analistas destacaron que “en los primeros seis meses del presente año ya aumentó la incidencia considerablemente”, pero no ahondaron en los motivos.
Los investigadores también han logrado determinar que la mayor cantidad de robos se dan por medio de forzaduras de los equipos y que los días con más incidencia son los martes y viernes.