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La orden del Tribunal de Ejecución de la Pena de permitir el ingreso de televisores y radios a los pabellones de alta contención de la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma, sigue sin ser acatada por el Ministerio de Justicia y Paz.
La decisión judicial, emitida el 29 de agosto pasado, se basa en la necesidad de garantizar el derecho a la información de los privados de libertad para que puedan ejercer su voto en las próximas elecciones de febrero del 2026.
Se trata de la resolución número 2025-006475 del Juzgado de la Ejecución de la Pena de Alajuela que le dio plazos de entre uno y dos meses a Justicia y Paz para acatar esta y otras disposiciones para la fijación de criterios de cómo trasladar privados de libertad a alta contención, en los pabellones B-3 y B-4 de La Reforma.
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Esta resolución se emitió tras una medida correctiva interpuesta por el defensor público Michael Enríquez, con el fin de que se revisaran las condiciones en las cuales se encuentran recluidos los privados de libertad en los módulos de alta contención, que fueron creados por Justicia y Paz para aumentar los espacios reservados para los internos más peligrosos en otros módulos.
La Nación consultó al Ministerio por qué no ha acatado las medidas ordenadas por el Juzgado de Ejecución de la Pena. Al cierre de esta edición, la cartera permanecía sin responder.
Argumentos de Justicia y Paz
Respecto a la instalación de electrodomésticos como un televisor y un horno de microondas en un espacio común, la Defensa Pública del Poder Judicial, que solicitó la medida, señaló que Justicia y Paz justificó mantener la restricción de acceso a partir de un informe de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos.
El Informe se basó en una observación mediante en un recorrido efectuado al ámbito B, Pabellón B3, B4 y los ámbitos C, D, E del CAI Jorge Arturo Montero Castro y los ámbitos C y D de Terrazas (Circuito de Alta Contención).
El informe de Bomberos aclara que no se realizaron valoraciones técnicas invasivas, ni mediciones específicas de carga eléctrica. Sin embargo, concluye que los espacios observados contravienen lo establecido en el Código Eléctrico vigente.
Basado en esta observación, el Ministerio insistió en mantener la restricción.
Este diario también consultó a Justicia y Paz qué acciones prevé, dado que el informe de la Unidad de Ingeniería no incluyó valoraciones técnicas invasivas, ni mediciones de carga eléctrica. También se consultó a esa cartera si considera que un informe basado en la “observación” es suficiente para justificar la restricción.
Sobre estas consultas tampoco se ha recibido respuesta.
En las respuestas enviadas al Poder Judicial, el Ministerio de Justicia informó que el uso de estos dispositivos podría generar conflictos, riesgos de incendios o fallas eléctricas, y que supuestamente son utilizados para ocultar objetos ilícitos como drogas o celulares, cables u otros componentes electrónicos, e incluso para fabricar armas punzocortantes.
“Estas prácticas representan un riesgo grave e inminente para la seguridad institucional, así como para la integridad física del personal y de las propias personas privadas de libertad, evidenciando su instrumentalización como mecanismos de encubrimiento. Asimismo, estos artículos son frecuentemente dañados por parte de la población privada de libertad como forma de vandalismo”, adujo Justicia en su respuesta al Poder Judicial.
Sin embargo, la Defensa Pública confirmó a este diario que ya solicitó un nuevo criterio técnico, pero esta vez al Departamento de Arquitectura e Ingeniería del Organismo de Investigación Judicial, para constatar los criterios vertidos en el informe de Bomberos presentado por Justicia.
La resolución judicial también señala que los privados de libertad fueron trasladados a los módulos de alta contención sin la debida evaluación técnica individual, ni un dictamen de riesgo, lo que violó una circular del propio Ministerio de Justicia.
Algunos de estos traslados, de hecho, se justificaron por remodelaciones temporales y no por criterios de seguridad.
El Ministerio de Justicia tampoco había respondido a la solicitud de este medio sobre la resolución, cuando se le hicieron consultas el mes pasado.
