Si le han robado el teléfono en algún punto de San José —o incluso lejos— y logra rastrear su ubicación, es muy probable que lo encuentre en algún local de compraventas del casco central o en manos de un vendedor ambulante en esa misma zona.
El negocio de la venta de celulares en la capital es lucrativo. El pasado 3 de noviembre, el Organismo de Investigación Judicial informó sobre la detención de dos personas en Barrio González Lahmann. Los sujetos portaban aproximadamente 40 teléfonos celulares presuntamente hurtados.
Esta semana, la Policía Judicial, en conjunto con la Policía Municipal de San José, la Fuerza Pública y la Unidad de Patentes de la Municipalidad intervinieron 21 negocios dedicados a la compraventa en el centro; de ellos, 12 fueron clausurados.
Algunos de los locales se anunciaban como comercios especializados en celulares; otros funcionaban como ventas de confites o de videojuegos. Uno de ellos incluso operaba bajo el rótulo de “hotel”, un tipo de establecimiento que en los últimos años se ha popularizado en la capital y que las autoridades vigilan de cerca por su uso reciente como cuarterías.
El negocio de las compraventas en San José combina, aunque no en todos los casos, la venta de artículos con actividades ilícitas. Durante el operativo, los oficiales hallaron 50 dosis de marihuana y decomisaron un arma de fuego en uno de los locales comerciales.
Tras revisar 130 teléfonos en los archivos de denuncias, solo uno aparecía con reporte de robo. Sin embargo, el número podría ser mayor, pues no todas las víctimas de robo o hurto presentan una denuncia formal ante las autoridades.
Según explicó a La Nación el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, algunos de los negocios que fueron clausurados esta semana desvirtuaban sus permisos y otros operan con permisos sanitarios vencidos.
También, señaló que varios no tienen actualizado el registro de las personas que llegan a vender bienes, como exige la legislación. Esa omisión impide a las autoridades conocer quiénes abastecen estos comercios. Una de las clausuras, añadió, responde específicamente a la presunta receptación de objetos robados.
Además, el operativo culminó con cuatro personas llevadas a la Dirección General de Migración y Extranjería debido a su estatus migratorio irregular en el país, indicó Solano.