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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, detalló que los traslados anunciados ayer por la presidenta de la República, Laura Fernández, están dirigidos a los directores y subdirectores de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y de otras policías adscritas al Poder Ejecutivo.
La medida pretende prevenir nuevas situaciones mientras se esclarecen las denuncias, explicó Campos. La rotación también alcanzará a otros cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el jerarca también indicó que trasladarían a oficiales de la Fuerza Pública denunciados por presuntos actos de corrupción que no han sido suspendidos por investigaciones del Poder Judicial o por procesos administrativos internos, con el fin de evitar nuevas situaciones mientras se esclarecen los hechos.
El tercer grupo de traslado incluye a los subdirectores de los cuerpos policiales, según detalló Campos.
La Unión Nacional de Policías (UNP) manifestó en redes sociales que las reubicaciones generan desarraigo, costos económicos y afectaciones por viajes de larga distancia, en especial para madres jefas de hogar y personas a cargo del cuido de menores o adultos mayores.
La Unión agregó que agendaron una reunión con las autoridades de gobierno para el jueves 17 de setiembre a las 2 p. m. con el objetivo de abordar los derechos laborales del personal policial.
Rotación para prevenir posibles redes de corrupción
Laura Fernández dijo durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, que el sistema de rotación abarcaría a la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), así como otras divisiones policiales.
“No quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de la seguridad nacional”, manifestó.
Como parte de la disposición, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, afirmó que dará la orden para rotar a los directores de los 21 centros penitenciarios del país.
El anuncio sobrevino al cabo de poco más de un desde que La Nación reveló la filtración de un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el cual expone la presunta penetración del crimen organizado en la Fuerza Pública de la zona sur de Costa Rica.
