La presidenta de la República, Laura Fernández, ordenó este miércoles establecer un sistema de rotación territorial de los cuerpos policiales para evitar el arraigo de los funcionarios en determinadas zonas y prevenir la eventual conformación de redes de corrupción.
La medida, anunciada durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, abarcará a la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), así como otras divisiones policiales.
“No quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de la seguridad nacional”, manifestó.
Como parte de la disposición, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, afirmó que dará la orden para rotar a los directores de los 21 centros penitenciarios del país.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, aseguró que la cartera está fortaleciendo su unidad anticorrupción y que mantiene investigaciones preliminares relacionadas con unos 200 policías.
Fernández pidió trasladar la instrucción a las unidades de Recursos Humanos y a los altos mandos que tienen cuerpos policiales bajo su responsabilidad.
Como ejemplo de la forma en que funcionaría el sistema, planteó que policías sean trasladados temporalmente entre distintas provincias.
“Los policías que prestan servicios en Guanacaste (...) se van a ir a trabajar tres meses a Heredia; los que están en Heredia se van a ir a Guanacaste, los que están en Cartago se me van a ir para Limón y los de Limón se me van a venir para Cartago”, afirmó.
Fernández, además, se preguntó que, así como ella dará la orden de rotar a los cuerpos policiales, por qué el Poder Judicial no aplica una medida similar con jueces y fiscales.
“¿Por qué desde el Poder Judicial no rotan a los jueces y a los fiscales?”, cuestionó la mandataria, quien afirmó que “el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y de las policías del Gobierno”.
Sostuvo que impulsa estas medidas porque, a su criterio, el primer paso para enfrentar la situación es reconocer que existe un problema.
El anuncio sobrevino al cabo de poco más de un desde que La Nación reveló la filtración de un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el cual expone la presunta penetración del crimen organizado en la Fuerza Pública de la zona sur de Costa Rica.
El documento analizó a un grupo de oficiales y halló antecedentes u observaciones críticas para 116 policías destacados en delegaciones de la región Brunca Sur, específicamente en Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez.
Los oficiales ligados al narcotráfico presuntamente recibían sobornos, filtraban información confidencial de operativos y facilitaban el aterrizaje de aeronaves ligadas al crimen organizado. El informe concluye que la falta de supervisión y problemas económicos facilitaron esta corrupción.
