Un hombre de apellidos Céspedes Baldizón quien era una de las personas de mayor confianza de Michel Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, alardeaba de tener a su servicio a un grupo de oficiales de la Fuerza Pública, según se desprende del expediente judicial del llamado caso los Leones.
La organización liderada por Shaggy, quien es vecino de León XIII, en Tibás, se caracterizaba entre otras cosas, por el robo de cargamentos de droga a grupos rivales, práctica a la que policialmente se le conoce como tumbonazos.
En uno de los planes para despojar a otra banda de un cargamento, en el 2020, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), siguieron un vehículo desde San José hasta Peñas Blancas, frontera con Nicaragua. Aunque el robo no se llevó a cabo, en un tramo del trayecto de regreso a la capital el vehículo en que viajaban varios miembros de la organización delictiva de Shaggy fue interceptado por oficiales de la Fuerza Pública.
Ahí se identificó en el grupo a Céspedes Baldizón, cuyo historial delictivo incluye robo agravado, robo de vehículos, estafa y administración fraudulenta.
‘Amigos policías
Producto de esa investigación que inició el OIJ de Heredia, los oficiales solicitaron la intervención de una línea telefónica vinculada con Céspedes Baldizón.
Fue mediante esa vía que se estableció el vínculo de este hombre con oficiales de la Fuerza Pública.
“Se logró establecer que Céspedes Baldizón, mantenía contactos con personal policial, el cual era de su entera confianza y les solicitaba información como consultas de números de placas de vehículos, para determinar si era sujeto de algún seguimiento policial”, cita el documento.
El informe de la Sección Especializada Contra Crimen Organizado detalla además, que el sospechoso solicitaba a sus “amigos policías que no le realizaran algún tipo de procedimiento tanto a él como a sus locales”.
Entre los funcionarios que fueron identificados figura un oficial de apellido Sandí, destacado en la delegación de Pavas; una funcionaria de apellido González, destacada en Escazú, y otro apellidado Arias, quien al momento de confeccionarse el informe, laboraba en el Departamento de Inteligencia Policial (Dipol).
“Inclusive a este último, le solicitó averiguar si él (Céspedes Baldizón) estaba siendo investigado por la Policía Control de Drogas (PCD)”, precisa el legajo.
Durante la pesquisa, los agentes judiciales detectaron una comunicación en lenguaje cifrado, en la cual Céspedes Baldizón le indicó a otro de los aparentes cómplices, de apellido Valverde Sosa: “Esté pendiente del teléfono porque yo creo que íbamos a hacer una mejenguilla ” y que él (Céspedes Baldizón) prestaría los tacos y la camisa para que “juegue”.
El investigador explicó que conociendo el modus operandi de los encartados, estarían planeando un posible tumbonazo de droga o dinero, los agentes determinaron que para el momento de esa comunicación, “se mantenía en el país una serie de restricciones en torno a la pandemia, por lo que no se podía realizar ningún tipo de deporte de contacto o similar”.
Según el expediente, Céspedes Baldizón hizo de los tumbonazos y la venta de drogas su modo de vida, específicamente marihuana tipo mexicana, droga que ha ganado mercado en el país, “ya que su costo es menor”.
La Policía Judicial explicó que el grupo de alias Shaggy se caracterizaba por ejecutar tumbonazos a otras estructuras delictivas, para lo cual simulaban operativos policiales, usaban signos policiales falsos y en algunas ocasiones contaban con la aparente complicidad de oficiales de la Fuerza Pública.
Uno de estos eventos ocurrió en marzo 2019 en Sabana Norte, donde retuvieron a dos sujetos de un grupo rival, que según la información que manejaba la organización delictiva, iban a transportar un cargamento de droga, sin embargo, tal situación no ocurrió, aunque los sospechosos se llevaron a los ofendidos varias horas y los liberaron en Tibás.
El expediente detalla que “sin poder establecer la fecha exacta, pero sí con anterioridad a las 20:20 horas del día 19 de diciembre de 2019, los imputados Ramírez, Torres, Abarca y Flores, oficiales de la Fuerza Pública de la Delegación Policial de la Uruca, de común acuerdo con los coimputados Maikel Camacho Meléndez (fallecido) y Leitón Ordóñez, así como con al menos seis sujetos más de calidades en autos desconocidas y otros oficiales de la Fuerza Pública, que aún no han sido identificados en autos, idearon un plan delictivo encaminado a privar de su libertad al ofendido Beltrán Pilozo, Esquivel, así como despojarlos de sus pertenencias”.
El texto agrega que “para lograr la ejecución del plan delictivo, los oficiales de la policía administrativa interceptarían a Beltrán (víctima) en vía pública, a quien le harían creer que actuaban en conjunto con oficiales del Organismo de Investigación Judicial, y de este modo poder apoderarse ilegítimamente de sus bienes, así como privarlo de su libertad”.
En noviembre del año pasado, el OIJ ejecutó 31 allanamientos para desarticular a la banda de alias Shaggy como parte del caso los Leones, 15 sospechosos fueron detenidos, ocho de los cuales, incluyendo al cabecilla, cumplen un año de prisión preventiva.
