EscucharNo solo es complicado el trabajo policial para incautar la droga; también es caro asegurarse de su destrucción para que no vuelva al mercado.
Por quemar cada tonelada de cocaína o marihuana, el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) paga $1.000 a una cementera local. Lo mismo ocurre con crack, ketamina e incluso sus envoltorios.
Este año, el ICD desembolsó más de $37.600 (unos ¢21 millones) por quemar las 37.674 kilos de droga decomisados el año pasado por los diferentes cuerpos policiales y este año ya se han incinerado las primeras siete toneladas.
Otra posibilidad sería enviarla a Estados Unidos, como ocurrió en 2013; sin embargo, podría llegar a costar el doble de lo que se paga aquí. Se acudió a esa solución en aquel momento debido a una situación de emergencia en la cementera local.
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“Esa vez acumulamos un montón de droga, lo que significaba un aumento del riesgo. Como medida alterna la mandamos a Estados Unidos para incinerarla allá, pero la logística para eso es demasiado costosa y complicada”, dijo Guillermo Araya, director del Instituto.
En aquella ocasión hubo que alquilar camiones, pagar tiquetes de varios funcionarios y alquilar tarimas para el embalaje de la cocaína que fue llevada a Miami por un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Se confirma así que además de los costosos operativos para combatir a los narcotraficantes y decomisarles cargamentos de estupefacientes, el Estado también debe asumir la custodia y destrucción de la droga, lo cual obliga a importantes erogaciones.
La Policía Judicial es la encargada de decidir las fechas y lugares de destrucción.
De acuerdo con Guillermo Araya, las últimas dos quemas fueron en mayo. Se realizaron en la cementera Holcim, en Cartago, que es la única con hornos especiales que alcanzan hasta 2.000 grados Celsius, requeridos para garantizar la destrucción de los estupefacientes.
Según él, aquí también opera un espíritu de colaboración pues, de lo contrario, el país no tendría cómo deshacerse de esas sustancias.
Otra complicación se dio en el 2009, cuando las autoridades detuvieron a seis operarios de la cementera por la sustracción de 20 kilos de cocaína, de un total de 4.300 que se enviaron a desintegrar. De ellos, cinco fueron sentenciados en el 2013.
A tres extrabajadores, de apellidos Sánchez, Meneses y Solano, se les impusieron siete años de cárcel. Otros dos exempleados, Siles y Arias, fueron condenados a seis años y seis meses. A favor del otro implicado se dictó sobreseimiento.
Aquella vez los sujetos metieron la última bolsa con 20 kilos en una escotilla, la cual debían abrir para que cayera en una segunda, pero el encargado de pulsar el botón para que esto pasara, solo simuló hacerlo.
Aunque en todas las destrucciones siempre estaba presente un juez, el funcionario judicial observaba el proceso, pero a cierta distancia, pues el horno funciona a más de 2.000 grados.
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¿Quién paga?
Al ICD le corresponde financiar la destrucción de la droga por disposición de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (N.° 8204).
Esa misma institución es la que administra y aprovecha en lucha y prevención los dineros comisados a los narcotraficantes, o el producto de la venta de propiedades que les quitan a esos mismos delincuentes, una vez condenados.
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Según el artículo 97 de esa normativa, la autoridad judicial competente autorizará que se tome una muestra de cada incautación para los peritajes bajo los procedimientos y en las cantidades recomendadas por el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras que el resto de la droga incautada “será destruida públicamente, en presencia de los medios de comunicación que quieran asistir“.
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Aunque la legislación que rige desde el 2002 exige una convocatoria a los medios de prensa, se dejó de hacer en los últimos años.
La Policía Judicial no informó por qué cambió el procedimiento y cuándo realizan la destrucción ni cómo se garantiza esta.
Ante consultas de este diario, se negaron a detalles sobre el proceso de seguridad seguido en los traslados de esos estupefacientes hacia el punto de destrucción.
Durante el proceso de quema, la ley también obliga la presencia de un juez y de al menos un miembro del Ministerio de Salud y otro del OIJ, de acuerdo con reglas técnicas adecuadas que ordene el órgano competente del Ministerio de Salud.
La autoridad judicial debe remitir una copia del acta de destrucción al ICD.
Se trata de una actividad delicada, que requiere usar la unidad táctica del OIJ, así como recurso adicional para darle resguardo al cargamento cuando se traslada desde el cantón de Flores hasta al sitio de quema en Cartago, lo cual también es caro y lo paga el ICD.
La mayoría de la droga destruida es cocaína y marihuana.
En exposiciones recientes ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y el director del OIJ, Wálter Espinoza, mostraron su preocupación por el aumento en la cantidad de cocaína que pasa por nuestro territorio.
Cada vez queda más droga para el mercado local
Michael Soto, jerarca de Seguridad, dice que la producción de coca aumentó mucho en Suramérica y eso implica el aumento en la disposición de droga en todos los países del Istmo.
Afirmó que en las naciones de origen (Colombia, Bolivia, Perú) el kilo cuesta $600, mientras que en Costa Rica ronda los $6.000 y en Estados Unidos hasta los $35.000.
“Hay alijos de 20 a 50 kilos que quedan para consumo nacional, porque es una actividad muy lucrativa, con ventas de hasta ¢2 millones al día”, dijo Soto.
Espinoza recordó que Costa Rica es parte del corredor centroamericano, que “es por donde pasa más coca en todo el mundo y la zona donde hay más violencia, solo comparados con África del sur”.
El jefe de la Policía Judicial coincide con el ministro Soto en que quienes se dedican a la producción de drogas en países del sur han mejorado los sistemas de cultivo, la manera de extraer el alcaloide de la planta de coca y la producción.
También citó fenómenos internacionales como la incorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al orden civil y “como ellos detentaban gran cantidad de cocaína, en el 2016 y 2017 empezaron a desembarazarse de ella y hubo un aumento en la cantidad que circulaba por el corredor de nuestra región”.
A manera de ejemplo afirmó que la Sección de Química Analítica del OIJ pasó de realizar 6.500 a 17.450 pruebas de análisis, un aumento de un 167%.
“Cada vez se incauta más droga en el país y el OIJ entonces tiene que emitir más pericias para que el juez pueda, más allá de toda duda, decir que el paquete que se le encontró a algún sujeto, indubitablemente es clorhidrato de cocaína o heroína o marihuana”, citó.
La mayoría de marihuana ingresa por el Caribe, procedente de Jamaica, mientras que otra parte se cultiva en las montañas de Talamanca, así como en Buenos Aires, Osa y Coto Brus. Gran parte de esas plantaciones se destruye con quemas en el propio lugar del hallazgo.
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De hecho, con los grandes cargamentos decomisados a redes narcotraficantes, también se incinera la droga que se decomisa en el mercado local y sus envoltorios.
Añadió que la ola de asesinatos que genera la droga en nuestro país se origina en violencia criolla.
“Uno piensa que se metió el cartel de Sinaloa o de los Zetas, pero no es así, se trata de delincuencia local”, agregó.
A su juicio, el tráfico internacional no da tantos problemas de violencia sino los jóvenes costarricenses, que hacen labores sicariales, que matan, queman y descuartizan como un reflejo o síntoma de una enfermedad social.
“El problema más grave que tenemos en nuestro país es el crack, la coca y la marihuana”, explicó Espinoza.
No obstante, añadió, pesar de la difícil circunstancia, Costa Rica todavía se mantiene relativamente indemne, pues la cantidad de cocaína que se decomisa supera con creces lo que decomisan Guatemala y El Salvador.
Nota aclaratoria : Las declaraciones del director general del ICD, Guillermo Araya Camacho, están relacionadas únicamente con los costos del proceso de destrucción de droga. La información relacionada con la temperatura necesaria para la destrucción, nombre de la empresa y personas implicadas en un delito previo asociado a esta actividad, fueron tomados del antecedente periodístico publicado por este medio en el 2009 y en el 2013.
