En cada uno de los últimos tres años, la Policía de Control de Drogas (PCD) destruyó plantíos de marihuana comparables a dos veces el tamaño del Estadio Nacional, o bien a la cuarta parte del Parque Metropolitano La Sabana, en San José.
Eso significa 18 hectáreas de cultivos de la droga más consumida en Costa Rica, sobre todo por jóvenes, quienes se ven atraídos por el precio, la accesibilidad y una corriente que socializa cada vez más el consumo y pide la despenalización, dice el último informe del Instituto Costarricense de Drogas (ICD).
Durante este año, hasta el 28 de diciembre, se registra un total de 1.945.912 matas erradicadas, según la Policía de Control de Drogas (PCD).
"El desarrollo de la dinámica criminal observada en el país en los últimos años, deja al descubierto el incremento en la producción de plantas de cannabis", señala el documento del ICD.
Además del daño a los consumidores, agrega el informe, la marihuana genera un daño al ambiente por la tala de árboles y porque el suelo se usa sin ningún plan de mitigación ambiental.
Talamanca es el cantón que tiene mayor cantidad de sembradíos. Ahí, los cultivos están a cargo de indígenas, campesinos y familias muy pobres que viven en zonas agrestes de las montañas, quienes reciben sacos de arroz, frijoles y otros alimentos a cambio de la marihuana que entregan a organizaciones criminales, afirmó el alcalde, Marvin Gómez Bran.
El clima, la maleza y la desigualdad social son factores que hacen atractiva la zona.
Michael Soto, subdirector a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacó que una característica que resulta fundamental en esta zona para los grupos de narcotraficantes es la dificultad de acceso, pues implica grandes esfuerzos para la Policía, que a veces tarda hasta ocho días para llegar.
Por esa razón, antes de realizar las incursiones por tierra, la PCD realiza sobrevuelos con helicópteros para encontrar las plantaciones. Algunos grupos optan por sembrar con menor intensidad con el fin de camuflar la droga entre la vegetación.
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Las características de la zona permiten a los sospechosos escapar con facilidad, señaló el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata.
Para aumentar la erradicación, Mata recalcó la urgencia de contratar más policías. Este año ingresaron 1.500, y para el año entrante se espera llenar otras 1.000 plazas.
Lucha por mercado
De acuerdo con el subdirector interino del OIJ, la venta de marihuana es un negocio muy lucrativo, por lo que, como con otras drogas, las organizaciones luchan por líneas de mercado y se disputan territorio.
Incluso, atribuye a esos conflictos la cuarta parte de los homicidios ocurridos este año en el país.
“Algunas de las pugnas que han surgido en el Caribe han sido por la distribución de marihuana, porque es algo bastante lucrativo. Cada día aumenta el consumo y eso genera que los grupos quieran ampliar su territorio para obtener más ganancias”, expresó Soto.
Limón es la provincia donde más decomisos de esa droga se realizan, pues es la región de entrada de la mayoría de las importaciones de la marihuana que llega de Jamaica. Esa condición la convierte en uno de los centros logísticos para las transacciones.
Indígenas cambian sacos de droga por comida
Muchos indígenas cambian por comida la marihuana que cultivan en Talamanca, dijo el alcalde de ese cantón, Marvin Gómez.
Más de 20 comunidades indígenas de la cultura bribri, con unas 2.000 personas, viven en condiciones de pobreza extrema en lo alto de la cordillera de Talamanca y muchos de ellos se dedican a cultivar esa droga o a cuidar las plantaciones de marihuana, admitió el alcalde.
“Cultivan la marihuana ahí porque no tienen otra salida. La gente que compra la droga lo que hace es llevarles alimentos y ellos les entregan la marihuana”, explicó.
Los narcos a veces llegan a pie con baquianos a comprarles la droga, aunque, según lo que los mismos indígenas han narrado a las autoridades, a veces llegan en helicópteros.
La mayoría de los que escalan a pie, ingresan por el distrito limonense de Valle La Estrella. Muy pocos lo hacen por los sectores del distrito talamanqueño de Telire, como Orochico y Sepecue. Otra ruta es por Suretka de Bratsi, comentó Gómez.
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Como son comunidades que están a una distancia de entre seis y ocho días a pie desde la parte baja, la Municipalidad no puede llegar ahí, salvo cuando coordinan con algunas instituciones que las visitan en helicópteros, porque cada viaje por esa vía cuesta cerca de ¢1 millón.
Gómez afirmó que, para contrarrestar lo que ocurre con la droga en sitios como Alto Telire, Bajo Bley y Cerro Macho, se coordinó con el Ministerio de Trabajo para que este año se les brinde, a un grupo de adultos mayores, un subsidio por sumas aproximadas a los ¢180.000 mensuales, por periodos de tres meses, para que bajen a comprar mercadería.
De igual manera, se les entregan semillas de productos como arroz y otras de uso propio que les ayuden a subsistir a ellos y a sus animales, sin necesidad de sembrar droga.
Las reuniones de coordinación las realizan con la Asociación de Desarrollo de Telire, a la que recientemente le entregaron herramientas como palas, macanas y picos, para las faenas agrícolas de los agricultores de alta Talamanca.
También se van a instalar pronto al menos ocho puentes de hamaca, de los cuales tres serán aportados por la Caja Costarricense del Seguro Social, tres con fondos del municipio y partidas específicas y dos con ayuda de otras instituciones, explicó Gómez.
La idea es que las comunidades puedan comunicarse entre sí y de esa manera facilitar las labores de quienes regularmente visitan esas zonas, pues de una comunidad a otra pueden haber dos o tres días de distancia.
Para el 2018, también se espera extender un plan de ayudas que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapan) desarrolla en la parte baja de Talamanca, en aras de llevarles ayudas económicas a los mayores de 65 años de esas regiones y que eso también desestimule los cultivos ilegales.