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Ya pasaron dos años desde que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, se reunió por primera vez con la administradora de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Desde entonces y tras la reforma constitucional que permitió el envío de nacionales a otros países por narcotráfico y terrorismo, aprobada el 15 de mayo del 2025, la lista de costarricenses para extradición casi alcanza los 30.
En un primer grupo cayeron, por ejemplo, el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez; el presunto cabecilla narco de Limón, Gilbert Bell Fernández, y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. Los tres están recluidos en prisiones norteamericanas a la espera de juicio.
A la lista se suman otros extraditables, como el abogado Carlos Manuel Solórzano Campos, alias Chanchita; el oficial de Fuerza Pública Michael Corella Amador, alias Rojo; y el expresidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio.
En entrevista con La Nación, tras anunciar que buscará la reelección en la fiscalía general, Díaz celebró los logros alcanzados en los últimos meses y anunció que se acerca una nueva etapa en el trabajo conjunto con la DEA, durante la cual se tendrá la mira puesta en lo que él mismo llama “narcotraficantes invisibles”, una denominación que nació entre autoridades de Colombia.
Se trata de personas de renombre y de influencia, con contactos en instituciones, que aparentemente mantienen sus negocios lícitos, pero que, en realidad, su capital proviene del narcotráfico.
A los objetivos se suman funcionarios de instituciones públicas que ya no serían solo, por ejemplo, oficiales rasos, sino mandos altos con poder de decisión que funcionan como enlace entre los grupos delictivos y las entidades estatales.
“No es simplemente el cajero de banco, no es el funcionario que le avisaba, no es el simple policía que de alguna manera recibió un dinero para dejar pasar. Son funcionarios que tienen poder de decisión. Sí, poder de decisión y funciones muy, muy relevantes en la organización”, explicó.
Reforma constitucional
De cara a esta nueva etapa, el fiscal instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a ampliar el catálogo de delitos por los cuales también se pueda extraditar a una persona. Por el momento, la reforma constitucional permite únicamente la extradición de costarricenses por narcotráfico o terrorismo.
“En esta segunda fase surgen delitos de corrupción que los podemos asociar directamente con narcotráfico, pero si no, los podremos asociar con lavado y con algunos actos también de corrupción, algunos cohechos, por ejemplo. Entonces, eso nos interesa muchísimo”, dijo a este diario.
Díaz también pidió a los diputados contemplar delitos como homicidios, trata y tráfico de personas o trasiego de órganos.
La reforma constitucional, para el fiscal, fue una herramienta importantísima, no porque el Ministerio Público no tenga la capacidad de investigar, sino porque resulta de gran apoyo, considerando, por ejemplo, que secciones como la de Legitimación de Capitales cuentan solo con siete personas.
“Es una fiscalía sin músculo; en realidad, funciona prácticamente por el esfuerzo, las ganas y el empeño que tienen los funcionarios, pero siete personas para la cantidad de lavado de dinero que hay ahora en nuestro país es para atacar lo más relevante, nada más”, reconoció.
Escenarios similares ocurren en la sección de Cibercrimen, en la de Delitos Ambientales y en la Fiscalía Adjunta de Transparencia y Anticorrupción. Aunque en esta última hay más personal disponible, Díaz afirma que no da abasto.
