Los diputados aprobaron este lunes la reforma al artículo 32 de la Constitución Política para autorizar la extradición de costarricenses requeridos por otros países, acusados por terrorismo o narcotráfico. La aprobación fue unánime, con 45 votos a favor.
Es el primero de los tres últimos debates necesarios, en el trámite legislativo, para integrar finalmente esa norma en la Carta Magna, luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, hizo mención del proyecto en su informe de labores al Congreso.
La aprobación se dio en medio de fuertes críticas al mandatario y, en particular, numerosas aclaraciones de parte de las fracciones políticas de que esa reforma no es la pomada canaria que resolverá todos los problemas actuales sobre inseguridad en el país.
Luz Mary Alpízar, legisladora y presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a Chaves a la Presidencia de la República, destacó la importancia de la iniciativa legal, pero también de que los poderes no se estén atacando entre sí, como hizo el mandatario en su informe al Congreso, el 5 de mayo, sino trabajar en conjunto para solucionar la crisis de seguridad que sufre Costa Rica hoy.
Los diputados del Frente Amplio, por su parte, cuestionaron la falta de acciones del Poder Ejecutivo en prevención, para llevar más educación, más deporte y más oportunidades laborales a las comunidades, a la par de la importancia de la represión del crimen organizado.
El legislador Antonio Ortega enfatizó que, más que en una megacárcel al estilo Bukele, el gobierno debe estar pensando en megaescuelas y megacentros deportivos y de recreación.
Tanto Priscilla Vindas, del FA, como Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresistas (PLP), enfatizaron que la impunidad no es ningún derecho humano, y señalaron que eso quedó claro en el trámite de la iniciativa de reforma constitucional, en la comisión que estudió la propuesta.
Olga Morera, de Nueva República (PNR), hizo un llamado vehemente a la aprobación de iniciativas para combatir la crisis de inseguridad y volver a ser un “país del pura vida y sumamente seguro”.
El avance del proyecto se dio poco después de que la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hizo un llamado para que, esta misma semana, se den los tres debates necesarios para convertir en realidad la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, referente a la extradición de costarricenses por delitos como narcotráfico, crimen organizado o terrorismo.
La Unidad propuso no hacer uso de la palabra para que la iniciativa avance lo más ponto posible; sin embargo, la sugerencia no fue escuchada por las fracciones parlamentarias, que utilizaron la palabra hasta las 6 p. m.
De hecho, al inicio del debate, este lunes, el jefe del PUSC, Alejandro Pacheco, puntualizó que los socialcristianos no harán uso de la palabra ni lunes, ni martes ni el jueves, los días previstos para los respectivos tres debates.
En noviembre del año pasado, 44 diputados aprobaron la iniciativa en segundo debate.
La Constitución exige que las reformas parciales a la Carta Magna reciban al menos 38 votos (dos tercios de la Asamblea).
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La iniciativa fue impulsada, en primer lugar, por la diputada Pilar Cisneros y los otros miembros de la fracción oficialista, incluyendo a Luz Mary Alpízar.
Actualmente, la Constitución prohíbe la extradición de nacionales, lo cual ha sido señalado como un obstáculo en la lucha contra estructuras criminales transnacionales.
Luz verde a reforma sobre extradición
En noviembre pasado, Sala IV consideró que, actuando como constituyentes, los diputados tienen la facultad de hacer reformas parciales a la Constitución, definiendo y balanceando los derechos fundamentales que la carta fundamental resguarda, “siempre y cuando no se afecte su contenido”.
En criterio de los altos jueces constitucionales, la posibilidad de extraditar costarricenses acusados de terrorismo y narcotráfico se ve respaldada por tratados internacionales ya suscritos por Costa Rica, los cuales contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra delitos de ese nivel.
Los magistrados consideraron que la reforma equilibra los derechos del ciudadano con el interés estatal de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo.