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Una mujer pidió un préstamo gota a gota de ¢4 millones en setiembre pasado. Empezó a recibir amenazas para cumplir la deuda, y a pesar de que ya había pagado más de ¢6 millones al prestamista informal, las amenazas continuaron.
Por este hecho, la tarde de este martes fue detenido en San José un sospechoso de 29 años, de apellido Ramírez, por intimidar a su víctima incluso con armas de fuego, indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En la detención, los agentes decomisaron dinero en efectivo, celulares, un arma no letal y libretas con anotaciones relacionadas al delito.
Ramírez será procesado por presunta extorsión cobratoria, delito sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años.
La pena puede ser de cinco a diez años cuando la amenaza sea contra una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad; si el hecho es cometido por dos o más personas; si hay agresión física o psicológica; y si el hecho es cometido con armas o daños a la propiedad.
Si los hechos califican como delincuencia organizada, la pena es de ocho a 15 años.
Este tipo penal fue creado con la Ley 10.471, del 22 de abril del 2024.
Esta misma semana se conoció el caso de una adolescente que fue entregada hace cuatro años a terceros, como parte de pago de una deuda vinculada a préstamos gota a gota.
Los hechos empezaron cuando madre de la adolescente adquirió un préstamo por ¢100.000. La deuda, según una investigación judicial, fue creciendo de forma desproporcionada hasta volverse impagable, lo que llevó a que la menor fuera entregada al grupo criminal como forma de saldar el compromiso económico.
La adolescente habría permanecido en condición de explotación laboral durante cuatro años, periodo en el que fue obligada a trabajar en una pulpería, una verdulería y, presuntamente, en actividades de venta de drogas.
Los sospechosos de ese caso quedaron detenidos tras allanamientos el lunes en Ipís de Goicoechea y Tibás.
