El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó que la investigación que derivó en allanamientos este lunes en Tibás e Ipis de Goicoechea tiene su origen en un caso de trata de personas que afectó a una menor de 15 años, entregada como parte de pago de una deuda vinculada a préstamos informales conocidos como “gota a gota”.
Por el hecho, ya hay cuatro personas detenidas.
De acuerdo con Soto, los hechos se remontan a hace cuatro años, cuando la madre de la adolescente adquirió un préstamo por ¢100.000.
La deuda, según la investigación, fue creciendo de forma desproporcionada hasta volverse impagable, lo que llevó a que la menor fuera entregada al grupo criminal como forma de saldar el compromiso económico.
La adolescente habría permanecido en condición de explotación laboral durante cuatro años, periodo en el que fue obligada a trabajar en una pulpería, una verdulería y, presuntamente, en actividades de venta de drogas, siempre bajo control del grupo criminal, detalló el jerarca judicial.
La joven logró escapar con ayuda de una vecina, quien la trasladó al cantón de Cartago para resguardarla. Sin embargo, la huida detonó una nueva escalada de violencia por parte de la organización criminal.
Según el OIJ, al no lograr recuperar a la menor, el grupo secuestró el 18 de diciembre pasado a un niño de 13 años, hijo de la persona que ayudó a la adolescente.
El menor fue privado de libertad en Cartago y los captores exigieron a su familia entre ¢6 millones y ¢7 millones a cambio de liberarlo.
Horas después, el niño fue rescatado en Bajo Piuses, Tibás, durante una intervención de la Fuerza Pública, que acudió al sitio tras recibir un reporte por un supuesto caso de violencia doméstica.
Al ingresar, los oficiales lo encontraron amarrado, amordazado y con signos de agresión, confirmó Soto.
El director a. i. del OIJ señaló que el caso refleja la gravedad de las redes de trata de personas asociadas a préstamos ilegales, en las que deudas pequeñas se transforman en mecanismos de control, explotación y violencia, incluso contra menores de edad.
“Es un caso lamentable que debemos analizar con mucha seriedad”, concluyó el jerarca.