Mientras el crimen organizado en Costa Rica se moviliza en vehículos de alta gama, como pick-ups, carros todoterreno y autos valorados en $400.000, como los decomisados en el Caso Lusso por legitimación de capitales, para los oficiales de la Fuerza Pública el panorama es diametralmente opuesto.
Cuatro de cada diez unidades policiales están fuera de servicio. La cifra fue revelada el pasado viernes 29 de mayo, durante una reunión convocada por la Presidencia de la República y a la que acudieron los 57 diputados, miembros del Poder Judicial y otros funcionarios.
Según la exposición de Jorge Madrigal, de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), de las 540 patrullas disponibles, el 38% están fuera de servicio.
Además, detalló que de las 507 motocicletas de la Fuerza Pública, el 43% no están operativas. Y señaló que de las 77 unidades de transporte de personas detenidas, conocidas popularmente como “perreras”, un 49% están sin uso, es decir, casi la mitad.
Cinco fuentes consultadas por separado por La Nación, que estuvieron presentes en esa reunión, confirmaron que esas fueron las cifras que expuso el Ejecutivo.
La mandataria, Laura Fernández, habría advertido durante la cita que se trataba de información sensible que no debería trascender, para no alertar al crimen organizado sobre la precaria realidad de la Fuerza Pública.
Este diario envió, el pasado 2 de junio, consultas a la oficina de prensa del MSP sobre el estado de la flotilla policial. Al cierre de esta edición, dicha dependencia indicó que las preguntas estaban “en trámite, porque no son solo datos, hay preguntas de opinión que deben ser respondidas por los despachos”.
Algunas de las consultas que La Nación envió a Seguridad Pública fueron:
- ¿Desde cuándo se presenta ese nivel de unidades fuera de servicio y cómo se compara con los porcentajes registrados en los últimos cinco años?
- ¿Las unidades fuera de servicio se concentran en alguna región o dirección policial específica? De ser así, ¿cuáles son las más afectadas?
- ¿Qué impacto operativo tiene la falta de estas unidades en la capacidad de respuesta policial y en las labores de patrullaje?
- De no tener arreglo los vehículos, ¿se está trabajando en la adquisición de nuevas unidades? y ¿para cuándo estaría lista la compra?
Los datos sobre los vehículos de la Fuerza Pública trascienden en momentos en que resulta común que los allanamientos por narcotráfico o legitimación de capitales incluyan decomisos de carros de lujo o incluso blindados.
Apenas el 18 de mayo, unos 20 vehículos fueron decomisados por las autoridades judiciales durante 17 allanamientos ejecutados en relación con el Caso Lusso, por legitimación de capitales.
Además, en el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) hay decenas de vehículos decomisados, muchos de ellos blindados y en mejores condiciones que la flotilla policial.
Una década de advertencias
Jonathan Flores, asesor sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) para la Fuerza Pública, celebró que el Ejecutivo reconozca el problema, pero fue enfático en que no es nuevo.
“Tenemos más de una década señalando y levantando la voz con ese gran problema que es la cantidad de equipo móvil que utilizan los diferentes cuerpos policiales y que está fuera de servicio”, afirmó.
Flores sostuvo que parte de las unidades sin uso podrían volver a circular con reparaciones menores.
“Hay patrullas que se ponen fuera de servicio porque se venció la garantía y no pueden hacer un cambio de aceite, o hay que cambiar el líquido de frenos, un espejo quebrado; cosas muy pequeñas que serían muy fáciles de arreglar”, detalló.
El asesor sindical también mencionó que algunas delegaciones, ante la falta de soluciones institucionales, recurren a prácticas informales para poder reutilizar los vehículos.
“Aunque sea indiscreto decirlo, hay algunas delegaciones que, aunque este tipo de canje sea ilegal, se animan a hacerlo en pro de dar un buen servicio a la ciudadanía”, admitió.
Para Flores, el reconocimiento de Fernández es un primer paso, pero insuficiente. “Esperemos que haga más allá de un simple señalamiento y obligue a sus jerarquías a actuar diferente de lo que han hecho sus predecesores, que solo han dicho: ‘Tenemos estos problemas’ y no buscan una solución”, señaló.
Planteó que una salida podría ser una modificación a la Ley de Contratación Pública, que según él ha dificultado no solo la reparación de vehículos sino la adquisición de equipamiento policial en general. Citó, como ejemplo, el Servicio de Vigilancia Aérea, donde muchos chalecos se han vencido y no han podido ser reemplazados.
Herencia de la administración Chaves
Mario Zamora, que ejerció como ministro de Seguridad durante el gobierno de Rodrigo Chaves, reconoció el problema del mal estado de las unidades y afirmó que su administración dejó encaminadas algunas licitaciones.
Mencionó la gestión de un contrato para la adquisición de patrullas nuevas para este 2026. No obstante, comentó que una empresa apeló el proceso y está pendiente de resolución por parte de la Contraloría General de la República.
Por otra parte, Zamora aseguró que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) dejó publicado un cartel para la compra de motocicletas.
La apuesta mayor, según aseveró, fue una gestión ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para adquirir 1.800 patrullas nuevas y renovar el cien por ciento de la flota vehicular de todas las policías adscritas al MSP.
“El proyecto con el BCIE inició su estructuración durante todo el año 2025 y finalizó a inicios del 2026”, precisó.
En cuanto al impacto operativo de la escasez de unidades, Zamora rechazó que haya afectado los resultados policiales.
“El impacto operativo está a la vista: se rompió el récord de aprehensiones hecho por la Fuerza Pública, con 213.000 en el 2025. Reducción de los delitos contra la propiedad en un 30%. Reducción en la cifra de homicidios dos años seguidos y lo que llevamos de este 2026 también son cifras a la baja”, enumeró.
‘Totalmente inaceptable’
Más crítico fue Gustavo Mata, quien dirigió el Ministerio de Seguridad durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018). A su criterio, la situación de la flotilla policial es el resultado directo de decisiones presupuestarias del gobierno anterior.
“Resulta totalmente inaceptable que ahora el Poder Ejecutivo, en este caso la señora presidenta, alegue que hay un deterioro en las fuerzas de nuestra Policía, teniendo conocimiento de que desde hace ya bastantes años atrás se ha venido insistiendo en que era necesario un presupuesto robusto para el equipamiento de la Fuerza Pública y del OIJ”, afirmó.
Mata señaló a las anteriores autoridades por haber restringido los recursos.
“Hacienda, estando Nogui Acosta como ministro y Rodrigo Chaves como presidente, indicaron que no iban a girar dineros para el equipamiento de la Fuerza Pública. Ahora, ya estamos viendo que esa restricción presupuestaria está provocando un caos a nivel de fuerzas policiales”, señaló.
El exjerarca advirtió de que las consecuencias de esa decisión se verán agravadas con el tiempo.
“Esto va a ir de mal en peor porque la inversión que se tenía que hacer años atrás y no se hizo, va a impactar de manera importante en la penetración del crimen organizado y en el narcoterrorismo, que avanza día tras día”, sostuvo.
Mata concluyó con un pronóstico poco alentador: “Si el Ejecutivo no hace lo prudente para reforzar los cuerpos policiales, esto no lo va a curar nadie”.
