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A finales del curso lectivo 2025, personal de un centro educativo en Guápiles percibió un cambio evidente en el físico de una alumna de tan solo 11 años.
Luego de una referencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, personal de salud acreditó que la menor tenía al menos seis meses de embarazo. Así, según el Ministerio de Educación Pública, fue como se conoció el caso que hoy tiene a las autoridades valorando de cerca a una niña y a su padrastro, como el principal sospechoso de haberla violado.
Mediante un comunicado de prensa emitido por Educación a este medio, Ana Domian Asenjo, directora regional de Educación de Guápiles, y Enid Castro Monge, funcionaria de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, explicaron que desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) se garantizará el derecho a la educación de la niña durante todo el proceso, incluso estando hospitalizada.
Posterior a una comunicación telefónica, se lee en la declaración, la Contraloría de Derechos Estudiantiles registró la situación de la menor de edad y coordinó con la Dirección Regional de Educación de Guápiles para el curso lectivo 2026.
“El MEP está comprometido con brindar toda la colaboración necesaria con otras instituciones que lleven una investigación en paralelo”, se lee el texto.
A la atención se suma la Supervisión de Centros Educativos del Circuito Escolar 01 y el Departamento de Orientación del Centro Educativo. En situaciones de hospitalización o riesgo por enfermedad, el MEP cuenta con lineamientos que permiten la continuidad del servicio educativo.
“Estamos a la espera de la indicación de las autoridades correspondientes, en este caso CCSS y PANI, a fin de responder a las necesidades de la persona menor de edad”, reza el comunicado.
Caso en investigación
El principal sospechoso de agredir a la menor es un sujeto de apellidos Padilla Granados, en apariencia, su padrastro. La Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí tramita el caso en el expediente 26-000068-1887-PE.
El Ministerio Público, por su parte, indicó que la Fiscalía Adjunta de Pococí ordenó el fin de semana la detención de Padilla por el presunto delito de violación calificada. Posterior a la detención, el Ministerio Público pidió que al hombre se le dictara, como medida cautelar, la prisión preventiva.
El Juzgado Penal rechazó la petición de la Fiscalía y le impuso a Padilla las siguientes medidas: mantener domicilio fijo, mantener trabajo, no molestar ni perturbar a la víctima, no ingresar al barrio donde ella reside y no acercarse a menos de un kilómetro a ella, a su casa, o su escuela.
Tras conocerse la resolución, el Ministerio Público apeló el fallo y está a la espera de que se programe una nueva audiencia, en el Tribunal Penal, para reiterar la prisión preventiva.
El 27 de enero, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a La Nación que solicitó apersonarse en el proceso judicial que se sigue contra el sujeto, a fin de solicitar que se le dicte prisión preventiva.
