La deuda que un vecino de San Carlos contrajo originalmente por ¢80.000, en pocas semanas aumentó a ¢500.000. El hombre ahora es víctima de extorsiones y amenazas debido a que acudió a un crédito informal conocido como gota a gota.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, en Alajuela, buscan a un sospechoso de perpetrar las amenazas contra el afectado y su familia. La evidencia está grabada: una cámara de vigilancia captó al sujeto cuando cometía actos vandálicos contra la casa del afectado.
Según la denuncia ante la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el 7 de marzo de este año a las 5:58 p. m. El delincuente lanzó una piedra contra la ventana principal de la vivienda. En la grabación se aprecia al requerido por la justicia cuando, al retirarse del lugar, toma una fotografía.
El hombre sería miembro de un grupo criminal del cantón, que se dedica a esa actividad y que aplica la violencia “como parte de una metodología de intimidación, relacionada con préstamos gota a gota”, explicó una fuente relacionada con el caso.
Estos cobros violentos son la principal característica de un fenómeno que, aunque ha bajado en incidencia, sigue golpeando a familias vulnerables de Costa Rica. Según la Encuesta Nacional de Endeudamiento 2025 de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), alrededor del 2% de los adultos costarricenses tenía activo un crédito gota a gota al momento de la consulta, lo que equivale a entre 50.000 y 66.000 personas en todo el país.
En los últimos tres años, un 3% de la población —cerca de 92.000 personas— dijo haber acudido a ese tipo de préstamo.
El estudio, aplicado en julio de 2025 a 1.200 personas y representativo de 3,6 millones de adultos costarricenses, muestra que el crédito gota a gota se concentra en hogares donde el dinero no alcanza para cubrir los gastos básicos.
En ese grupo, el 7% reportó haber tomado ese tipo de préstamo en los últimos tres años, mientras que entre quienes tienen ingresos suficientes para ahorrar, el porcentaje baja al 1%.
El flagelo de grupos vulnerables
Danilo Montero, director general de la OCF explicó que pese a la disminución en la incidencia de los créditos informales, “la modalidad del gota a gota impacta especialmente a sectores vulnerables”. El experto agregó que, “esto refleja el persistente desafío de la exclusión financiera y la falta de opciones reguladas para atender necesidades urgentes de liquidez”, dijo.
La encuesta también detectó una tendencia creciente: el 14% de los entrevistados recibió ofertas de préstamos por WhatsApp, Facebook o TikTok en el último año. Esa cifra sube al 18% entre quienes destinan más de un tercio de sus ingresos al pago de deudas.
“El crédito digital no siempre proviene de entes regulados, por lo que existe la posibilidad de que esté penetrando las finanzas de los hogares más frágiles económicamente”, advirtió Montero.
Cuando el pago se vuelve insostenible, los grupos criminales usan amenazas de muerte, agresiones físicas o daño a familiares del deudor, como ocurrió en el caso de San Carlos.
En mayo de 2025 entró en vigor una ley que castiga este tipo de extorsiones, que impone penas de cuatro a ocho años de prisión a quienes usen amenazas o intimidación para obligar a pagar. La pena sube a entre cinco y diez años si las extorsiones van dirigidas contra menores, adultos mayores o personas en condición de vulnerabilidad, y puede llegar hasta 15 años si la operación califica como crimen organizado.
El 5 de enero pasado, el OIJ detuvo a un grupo vinculado con el secuestro de una adolescente quien al parecer, fue entregada por su madre como pago por una deuda de ¢100.000 debido a crédito informal de este tipo.
Quien tenga información sobre el sospechoso requerido por el OIJ de San Carlos puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 o enviar un WhatsApp al 8800-0645.
