Los defensores del exalcalde Johnny Araya, en el juicio por presunto tráfico de influencias, cuestionaron la credibilidad de la principal testigo del Ministerio Público en este debate, la fiscala Natalia Rojas.
Rojas fue quien habría ordenado borrar, a principios del 2016, el nombre del exalcalde josefino del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública. Se trataba de una presunta capacitación contratada por la Municipalidad de San José que nunca se realizó y fue cubierta con fondos públicos.
Según declaró, ella dictó esa orden a solicitud de su superior, el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, y de la exfiscala subrogante, Berenice Smith, ambos también encartados en este proceso penal.
Cuando Rojas rendía su segundo día de declaraciones este martes, el abogado de Araya, Alfonso Ruiz, sacó la impresión de una publicación de Facebook, supuestamente del perfil de Rojas, en que la fiscala habría celebrado cuando el Tribunal de Apelación anuló, el 11 de mayo del 2023, la absolutoria de Araya, Gamboa y Smith, en el primer juicio por esta causa. Debido a esa apelación, se debió realizar este segundo debate.
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“Justicia divina. Me degradaron, me ofendieron, me ultrajaron, me irrespetaron a más no poder en este juicio, se permitieron irregularidades y arbitrariedades que nunca había visto en mi profesión. La defensa se encargó de difamarme una y otra vez en todas las redes sociales por meses. Se jactaron del resultado del juicio indicando que fui una testigo falsa”, habría escrito la abogada, según leyó Ruiz ante el Tribunal.
Tras leer la publicación, Ruiz le cuestionó a Rojas por qué a lo largo del interrogatorio ella negó tener algún interés en el resultado del juicio o alguna animadversión contra el exalcalde.
“No recuerdo haber publicado eso, pero ahí no indico el nombre de ningún imputado ni de ninguna de las partes”, dijo Rojas, acompañada de un psicólogo de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, la cual también brinda asistencia a testigos en procesos judiciales.
El defensor presentó esa publicación como prueba para mejor resolver, la cual fue admitida por los jueces tras una deliberación de algunos minutos.
“Yo creo que es pertinente la prueba porque viene a demostrar que cuando la testigo dice que no tiene interés en este caso, miente, porque sí lo tiene”, mencionó Ruiz al Tribunal.
Posteriormente, Juan Marco Rivero, quien también representa a Araya, le consultó a Rojas por qué ella no le explicó al técnico auxiliar, Arnold Téllez, el contexto en que le pedía sacar el nombre de Araya del sistema informático. Téllez fue quien finalmente tomó la acción ante el pedido de la fiscala.
“La pregunta es entonces, ¿usted considera conforme a la ética, la moral de la ley, esconder el contexto en que se estaba ejerciendo la orden?“, indagó Rivero.
“Licenciado, me disculpa, con todo el respeto que yo le tengo a usted, yo no estoy escondiendo ningún contexto. Simplemente como fiscal en ese momento no lo consideré por la urgencia y por lo que se había hablado”, respondió Rojas, quien ante reiteradas preguntas negó brindar su criterio legal sobre la orden que había recibido.
El debate continuará este miércoles con la incorporación de prueba documental y además con prueba para mejor resolver presentada por la defensa de Berenice Smith, que consiste en una entrevista de la fiscala Rojas en otra instancia diferente al juicio.
Después de este procedimiento, empezará el Ministerio Público a exponer sus conclusiones, en las cuales presentaría al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea, sus pretensiones en cuanto a la sentencia a los tres imputados.