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Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, y otros dos imputados en el caso Pista Oscura, por supuestas irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia recibieron medidas cautelares menos gravosas que las solicitadas por el Ministerio Público.
Pese a que la Fiscalía pidió el impedimento de salida del país, separación del cargo, firmar en un despacho judicial una vez al mes y no acercarse a testigos; el juez del Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública dispuso que Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes; Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), solo deben cumplir con el impedimento de acercarse a testigos.
A ellos se les prohíbe “comunicarse, influir, amenazar, intimidar y perturbar de manera directa, por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales, llamadas, mensajes, con los testigos en la causa”.
En el caso de Mauricio Batalla, también se le prohibió el ingreso a las instituciones públicas involucradas, sea Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Aviación Civil y Comisión Nacional de Emergencias.
Por su parte, Alejandro Picado, presidente de la CNE, quedó apegado al proceso penal sin ninguna medida cautelar.
Los cuatro imputados habían quedado en libertad desde el miércoles pasado tras más de diez horas de audiencia, realizada en el Segundo Circuito Judicial en Goicoechea, San José.
Diego Maroto, fiscal a cargo de este caso, dijo a los medios, tras la conclusión de la audiencia, que apelaron la decisión del juez.
“La Fiscalía no comparte los argumentos (del juzgado) y considera que la investigación y los peligros procesales daban para que estas medidas fueran otorgadas y en razón de ello se formuló el recurso de apelación correspondiente”, explicó Maroto.
Sí existe delincuencia
Maroto aseguró que la jueza, durante la audiencia, sí confirmó que existe un delito. “La señora jueza dijo que sí existe la delincuencia que acá se ha investigado por parte de la Fiscalía”, sostuvo.
En el caso de Alejandro Picado, el fiscal indicó que, según la valoración del tribunal, la jueza “tiene dudas de la influencia” que el presidente de la CNE pudo haber tenido en la comisión del delito que se investiga.
Rafael Gullock, abogado de Marco Castillo, explicó que su defendido podrá continuar en sus funciones mientras se resuelven los recursos presentados. “No tienen efectos suspensivos, entonces don Marco Castillo puede incorporarse nuevamente de manera inmediata a su cargo”, precisó.
‘Creo en un Estado de Derecho’, dice Batalla
Tras la audiencia, el exministro Batalla reclamó haber permanecido 48 horas en las celdas judiciales y subrayó que enfrenta este proceso por haber atendido una emergencia nacional.
“He tenido que pasar por este proceso y me toca todavía pasar por la etapa de un juicio. Yo estoy contento, feliz”, aseguró.
Aunque participó recientemente en una marcha en la que los participantes exigían la renuncia del fiscal general Carlo Díaz, Batalla reafirmó su respeto por las instituciones.
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“Siempre he creído en el estado de derecho de mi país y me toca seguir confiando en él y me toca por supuesto seguir confiando en él y me toca ahora hacer la defensa técnica con mis abogados”, manifestó.
Caso “Pista Oscura” y el uso de fondos de emergencia
El expediente 24-000454-1218-PE investiga el uso de $39,9 millones del Fondo Nacional de Emergencias para reparar la pista del aeropuerto internacional de Guanacaste, a pesar de que la estructura no sufrió daños por las ondas tropicales 11 y 12 ni por la tormenta tropical Bonnie.
El Ministerio Público analiza la forma en que se declaró la emergencia nacional para atender esos supuestos daños. La FAPTA sostiene que los informes técnicos demuestran que la pista ya presentaba deterioros antes de los fenómenos climáticos, lo que haría improcedente la declaratoria y, en consecuencia, la contratación directa sin el refrendo de la Contraloría General de la República.
Una vez emitido el decreto ejecutivo, el contrato fue adjudicado a la empresa MECO por un monto cercano a los $40 millones, bajo el argumento de requerir obras urgentes para mantener la operación del aeropuerto.
La figura de emergencia nacional permitió simplificar los trámites y omitir controles como el refrendo de la Contraloría, algo que ha sido objetado por la Fiscalía como parte de un presunto esquema de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
