Una jueza penal ordenó el levantamiento del secreto bancario del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla y otros implicados en el caso Pista Oscura, quienes son investigados por presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y de tráfico de influencias.
José Francisco Madrigal, abogado del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado —otro de los detenidos por el caso— explicó a La Nación que el levantamiento del secreto bancario está contemplado en la misma resolución mediante la cual se autorizaron los allanamientos del martes.
Durante esos operativos, que incluyeron allanamientos a oficinas y residencias de los sospechosos, además de Picado y Batalla, fueron detenidos el director de Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo; y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
La información fue confirmada por el abogado a eso de las 11 a. m. de este miércoles, dos horas antes de que diera inicio la audiencia de medidas cautelares en el Segundo Circuito Judicial en Goicoechea, San José.
El secreto bancario en Costa Rica es parte del derecho fundamental a la intimidad que tienen las personas. Quien resguarda esta proyección del derecho a la intimidad son las diversas entidades bancarias.
Su apertura permite, entre otras cosas, verificar si hubo transacciones o movimientos irregulares de dinero que se salgan del patrón de ingreso del investigado.
Además del exministro y los funcionarios detenidos, en la causa están imputadas otras ocho personas, cuyos nombres no han trascendido. La Fiscalía confirmó el trámite de levantamiento del secreto bancario, pero no precisó a quiénes se les revisarán las cuentas.
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El caso
Batalla, Picado, Castillo y Villalobos son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste, durante el 2023.
Según las investigaciones preliminares, uno de los sospechosos habría solicitado al Poder Ejecutivo ampliar el área de cobertura de un decreto de emergencia por las ondas tropicales 11 y 12, y la tormenta tropical Bonnie, con el fin de facilitar procesos de contratación en el aeropuerto.
De ese modo, se adjudicó el proyecto denominado “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós” a la empresa privada MECO, por medio de un proceso que quedó en firme el 29 de enero de 2024.
A partir de ese momento, se inició el proceso de reparación de la pista, según los términos del cartel y las especificaciones técnicas definidas por personal de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC.
Dichas especificaciones contemplaban no solo el recarpeteo superficial, sino también la intervención de las capas subyacentes, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad y atender los daños atribuidos a las tormentas.
Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, la empresa constructora propuso aplicar una “ingeniería de valor”, mediante la cual alegó que no era necesario intervenir ciertas capas inicialmente contempladas.
Las “ingenierías de valor” son trámites que buscan optimizar el costo y la funcionalidad de un proyecto sin sacrificar su calidad, a partir de un análisis de los materiales, procesos y diseños para identificar áreas donde se puedan reducir costos. Pero, según las pesquisas, la propuesta presentada en este caso sí habría implicado una modificación sustantiva.
Según la investigación, el encargado de la unidad ejecutora y los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica se opusieron al cambio, pero habrían recibido presiones por parte de los detenidos.
Dichas presiones aparentemente derivaron en el reemplazo del jefe de la unidad ejecutora, lo que habría facilitado la aprobación de la ingeniería de valor y la modificación contractual a favor del contratista.
La adjudicación inicial era de $40 millones “para arreglas las cuarto capas de la carpeta asfáltica del aeropuerto”, según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga; pero con la reevaluación se decidió solo reasfaltar la primera capa por un monto apenas $4 millones inferior.
En otras palabras, indicó, “lo que se le descuenta a la empresa MECO son $4 millones de los $40 millones iniciales, cuando en realidad lo que se reelaboró o lo que se trabajó fue un 33% de la obra”.