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En agosto trascendió que las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estaban saturadas porque el Ministerio de Justicia y Paz no admitía a los presos, a quienes un juez ya les había dictado o prisión preventiva o una sentencia privativa de libertad.
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El Ministerio decía que tenía un margen de reacción muy estrecho, ya que, para poder recibir a todos los presos que estaban en celdas judiciales, debían desacatar las órdenes judiciales de cierres de cárceles, emitidas por varios juzgados de Ejecución de la Pena, así como las órdenes sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud por la pandemia del nuevo coronavirus.
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Un mes después de que hasta la presidencia y vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia se involucraron en el asunto, Justicia logró encontrar un arreglo y recibió a los reos que estaban a la espera de la admisión.
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Sin embargo, esa solución duró poco. Este 23 de diciembre, Wálter Espinoza, director del OIJ, se encuentra no solo molesto sino preocupado porque, pese a que las celdas judiciales continúan con una saturación elevada, el Ministerio de Justicia se mantiene “indolente y pasivo”.
Las declaraciones se dan en un momento en el cual hay 204 personas en estos espacios carcelarios. Cuatro de esos reos tienen 37 días de estar allí encerrados; otros cuatro llevan 33 días; diez han estado ahí por 19 días; veinte por 14 días y catorce por 13 días.
Lo preocupante es que, según lo ha dispuesto la Sala Constitucional, lo máximo permitido para estar en esas infraestructuras son tres días, ya que ahí no cuentan con luz o ventilación natural, no tienen atención médica, ni espacios recreativos, entre otras condiciones mínimas. Pasar más tiempo ahí es violatorio de derechos humanos y podría hasta considerarse tortura.
Pero estos números van más allá: en las celdas del OIJ de San José hay, a hoy, 47 presos que ya deberían estar en centros penitenciarios, lo cual supone un 61% de la capacidad máxima. Si a esto se le suma el resto de detenidos que deben pasar por esas celdas judiciales, la capacidad podría rebasarse.
En el caso, por ejemplo, de las sedes regionales, la situación es más crítica, según la Policía. En las sedes de Heredia, San Carlos y Ciudad Neilly su capacidad está al 100%, mientras que la de Nicoya está en un 117%.
“Si esto continúa, en un momento que será muy pronto no vamos a recibir más personas detenidas ni por Fuerza Pública, ni por la Policía de Migración, ni por el propio OIJ. ¿Por qué? Porque ya no cabría nadie más en nuestras celdas y mientras tanto, Justicia se mantiene indolente, permanece pasivo, no realiza ninguna actividad e irresponsablemente nos traslada a nosotros las consecuencias de una conducta administrativa que, a todas luces, es irregular”, reprochó fuertemente Espinoza.
La inquietud se da, principalmente, porque al comenzar estas épocas festivas, “las detenciones aumentan y nosotros como Policía Judicial no vamos a tener posibilidad de ubicarlas (...) Esto provocará un colapso y una crisis enormes cuyas dimensiones no queremos imaginar”.
Por su parte, el discurso de Fiorella Salazar, ministra de Justicia, no ha variado mucho desde agosto y, en una declaración facilitada por su oficina de prensa, indicó:
“El Ministerio ha venido experimentando una situación compleja. Una gran parte de centros tiene cierre técnico, que quiere decir que no podemos ingresar nuevas personas que vengan de celdas judiciales. Esto ocasiona una presa en celdas que es complejo, especialmente con el tema de la pandemia”.
Según los datos que envió el departamento de prensa, 12 de las 20 cárceles tienen orden de cierre, dictada por un juez de ejecución de la pena y otras siete no reciben indiciados (personas acusadas de algún delito y que les fue impuesta prisión preventiva).
Es decir, insistió Justicia, solo una prisión, llamada San Agustín y que queda en Heredia, tiene posibilidad de recibir indiciados.
Pese a esas situaciones, Salazar aseguró que la labor de recepción se ha mantenido y que le dan prioridad a las personas que llevan más tiempo dentro de la celda judicial.
Ejemplificó al decir que esta semana colocó a 132 personas en las cárceles de Liberia (8), en la Luis Paulino Mora (19), en la Gerardo Rodríguez Echeverría (50) y en la Jorge Arturo Montero Castro (55).
Basada en esos datos, agregó, queda pendiente la ubicación de 71 personas, las cuales se prevé que se realicen en los próximos días.
“Justicia no ha dejado de cumplir con la obligación que tiene dentro de este marco complejo en el que convivimos, tanto con las órdenes de cierre, como con los tiempos de aislamiento por la covid-19″, concluyó.
OIJ: Hacinamiento genera tensión entre reos y Justicia será el único responsable de lo que ocurra
Wálter Espinoza está claro: el hacinamiento genera mucha tensión entre los reos, ya que por más que los quieran mantener separados, eso ya no se puede.
Entonces por ello fue enfático en señalar a Justicia y, en general, a todo el Poder Ejecutivo, como los únicos responsables de lo que ocurra en celdas judiciales.
“El hacinamiento genera tensión que puede provocar motines, contagios (de la covid-19), afectar la salud de las personas y que, incluso, puede provocar efectos graves sobre la integridad de quienes están en celdas y el responsable de un acontecimiento de esta naturaleza es el Poder Ejecutivo y Justicia, porque no han tomado en serio las órdenes de los jueces”.
Y es que, insistió, cuando el Ministerio no acata esas órdenes judiciales, “se da una violación evidente de los derechos humanos de las personas y del respeto por el estado de ellos”.
Pero, más allá del trato degradante hacia los reclusos, Espinoza habló de que esta actitud de Justicia “quiebra el Estado de derecho”.
“Cuando Justicia de manera indolente viola garantías fundamentales y cuando no acata disposiciones de la Sala Constitucional, quiebra el Estado de derecho. El Poder Ejecutivo, en este caso, no manifiesta ninguna actitud positiva ni acciona de ninguna manera, a pesar de que le consta que tiene que atender a 204 personas que están en una situación difícil y que deben recibirlas”, apuntó Espinoza.
¿Qué ha hecho el OIJ?
Desde que esta situación comenzó, en agosto, el OIJ ha hecho una serie de diligencias para mejorar la situación; sin embargo, aseguraron que estas no han servido de mucho.
Entre las acciones está la presentación de 35 recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional, con las que se vuscó solventar la situación de cerca de 200 personas, externó Espinoza.
Además, han mantenido conversaciones con magistrados y con la ministra de Justicia, Fiorella Salazar; sin embargo, lamentó que en lugar de mejorar, “la situación tiende a ponerse más difícil, a decrecer y a generar más violación a las garantías fundamentales”.
Sobre esto, justamente en agosto, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Patricia Solano, hizo una fuerte crítica a la inacción por parte de Salazar.
En una comunicación que mantuvo con Salazar durante ese mes, la alta jueza le indicó: “Desde inicios de agosto escucho (que) siente preocupación, pero no observo acciones de las que pueda derivar una voluntad de cumplir las obligaciones constitucionales y legales del Ministerio de Justicia y Paz y recibir y atender a las personas detenidas por los jueces de la República”.
