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Esto provocó que la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Patricia Solano, hiciera una fuerte crítica a la inacción por parte de esa cartera, liderada por Fiorella Salazar.

En una comunicación que mantuvo con Salazar la semana pasada, la alta jueza indicó: “Desde inicios del mes escucho (que) siente preocupación, pero no observo acciones de las que pueda derivar una voluntad de cumplir las obligaciones constitucionales y legales del Ministerio de Justicia y Paz y recibir y atender a las personas detenidas por los jueces de la República”.

Catalogó, además, como “una respuesta insuficiente” el hecho de que la jerarca se escudara en que nunca han dejado de recibir presos y que lo único que ha cambiado es la “velocidad” con la que se ingresan al sistema, sobre todo porque eso es lo que ha generado un “hecho real y cierto” de saturación de celdas.

Salazar, por su parte, le respondió que “nadie está obligado a lo imposible” y que, de momento, la única manera para recibir a todos los presos que están en celdas judiciales sería si se desacatan las órdenes judiciales de cierres de cárceles, emitidas por varios juzgados de Ejecución de la Pena y las órdenes sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud por la pandemia del nuevo coronavirus.

Sin embargo, como ese no es un escenario posible, la jerarca insistió en que “nuestro margen de maniobra es realmente estrecho”, aseguró.

Pese a eso, agregó que han tenido acciones “proactivas”, de las cuales solo mencionó que, a principios de julio y ante la llegada del nuevo coronavirus a las prisiones nacionales, enviaron solicitudes escritas a los jueces de ejecución para pedirles levantar los cierres.

Agregó que, o no recibieron respuesta o la recibida “no fue positiva”.

“A pesar de ello, el Ministerio de Justicia y Paz no ha dejado de hacer esfuerzos extraordinarios para cumplir la obligación que en ningún momento ha desconocido poseer, adaptándose a la situación que vive el país, y el mundo, y gracias a lo cual los nuevos ingresos a los centros penitenciarios no se han detenido”, concluyó Salazar en su comunicación con la vicepresidenta de la Corte.

Urgen solución

Además de la vicepresidenta de la Corte, el magistrado de Sala Tercera, Gerardo Rubén Alfaro, también fue crítico con la inacción de Justicia, sobre todo porque, a su criterio, el Poder Ejecutivo está trasladando al Judicial un problema que no les compete: la administración de los privados de libertad.

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“El punto es que el Ejecutivo tiene que articular de alguna forma para poder solucionar, pero nos trasladan el problema a nosotros (...). Justicia nos ha trasladado un problema que no tenemos la capacidad para solventar (...). Nos está agregando un problema a los tantos que tenemos a diario.

“No tenemos la posibilidad de decirle a un juez que no ordene una prisión preventiva, porque el juez está dentro de independencia de definir si una persona merece o no una prisión”, señaló el magistrado la semana anterior en entrevista con este medio.

Por eso, hizo un llamado para que las autoridades de ese ministerio trabajen pronto en una salida para esta saturación.

Por su parte, el OIJ también urge que se llegue a una solución, principalmente por un tema de derechos humanos ya que esos espacios no cuentan ni con ventilación natural, ni con comedor, ni con espacio para atención médica o visita familiar.

Pero, además de eso, necesitan descongestionar las celdas porque ya hay tres sedes judiciales (Alajuela, Heredia y San Ramón) que no pueden recibir más privados de libertad y eso dificulta el cumplimiento de la función de la Policía Judicial.