Cuando a un recluso le dictan prisión preventiva o lo condenan, los agentes de la sección de cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo trasladan a celdas judiciales a la espera de que el Ministerio de Justicia los coloque en algún centro penal del país.

Sin embargo, desde el 31 de julio, esa dinámica se frenó al punto de que, al 13 de agosto, 117 reos saturaban las celdas del OIJ, mientras esperan ser reubicados en algún centro penitenciario, según se lee en un informe brindado por la Policía Judicial a Sala Tercera.

Es decir, la Policía Judicial asegura que Justicia comenzó a tener “retardos o dilaciones injustificadas” en la recepción de reclusos; sin embargo el ministerio asegura que, pese a que muchas de las cárceles tienen órdenes de cierre dictados por jueces, ha seguido recibiendo presos “como siempre”.

A criterio del director del OIJ, Wálter Espinoza, la situación es “grave” por varias razones; la principal es que esos espacios fueron hechos para estar ahí por pocos días, puesto que no cuentan con ventilación natural, no tienen lugar para esparcimiento, no hay forma de recibir visitas, no tienen comedor y ni siquiera reciben atención médica.

No obstante, en ese informe a los magistrados se habla de que hay 48 reclusos con más de 72 horas de estar recluidos.

La otra preocupación del jerarca policial es el impacto que tendrá esta saturación en las celdas judiciales, ya que, por ejemplo, en los Tribunales de Pococí ya se alcanzó la ocupación máxima permitida: 13 detenidos.

“No hay espacio para el traslado de detenidos a audiencias, juicios y otras diligencias judiciales. Tampoco hay lugar para recibir a las nuevas personas detenidas”, señala la letrada de Casación Penal, Ligia Cerdas.

Al 12 de agosto, otras de las celdas con una ocupación alta eran las de Goicoechea (con un 40%), Heredia (36%), Cartago (39%), San Carlos (50%), Alajuela (55%), Limón (36%) y San José (40%).

Precisamente, este viernes la Sala Constitucional condenó a Justicia por los “tiempos excesivos y desproporcionados que pasan privados de libertad en celdas del OIJ”.

Lo anterior, luego de declarar con lugar un recurso de habeas corpus presentado a favor de un privado de libertad que llevaba más de ocho días en una celda de la Policía Judicial, a la espera de ser reubicado.

El recurso fue interpuesto por el propio Espinoza en contra del despacho de Justicia, donde expuso los mismos argumentos antes citados. Los magistrados, de forma unánime, dispusieron que, de forma inmediata, el tutelado y todos los privados de libertad que estén en idénticas circunstancias sean reubicados en un centro penal.

El magistrado instructor del caso, Jorge Araya García, manifestó que el Tribunal Constitucional “es consciente de todos los obstáculos que afrontan actualmente las autoridades penitenciarias a raíz de la pandemia de covid-19 para ubicar, con prontitud, a los privados de libertad provenientes de celdas del OIJ.

“Sin embargo, aclaró que es responsabilidad de dichas autoridades implementar y ejecutar medidas contundentes y efectivas que permitan que la población penal que se mantiene en celdas judiciales lo haga de forma temporal y no de manera prolongada, en claro menoscabo de sus derechos y garantías, tal y como sucedió en el caso del tutelado”, indica un comunicado de la Sala IV.

Justificaciones

En acercamientos que ha tenido el OIJ con Justicia, este último indica que están atados de manos ya que muchos de los centros penales tienen órdenes de cierre dictados por jueces de Ejecución de la Pena, lo que implica que ni un solo reo nuevo puede ingresar.

En ese sentido, la ministra de esa cartera, Fiorella Salazar, desmintió que se haya dejado de recibir reos, pero reconoció que tienen que hacer malabares por esas resoluciones judiciales que les prohíben los nuevos ingresos a algunos centros.

“Por eso fue que en julio hicimos llegar a esos jueces una solicitud para levantar esas órdenes y que nos permitan usar esas órdenes para acomodar mejor a los nuevos ingresos, pero estamos pendientes de que nos respondan la solicitud”, destacó.

Además, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, uno de los lineamientos de Justicia es que todo reo que ingrese al sistema debe cumplir con un periodo de 14 días de aislamiento en sitios destinados para ello.

No obstante, mencionó Salazar, tienen “una situación en relación a los espacios de aislamiento porque se han ido llenando”. No ahondó en posibles soluciones ante eso.

Policía Judicial acude a magistrados

Desde que comenzaron a notar la dilación en la recepción de los reclusos, el OIJ comenzó a tocar puertas de Justicia, así como de magistrados de Sala Tercera.

A estos últimos envió un informe, el 7 de agosto, para indicar lo que ocurría y así los ayudaran a gestionar una pronta solución. Enteró también a la Comisión de Enlace Corte-OIJ sobre la situación.

En la exposición que hizo el jerarca de la Policía Judicial hizo referencia al habeas corpus que se resolvió este viernes y añadió: “El OIJ tiene pocas opciones de solución, pues no podemos obligar a esa entidad a recibir a las personas, pero tampoco podemos dejarlas en libertad”.

Ese mismo 7 de agosto, Heriberto Álvarez, director del Nivel Institucional de San José, envió respuesta a ese informe, la cual fue dada a conocer a Sala Tercera.

Allí, Álvarez reconoció que han enfrentado “serias limitantes” para llevar a cabo la recepción diaria de reos que, desde junio del 2019, es una obligación que quedó en firme en el fallo N°. 11139-2019 de la Sala Constitucional.

Entre las dificultades, mencionó las órdenes de cierre y/o restricción impuestas por jueces de Ejecución de la Pena y las órdenes sanitarias giradas por la pandemia.

En lo redactado por Álvarez se lee: “Es por ello, que en razón de disposiciones emitidas por los diferentes entes contralores y de los efectos causados por la situación pandémica de la covid-19 a la población privada de libertad y a los funcionarios en general, que de momento, carecemos de alternativas en las cárceles para hacer cumplir lo ordenado por el Tribunal Constitucional en cuanto a la ubicación ágil y oportuna de detenidos procedentes de celdas del Organismo de Investigación Judicial.

“De manera que para lograr ubicar los detenidos los próximos días, se requiere una estrategia integral que se emita desde las altas jerarquías”.

Ante esto, el director policial ahondó en que, si bien Justicia ha recibido algunos reos en estos días, la cifra no baja de “forma representativa”.

Explicó que el OIJ recibe detenidos todos los días y eso hace que, cuando el ministerio recibe un preso, este sea sustituido de forma casi inmediata en las celdas judiciales.

“Esto es una situación muy grave”, concluyó Espinoza.

Situación conocida

Esta no es la primera vez que el OIJ tiene que salir al paso para pedirle a Justicia que recibe a los reclusos que ya están bajo custodia del ministerio.

Fue en febrero del 2018 cuando el director policial Wálter Espinoza brindó una conferencia con notoria molestia, luego de que se diera un asesinato en las celdas judiciales.

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Él aseguró que dicho crimen respondía a que tenían esos espacios saturados porque Justicia no recibía a los reclusos.

En aquel momento, dijo que habían presentado cerca de 44 recursos, pero que no habían obtenido mayor respuesta.

La defensa de Justicia iba muy en el sentido de lo que dicen actualmente: las órdenes de cierre técnico de las cárceles desencadenaban no poder usar espacios carcelarios y limitaban así la maniobrabilidad.

Además, insistió Marco Feoli, entonces ministro de esa cartera, que los jueces hacían uso excesivo de la prisión preventiva por lo que ambos factores al unirse generaban un hacinamiento insostenible en el sistema penitenciario.