Yeryis Salas. 5 julio
María Salas Ruiz inició el proceso el 6 de junio del 2017, luego de que el Consejo Superior del Poder Judicial la forzó a jubilarse. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.
María Salas Ruiz inició el proceso el 6 de junio del 2017, luego de que el Consejo Superior del Poder Judicial la forzó a jubilarse. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó reinstalar a una jueza que fue jubilada a la fuerza por, supuestamente, tener una enfermedad que no padecía.

En la sentencia del 26 de junio, el Tribunal también condenó al Estado a pagar daños y perjuicios a la demandante, María Salas Ruiz, de 35 años.

Salas, quien ya trabajaba provisionalmente gracias a una medida cautelar, volvió de forma definitiva a su puesto de letrada en la Sala Constitucional y de interina en el Tribunal de Familia.

“Se ordena a la Administración respetar las recomendaciones médicas y hacer las readecuaciones necesarias para que la actora pueda desempeñar su trabajo como funcionaria que administra justicia o en otros puestos que le permitan desarrollar sus labores”, señalaron los jueces.

Asimismo, el Ministerio Público deberá investigar si existió alguna acción irregular por parte del exmagistrado constitucional, Ernesto Jinesta, así como Kattia Salas y Cindy Quesada, funcionarios que tramitaron su jubilación y la posible clonación de su plaza.

“Con respecto a este último aspecto -clonación de plaza- póngase en conocimiento la presente sentencia al gerente del Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, Rafael Picado López”, detalla el documento.

Según esta orden, la Contraloría deberá informar en tres meses, a partir de la notificación del fallo, si existieron anomalías contra la hacienda pública.

El caso

Salas denunció que el Consejo Superior, órgano que ejerce la administración y disciplina del Poder Judicial, acogió, el 6 de junio del 2017, una recomendación de tres médicos forenses de apellidos Vargas, Paguaga y Rodríguez, para jubilarla.

Ella padece el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza, principalmente, por la sequedad de mucosas, sobre todo ocular y oral, pero no le impide trabajar.

Debido a esto, el Consejo Superior recomendó en el 2016 reubicarla a un puesto en el que no tuviera que hacer uso prolongado del computador y donde no se viera expuesta al polvo o al aire acondicionado.

No obstante, el 25 de abril del 2017 los doctores sugirieron la jubilación de Salas porque, según ellos, también padecía fibrosis pulmonar intersticial.

Ella desmintió padecer esta última enfermedad, basada en un documento emitido por la jefatura de consulta externa del Hospital México, del 25 de setiembre del 2017.

A los tres médicos, empleados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se les investiga por el presunto delito de falsedad ideológica, caso tramitado bajo el expediente 17-34-033-PE.

Asimismo, se les sigue un proceso en Inspección Judicial, el cual está suspendido por la causa penal, comunicó la oficina de prensa del Poder Judicial.

“Fallo histórico”

En declaraciones a este medio, Salas comentó que se trata de un “fallo histórico”, y que sus compañeros de trabajo lo tomaron como un precedente en casos administrativos y judiciales contra sus superiores.

“Al inicio del proceso muchas personas me dijeron que no iba a terminar en nada porque era difícil que alguien se metiera a contradecir a las personas de alta jerarquía. Me parece un tribunal valiente, estudioso. La sentencia se hizo de forma exhaustiva en cuanto a determinar que el acto fue violatorio de todos mis derechos”, afirmó.

“El Tribunal logró identificar todas las irregularidades que se dieron a lo largo del proceso de jubilación, que además nunca pedí, y (los jueces) lograron verificar que los dictámenes fueron emitidos de una manera sumamente veloz”, añadió.