San José
Una jueza demandó a la Corte Suprema de Justicia debido a que el Consejo Superior del Poder Judicial decidió pensionarla de forma permanente a sus 33 años, a causa de una enfermedad que le impide laborar en lugares donde hay aire acondicionado o está expuesta a ventilación.
La abogada María Victoria Salas Ruiz, quien tiene seis años de trabajar para el Poder Judicial, fue diagnosticada desde el 2008 como portadora del síndrome de Sjorgren primario, un padecimiento que ataca las células que producen humedad y secreciones, por lo que debe usar saliva, lubricantes y lágrimas artificiales durante todo el día.
Esa situación hace que no pueda estar expuesta a lugares donde hay aire acondicionado o ventilación, según explicó la jueza en una entrevista con La Nación.
Desde el 2012, ella fue nombrada en propiedad en Guápiles como jueza supernumeraria, es decir, ella se encargaba de reforzar despachos donde había sobrecarga de expedientes judiciales.
Según explicó Salas, debido a que en la zona que trabajaba se veía expuesta a la ventilación y el aire acondicionado, su condición empeoró, por lo que estuvo varios meses incapacitada. Por esa razón, en febrero del 2016 inició la gestión en el Consejo Superior para que fuera trasladada de lugar de trabajo.
Proceso de traslado
La abogada agregó que en junio del año anterior empezó a trabajar de forma interina en la Sala Constitucional, como letrada en la Oficina de Seguimiento de Sentencias. Dos meses después, en agosto, Medicina Legal la valoró y recomendó que la reubicaran en un puesto en San José donde tuviera alternancia de funciones y donde no haya aire acondicionado. Para ello, le solicitó al departamento de Salud Ocupacional que le buscaran una plaza.
En diciembre del 2016, la jueza envió una nota al Consejo Superior en la que solicitó que se definiera en cuál plaza la podían trasladar de forma definitiva, pues ella sabía que la Sala Constitucional se iba a instalar en un nuevo edificio en Sabana sur, donde había aire acondicionado.
Dos meses después, el 8 de febrero de este año, la Oficina del Centro de Apoyo del Mejoramiento en la Función Jurisdiccional, departamento al cual pertenece la plaza de jueza supernumeraria, le informa al Consejo Superior que el puesto apto para su situación de salud es el que actualmente ocupa en la Sala Constitucional.
Sin embargo, dos días después de esa solicitud, el Centro de Apoyo dio marcha atrás con la recomendación, porque la directora de la Sala Constitucional indicó que no puede trasladar a la jueza al nuevo edificio porque hay aire acondicionado.
En la sesión del 16 de marzo, el Consejo Superior acordó trasladar a Salas a una plaza en San José y dispuso que la funcionaria debía ser valorada por el Consejo Médico Forense, para determinar si podía desempeñarse de forma idónea el cargo que ostenta.
En mayo, después de que hizo una valoración médica, el Consejo Médico Forense le responde al Consejo Superior que Salas no es idónea para los puestos que fue contratada.
Luego de eso, el Consejo Superior pide una ampliación en la que se indique el porcentaje de incapacidad absoluta con el fin de determinar si se debe incapacitar permanentemente.
El Consejo Médico respondió que perdió el 67% de su capacidad orgánica y por esa razón se resolvió en la sesión del 6 de junio que debía ser jubilada de forma definitiva, según consta en el acuerdo 797-2017, del cual este diario tiene copia.
Acciones legales
Debido a la resolución del Consejo Superior, la jueza Salas inició un proceso de demanda contra el Estado, pues considera que se están violentado sus derechos al trabajo y a la salud.
El 8 de junio, ella solicitó, como medida cautelar, que fuera reinstalada en el puesto interino en la Sala Constitucional, petición que fue aceptada por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Actualmente, ella está laborado normalmente en un espacio acondicionado en el edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Ella alega que no tiene una afectación del 67% de su capacidad y que ha llevado una vida normal, lo único que requiere son algunas condiciones para desempeñarse.
"Me da mucha vergüenza llegar hasta estas instancias, porque es evidente que este es un tema de que Victoria no puede trabajar, sino un tema de poder, de que se queda callada o asume las consecuencias. Tengo respaldo médico, estadísticas de mi trabajo. Me da mucha pena llegar a esto, que le quita credibilidad al Poder Judicial, que no pensó en mi condición de mamá, ni de mujer", manifestó Salas.
De acuerdo con la jurista, con el dinero que recibiría como pensión tendría un cambio en su vida, pues no podría pagar la casa, prestamos, ni la escuela de sus hijos. No obstante, expresó que ella no está peleando por que la jubilen con un alto monto, sino para que la dejen trabajar.
"Lo que yo quiero es trabajar, no estoy peleando por la pensión, lo he dicho en cada solicitud. Yo podría estar en mi casa, incapacitada, pero no, lo que estoy es pidiendo trabajar pero con condiciones", enfatizó Salas, quien es madre de dos niños.
En una nota enviada al Consejo Superior, Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), pide que la Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial intervenga en este caso.
"Como se puede observar, la recomendación de pensionar a la señora Salas se realiza sin analizar la posibilidad de ser reubicada en un puesto que sí pueda desempeñar sin ver afectada su salud, con lo cual se le violenta su derecho al trabajo, y con ello se afecta su desarrollo profesional y el nivel de vida de su familia, ya que al ser doña María Victoria una persona joven, de 33 años, con pocos años de laborar en el Poder Judicial, su pensión sería muy baja, con el agravante de que no podría laborar ocasional o parcialmente", indicó Orocú en su nota.
John Brenes, abogado de Salas, detalló que el pasado 28 de junio se presentó la demanda formal ante el Contencioso, en la que se ofrece toda la prueba documental y pericial para acreditar que su clienta puede laborar.
Ahora sigue que asignen el proceso a un juez, el cual hará la revisión. Posteriomente, lo pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la República (abogado del Estado), luego señalarán fecha para una audiencia preliminar y el juicio.