Yeryis Salas. 16 noviembre
La privada de libertad que presentó el recurso de amparo recibió un trato discriminatorio, resolvieron los magistrados. Foto: Cortesía.
La privada de libertad que presentó el recurso de amparo recibió un trato discriminatorio, resolvieron los magistrados. Foto: Cortesía.

El Ministerio de Justicia discriminó a una privada de libertad al negarle el ingreso al Programa de Justicia Restaurativa por ser mujer, sentenció la Sala Constitucional este viernes.

Los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo, presentado por la reclusa afectada, contra el Instituto Nacional de Criminología, órgano de Justicia encargado de las admisiones a dicho sistema de reinserción social.

El director de este Instituto rechazó la solicitud de la mujer al argumentar que el programa solo admite hombres.

“Ha quedado fehacientemente demostrado que un jerarca le negó el acceso a la tutelada al citado programa solo por su condición de fémina, haciendo una distinción que ni siquiera la norma reglamentaria permite”, señala la sentencia 2019-022558.

El Tribunal indicó que “en términos generales discriminar es diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos, en este caso del género femenino”.

La Sala basó su decisión en el artículo 33 de la Constitución Política, el cual estipula que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.

Los magistrados ordenaron al Ministerio de Justicia contestarle a la privada de libertad su solicitud de ingreso al programa sin tomar en cuenta su género.

Además, en el plazo de un mes luego de notificada la sentencia, se deberá habilitar el acceso de las mujeres a Justicia Restaurativa.

Este modelo de reinserción permite a las personas ofensoras someterse a medidas alternativas a prisión, como trabajo comunal y asistencia a terapias, luego de negociar con las víctimas.

Bajo este sistema no se admite a quienes cometieron delitos de carácter sexual, de crimen organizado y trata de personas, así como a quienes violentan la mayoría de infracciones de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y la ley sobre estupefacientes.

La Nación intentó obtener una reacción del Ministerio de Justicia, sin embargo, no fue posible recibir respuesta.