Hugo Solano C.. 18 julio

Emilia Navas, fiscala general de la República, reiteró este jueves en la Comisión sobre Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, la necesidad de hacer correcciones a la Ley de Justicia Restaurativa, con el fin de garantizar la independencia del Ministerio Público en los casos que ahí se tramitan.

(Video) Fiscala llama a corregir vacío que dejó Ley de Justicia Restaurativa

La legislación, aprobada el año pasado, promueve la eficiencia en el tratamiento del delito e instrumentos y metodologías que respondan a políticas de reinserción social, accesibilidad, justicia pronta y cumplida.

La norma permite que ciertos ofensores primerizos ejecuten planes restaurativos en vez de recibir condenas de prisión convencionales. Entre las alternativas están el trabajo comunal y someterse a terapias, siempre y cuando la víctima del delito esté de acuerdo.

Desde que el presidente Carlos Alvarado firmó la ley, dejó claro que urgía de modificaciones, por lo que en la Asamblea se desarrollan las audiencias para corregirla, mediante el expediente 20.910, que pretende reformar el artículo 6, en lo referido a la rectoría.

También se incluye una enmienda del numeral 6 bis a la de Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, para que la atención se oriente más a las víctimas.

Navas destacó la importancia de definir la rectoría, con el objetivo de evitar que un coordinador le imponga a la Fiscalía cuáles y cómo llevar los casos, ya que la independencia del Ministerio Público está respaldada por la Constitución Política.

El artículo 6 dice de la ley vigente (N.°9582) dice que la implementación de la ley estará bajo la Dirección de Justicia Restaurativa como ente rector, con la propuesta en estudio esa Dirección pasaría a ser ente coordinador.

Emilia Navas, fiscala general, insistió en reformas a la Ley de Justicia Restaurativa. Le acompaña el magistrado de la Sala III, Rafael Segura. Foto: Cortesía Bressia Benel.
Emilia Navas, fiscala general, insistió en reformas a la Ley de Justicia Restaurativa. Le acompaña el magistrado de la Sala III, Rafael Segura. Foto: Cortesía Bressia Benel.

“Ser rector significa el tener en sus manos el poder de decisión de cómo va a funcionar el programa, hacia dónde va a ir y bajo cuáles directrices y políticas.

"Dejar abierto para un futuro este artículo (artículo 6) significa que no voy a poder blindar al Ministerio Público de un magistrado o magistrada y, lo digo con mucho respeto, que tenga un concepto diferente y que venga a imponer políticas y directrices al Ministerio Público de qué casos llevar y cómo atenderlos en un futuro.

Ante consultas del diputado liberacionista Gustavo Viales, Navas aclaró que el cambio solicitado es “esencial e indispensable” para evitar injerencias de actores externos a la Fiscalía.

Añadió que aunque hay casos de buena coordinación y transparencia con el programa de justicia restaurativa, como ocurre ahora con el magistrado de la Sala Tercera, Rafael Segura, anteriormente hubo roces con la magistrada Doris Arias.

Recordó que con Arias se les negaban datos estadísticos e información que urgía al Ministerio Público.

“La experiencia con la anterior magistrada coordinadora no fue muy buena, al punto de que nosotros pedíamos datos estadísticos y no nos los daba. Los funcionarios nos pedían información, la gestionábamos ante la señora exmagistrada y no nos la daba”, dijo Navas.

La situación llegó hasta el punto de que tuvieron que pedir la implementación de un sistema de gestión que se conoce como Signa, para empezar desde enero de este año a registrar todos los datos estadísticos.

Para tomar decisiones, la Fiscalía ocupaba saber los casos en que había pactos (acuerdos entre las partes), los casos de pactos rotos y si los imputados e imputadas habían cumplido con el programa, pero no se les daba detalles.

Situación actual

En la comparecencia de este jueves, el coordinador Rafael Segura afirmó que tienen recursos muy escasos para cumplir con lo estipulado en la ley, sobre llevar el programa a todo el país, en un plazo de tres años.

Pese a ayudas de la Embajada de Estados Unidos, Unicef y la Unión Europea, entre otros, actualmente trabajan con personal del Ministerio Público, pues no tienen posibilidad de crear nuevas plazas.

Afirmó que el programa ha sido exitoso en los ocho años de funcionamiento, (regulado por ley desde hace un año), pues prioriza la resolución alterna de conflictos, lo que colabora a reducir el hacinamiento carcelario.

De igual manera, la reincidencia de los victimarios en ese sistema alternativo es cero.

El 95% de las personas que llegaron se mostró satisfecho con la atención en el programa, gracias al control de las instituciones y el apoyo del equipo psicosocial.