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Como parte del trámite de un recurso de habeas corpus, este viernes la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al juez o jueza coordinadora del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José que emita un criterio sobre la viabilidad para utilizar 400 espacios disponibles en el Centro de Atención Integral (CAI) San José, mejor conocido como San Sebastián.
Específicamente, la Sala IV le da al juzgador 24 horas para que se pronuncie al respecto, pues desde el 2016, dicha instancia ha manifestado en reiteradas resoluciones que San Sebastián es “una jaula humana” y que no puede recibir a más privados de libertad.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Paz ha solicitado que dicho centro se reabra para solventar la actual crisis penitenciaria que enfrenta el país, con todas las cárceles cerradas por hacinamiento y otras órdenes judiciales y con las celdas del Organismo de Investigación Judicial a su máxima capacidad.
Según la orden emitida por el alto tribunal, la información que debe suministrar el juez de Ejecución de la Pena busca profundizar en la declaraciones de la ministra de Justicia, Fiorella Salazar. La jerarca dijo el pasado 28 de setiembre, en una audiencia para mejor resolver, que “hay aproximadamente 400 espacios disponibles en el Centro de Atención Institucional San José para el ingreso de privados de libertad, espacios que fueron producto de remodelaciones e inversión en infraestructura”.
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Apenas ayer, jueves 30 de setiembre, la jueza Mayra Acevedo Matamoros le prohibió a la cartera referirse a temas relativos al CAI San José durante una semana, con el objetivo de “garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control”.
Debido a los cuestionamientos que suscitó la medida por la censura al ministerio, Acevedo añadió que no se trataba de que la la entidad tenga prohibido hablar de temas penitenciarios, sino que el fallo se limita únicamente a no brindar información a la prensa sobre la situación actual de ese recinto capitalino para indiciados.
Como consecuencia, el departamento de prensa del Ministerio argumentó que “en cumplimiento de una orden judicial que nos impide referirnos a temas penitenciarios, a partir de este momento, no nos será posible atender consultas al respecto. Otros temas seguirán el flujo normal de información”.
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