En las cárceles del país no cabe un reo más. Este mes el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó el cierre del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, en Alajuela, el único que estaba habilitado para recibir a más privados de libertad.
La noticia, confirmada a La Nación este miércoles por la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, trasciende cuando en celdas del Organismo de Investigación Judicial hay otras 250 personas a la espera de un espacio en el sistema penitenciario.
El gravísimo problema de hacinamiento de la Gerardo Rodríguez fue la causa del cierre, ordenado desde el 10 de setiembre anterior. En la resolución 2021-006260, firmada por el juez Roy Murillo Rodríguez, se confirma que ese centro tiene una capacidad real para 798 reos, pero al 10 de agosto pasado había 1.618 entre indiciados y sentenciados, para una ocupación del 204%.
“Del total de la población penal, 602 personas tienen condición de sentenciados y se les mantiene en un espacio carcelario sin el equipo profesional ni los programas de atención adecuados para población sentenciada, con lo que se obstaculiza de forma grosera la finalidad resocializadora de la pena, se quebranta la división de la población según su condición jurídica y se afecta el proceso de atención y el derecho de la población penal a una reinserción anticipada y paulatina a la comunidad”, indica el juez en su disposición.
Además, Murillo le recrimina a Justicia que no ha cumplido reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional y del propio Juzgado que le ordenan “eliminar el hacinamiento crítico, trasladar la población penal sentenciada a un centro conforme su situación jurídica y asegurar el efectivo respeto a los derechos humanos de la población penal”.
Al igual que esta cárcel, sobre el resto de sedes del sistema penitenciario hay diferentes órdenes de cierre que impiden la recepción de más privados de libertad. Salazar confirmó que en la actualidad hay recluidas a 15.500 personas, aproximadamente, y un hacinamiento promedio del 20,4%. La Gerardo Rodríguez era la Unidad de Atención Institucional con la peor de las condiciones.
Ante la clausura de todo el sistema y la negativa del Ministerio de Justicia de reubicar algunos reos en el régimen semiinstitucional, como lo recomendaron los propios jueces de ejecución de la pena, las opciones de solución son mínimas. Según Salazar, la única salida sería que se levante el cierre del Centro de Atención Integral San José, mejor conocido como San Sebastián.
Dicha cárcel registra 207 personas recluidas, pero tiene espacio para 591 privados de libertad, es decir, hay 384 cupos libres. La decisión depende de que la Fiscalía o la Defensa Pública le pidan al Juzgado de Ejecución que revise la situación de este centro y autorice su reapertura. Paralelamente, hace tres semanas Justicia interpuso una consulta ante la Inspección Judicial cuestionando la competencia de un juzgado de ejecución de la pena sobre un centro que no tiene personas sentenciadas, solo indiciadas.
Otra posible solución depende de lo que se resuelva con el habeas corpus planteado por Justicia y el Ministerio de Salud sobre el uso de espacios de aislamiento por covid-19 en centros penitenciarios.
En dicha gestión, que atenderá la Sala IV en audiencia pública el próximo 28 de setiembre, se cuestionan las órdenes emitidas por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela que impiden el aprovechamiento de otras 100 plazas en el gimnasio de la UAI Reinaldo Villalobos, en Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
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Medidas paliativas, salida sería Terrazas
La jerarca Fiorella Salazar estima que si estas posibilidades se concretan –reabrir San Sebastián y habilitar el gimnasio–, el sistema penitenciario tendría un respiro para liberar las celdas de la Policía Judicial y abrir el Centro de Atención Integral Terrazas, en San Rafael de Alajuela, con capacidad para 1.248 reclusos más.
Dicho penal está construido y listo para su uso desde diciembre del año anterior, pero no se abría por falta de presupuesto. No obstante, la ministra asegura que ya cuenta con un presupuesto extraordinario de ¢3.600 millones que le permitirá crear 745 plazas nuevas, entre policías, personal técnico y administrativo que se encargue de atender el lugar.
Aseguró que el proceso de reclutamiento empezó desde octubre del 2020, por lo que estima posible que en noviembre tenga a todo el personal disponible y pueda empezar el traslado de privados de libertad. El dinero antes mencionado le alcanzaría solo para cubrir salarios durante el último trimestre del año, pues aseguró que otros gastos como alimentación y servicios básicos como electricidad y agua potable ya estaban cubiertos en en el plan anual.
Sin embargo, si no hay luz verde para reabrir cárceles, Salazar descartó, tajantemente, pasar a reos a sistemas semiabiertos. “Nosotros hemos sido súper claros en la posición con respecto a las valoraciones ordinarias y extraordinarias en relación con cambio de modalidad al régimen semiinstitucional. Al día de hoy la institución está al día con las valoraciones que tenía atrasadas por meses. (...) No estamos valorando hacer valoraciones extraordinarias en relación con este tema y los espacios y la necesidad de tener más campo en el sistema, esa no es una posibilidad”, aseveró.
Colaboró en esta información la periodista Katherine Chaves.