EscucharPrivados de libertad con el beneficio de tobillera electrónica afirmaron que los dispositivos nuevos, administrados por Radiográfica Costarricense (Racsa), tienen menor calidad que los anteriores y se descargan más rápidamente.
Así lo denunció Rafael Ángel García, presidente de la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, quien cuenta con los reportes de personas dentro del sistema de monitoreo electrónico que señalan los defectos y expresaron temor de que los problemas con la carga de los dispositivos nuevos les generen alguna alerta por incumplimiento ante las autoridades.
García sostuvo que algunos llevan casi dos meses sin que les funcione la tobillera, desde que el 8 de marzo venció el contrato anterior de monitoreo, con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual daba el servicio desde el 2017, cuando se introdujo la tecnología en el país.
El 15 de febrero, el Ministerio de Justicia y Paz anunció que Racsa asumiría de forma urgente el control de las más de 1.800 tobilleras, mientras la Contraloría General de la República (CGR) resolvía los recursos presentados contra la nueva contratación que el Ministerio otorgó al Consorcio para el Monitoreo de personas en Costa Rica, compuesto por una empresa brasileña en asocio con Racsa.
Justicia confirmó a La Nación que esta semana empezó a regir el contrato nuevo de forma definitiva.
Sin embargo, algunos privados de libertad enfrentaron problemas durante la transición del sistema anterior al nuevo.
Un hombre de apellido Hernández, oriundo de Puntarenas, quien lleva dos años con tobillera, dijo que el mismo día que le pusieron el nuevo dispositivo, al llegar a su casa, empezaron los problemas.
“Me entró una llamada de monitoreo, del mismo número de siempre. Me dicen que si puedo volver otra vez a la oficina para que me vuelvan a cambiar el brazalete porque no está cargando. Cuando llego allá, una mujer me da otra versión y me dice que el dispositivo no está haciendo comunicación.
“Proceden a cambiarlo; incluso, la faja tuvieron que cortarla con una tenaza de construcción porque no tenían con qué quitarla. Me vine a la casa, lo puse a cargar y lo que me duraba cargado era como cinco o seis horas. Me empezó a vibrar, a pedir batería, lo conecté nuevamente, y así pasaba, tenía que estarlo cargando dos o tres veces al día.
“Yo mandé un correo diciendo que tenía problemas, empecé a llamar por tres días y no contestaron”, relató el reo.
Hernández afirmó que el aparato nuevo es más liviano y cómodo de usar, pero él se siente inseguro de que falle y genere algún informe de incumplimiento de la medida a la Unidad de Monitoreo Electrónico.
Otro caso
El mismo temor expresó una privada de libertad de San José, quien dijo que la batería del dispositivo no se conectaba con el cable para cargarlo.
Rafael Ángel García agregó que una de las grandes diferencias de las nuevas tobilleras es que ahora se deben cargar con un cable, mientras que con los aparatos anteriores se podía hacer de forma inalámbrica.
“Ha sido un retroceso en tecnología con la empresa Racsa. Los dispositivos no vienen nuevos, parece que vienen como usados, están rayados, están como deteriorados. Cuando se hace un contrato nuevo, la empresa está en obligación de dar los dispositivos nuevos”, señaló el presidente de la Asociación.
La ESPH, anterior operador, afirmó que la transición hacia las tobilleras del nuevo contrato se realizó en un tiempo menor al recomendado para que los ingenieros transfirieran los datos a la empresa nueva, y aseveraron que el Gobierno no probó la calidad de los aparatos durante el proceso de licitación.
“Un tiempo prudencial para poder realizarlo de una buena forma son por lo menos dos meses. El Gobierno tomó una decisión de hacer un cambio en cuestión de una semana o dos”, declaró Daniel Vargas, encargado del proyecto cuando estuvo en manos de la ESPH.
En febrero, esta entidad indicó que Racsa usaría una tecnología que ya había sido descartada por Justicia en el pasado.
Vargas afirmó que la ESPH había ofertado un precio de $7,23 diarios por dispositivo, menor a los $11,64 que se pagaban con el contrato anterior, por lo que no era cierta la afirmación del Gobierno de que los costos se reducían solo con el precio de $5,99 ofertado por Racsa.
De igual forma, Vargas añadió que el Ejecutivo no dio suficiente tiempo para preparar el cambio de una empresa a otra.
Detalló que ellos habían acordado asumir el contrato de emergencia, pero se enteraron de que este sería otorgado a Racsa hasta cuando el presidente Rodrigo Chaves lo anunció en la conferencia de prensa del 15 de febrero, cerca de tres semanas antes de que acabara la relación con la ESPH.
Proceso ‘satisfactorio’ para Racsa
Ante consulta de La Nación sobre los cuestionamientos a la tecnología usada, Racsa respondió que el nuevo contrato de emergencia no presentó mayores problemas.
“En pro de garantizar la continuidad del servicio de tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia y Paz, Racsa asumió con compromiso y responsabilidad la ejecución de este proyecto con carácter de emergencia. El proceso se ha desarrollado de forma satisfactoria”, indicó la institución.
Por su parte, el Ministerio de Justicia señaló que “el proceso de licitación se llevó a cabo bajo todos los aspectos técnicos y legales correspondientes. El proceso es público y se puede consultar en la plataforma Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas)”.
Ante los cuestionamientos de la ESPH sobre la reducción de los costos, Justicia explicó que “con la ESPH se pagaban $11,64 por dispositivo; con Racsa, en la actualidad (contrato de emergencia), el precio es de $9,61, y el contrato definitivo con el Consorcio será de $5,99, lo que genera al país un ahorro de $10.170 diarios, $305.100 mensuales”.
Esta última cifra equivale a unos ¢167 millones.
Asimismo, el Ministerio señaló que, “por un tema de seguridad nacional”, no puede publicar cuántas tobilleras están activas actualmente.
