La compañía Soluciones Integrales S.A. (SOIN) cuestionó la licitación con la que el Ministerio de Justicia pretende contratar al nuevo proveedor de tobilleras electrónicas, pues considera que está hecha para una sola empresa.
El señalamiento fue hecho en el oficio SOIN-COM-004-2021 enviado por esa empresa, el 12 de febrero pasado, a la Proveeduría Institucional de esa cartera, el cual quedó registrado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En ese documento, el proveedor expresó preocupación por el punto 4.2 del cartel, en el cual se detallan las especificaciones técnicas que tendría que cumplir el grillete a contratar y se estipula que el dispositivo electrónico debe ser “liviano”.
“El peso no debe superar los 130 gramos con correo instalada, siendo esta condición acorde a la normativa vigente que establece que el uso del dispositivo no debe limitar la movilidad”, reza la licitación, publicada el pasado 2 de febrero.
Para Mauricio Esquivel, apoderado general de SOIN, esta especificación no tiene sustento técnico, los estaría dejando fuera del concurso y beneficiaría a una sola empresa.
La compañía que maneja una tobillera con el peso que solicita Justicia en la nueva licitación es Buddi Limited, la cual es el socia comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y, por ende, el actual proveedor del monitoreo electrónico. El grillete de Buddi pesa 128 gramos.
“En virtud de la limitación de peso establecida en la cláusula, mi representada en conjunto con otras del mercado internacional, nos veríamos imposibilitados de participar en el concurso, lo que estaría limitando injustificadamente el mismo a solamente una empresa”, señaló Esquivel.
“Al ser solamente un oferente de la industria de monitoreo el que podría cumplir con dichas condiciones, consideramos que se lesiona la naturaleza jurídica de la licitación pública internacional, de modo que no se cumplirían los elementos esenciales de una competencia justa y abierta”, agregó.
Consultado por La Nación, el Ministerio de Justicia aseguró que las especificaciones técnicas incluidas en la licitación sí están fundamentadas.
Dicha cartera alegó haber realizado un estudio de mercado en una fecha no precisada que, según apuntó, sirvió como base para la obtención de insumos. En esos análisis, agregó, participaron seis proveedores nacionales e internacionales (no precisaron nombres).
Precisó que parte del resultado fue conocer la “tecnología disponible en el mercado y establecer proyecciones de acuerdo con las lecciones aprendidas tras los cambios tecnológicos llevados a cabo por la institución en 2017 y 2020, así como tras la modernización interna que llevó a cabo la Unidad de Monitoreo Electrónico a partir de 2020″.
Piden cambio en cartel
SOIN pretende que Justicia cambie la cláusula sobre el peso de los grilletes para que sea más inclusiva. Esquivel alegó que, a nivel mundial, se usan tobilleras con pesos entre los 128 gramos y los 280, las cuales son consideradas livianas.
En ese sentido, la compañía propone que en el cartel se establezca que cada dispositivo debe estar en un rango de peso de entre 125 y un máximo de 280 gramos con la correa instalada.
Considera que, con ese ajuste, se evitaría limitar el concurso a “un único oferente mundial”. Además, se lograría una mayor participación de oferentes y, por ende, la Administración tendría más opciones “en aras de una debida satisfacción del interés público”.
De momento, se desconoce cuándo Justicia tramitaría esta solicitud y cuál sería la decisión a tomar.
¿Qué pasará con el contrato actual?
El actual contrato de monitoreo electrónico vence el próximo 27 de febrero.
Aunque el Ministerio de Justicia intentó extender el actual convenio con la ESPH hasta por 24 meses, la Contraloría General de la República le rechazó dos veces la solicitud debido, entre otras razones, a la carencia de contenido presupuestario.
El pasado lunes, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, el cual contiene una partida de ¢4.495 millones para mantener a flote este programa que hoy beneficia a más de 1.800 reos.
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La iniciativa ahora debe recibir segundo debate en el Congreso, pasar por la firma del presidente de la República, y ser publicada en el diario oficial La Gaceta para que se puedan utilizar los fondos.
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Una vez que tenga el contenido presupuestario, Justicia podría volver a tocar las puertas de la Contraloría para pedir la extensión del contrato con la ESPH. Sin embargo, pese a múltiples intentos de este medio para conocer cuál será la ruta a tomar, la cartera mantiene hermetismo.
“En los próximos días se harán anuncios”, indicó escuetamente la oficina de prensa de la entidad.