Katherine Chaves R., Aarón Sequeira. 9 febrero
Los ministros de Seguridad, Michael Soto, y de Justicia, Fiorella Salazar, expusieron las necesidades de presupuesto de ambas carteras. En la imagen también figuran la viceministra de Justicia, Diana Posada y el diputado Gustavo Viales. Foto: Captura.
Los ministros de Seguridad, Michael Soto, y de Justicia, Fiorella Salazar, expusieron las necesidades de presupuesto de ambas carteras. En la imagen también figuran la viceministra de Justicia, Diana Posada y el diputado Gustavo Viales. Foto: Captura.

La precaria situación del programa de monitoreo electrónico de reos estaría a punto de normalizarse, gracias a que la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó, la tarde de este martes, el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República presentado por el Gobierno.

Según lo dispuesto por los diputados, al Ministerio de Justicia le corresponderán ¢5.725 millones, de los cuales ¢4.495 millones serán para mantener a flote este programa que hoy beneficia a 1.800 reos.

Esta aprobación es un respiro para la administración penitenciaria luego de que, en las últimas semanas, se le cuestionara en múltiples ocasiones qué ocurrirá con el servicio de monitoreo, cuyo contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) vence el próximo 27 de febrero.

Con ese dinero, Justicia podrá volver a tocar las puertas de la Contraloría General de la República (CGR), para que valore autorizarle una ampliación del contrato vigente.

Apenas este mes el ente contralor ya le rechazó dos solicitudes de renovación, pues Justicia no tenía contenido presupuestario para sostener el proyecto; además de que la ministra del ramo, Fiorella Salazar, sigue sin aclarar cuál es el costo unitario de cada tobillera.

Lo poco que se ha divulgado al respecto, es que una ampliación con ESPH, por un plazo máximo de 24 meses, le permitiría a Justicia avanzar en una licitación internacional para contratar a un nuevo proveedor, que salió apenas el 2 de febrero pasado.

Debido al bloqueo celular, los reos usan más los teléfonos públicos y eso genera un incremento importante en la factura. Foto Jeffrey Zamora
Debido al bloqueo celular, los reos usan más los teléfonos públicos y eso genera un incremento importante en la factura. Foto Jeffrey Zamora
Bloqueo y pandemia generan más necesidad de recursos

Sobre el monto restante asignado a Justicia, se indicó que será destinado a cubrir gastos tales como electricidad, agua y alcantarillados, telecomunicaciones y otros servicios que brinda la cartera.

En la presentación que hizo la ministra de Justicia antes de que los diputados dictaminaran, ella indicó que tanto la pandemia como el bloqueo de la señal celular incrementaron los gastos.

Justificó sus palabras al decir que el consumo de agua se aumentó mucho derivado de la aplicación de protocolos sanitarios. Para esto en específico se destinará ¢535 millones.

También indicó que el pago de facturas por servicios de telecomunicaciones también subió por dos razones: la necesidad de brindar atención telefónica a los privados de libertad por el asunto de la pandemia, así como el incremento en el uso de la telefonía pública tras la implementación del bloqueo celular.

Para el asunto de las telecomunicaciones, Justicia destinará ¢42 millones.

De hecho, en su momento, la ministra indicó que este presupuesto era tan necesario que hasta contemplaba el pago de la seguridad del propio edificio de la institución.

Michael Soto, ministro de Seguridad, había advertido de que, de no tener este presupuesto extraordinario, no sería posible comprar chalecos antibalas, ni armas. Foto: Eyleen Vargas
Michael Soto, ministro de Seguridad, había advertido de que, de no tener este presupuesto extraordinario, no sería posible comprar chalecos antibalas, ni armas. Foto: Eyleen Vargas
Dinero también para Policía

Como parte del Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, también estaba el devolverle ¢15.500 millones a los ministerios de Seguridad Pública y Gobernación y Policía.

Esta decisión llegó luego de que Michael Soto, ministro de la entidad, diera a conocer ante los legisladores que necesitaban los recursos para gastos tan básicos como el agua y los servicios generales, así como para la sostenibilidad de las delegaciones policiales y la seguridad de los oficiales.

Soto había indicado también que los ¢13.000 millones son necesarios para la adquisición de chalecos para los policías de la Fuerza Pública, así como la compra de armas.

Sin ese dinero, dicha compra no se podía realizar, ya que, según recordó, el presupuesto ordinario no era suficiente para atender las necesidades de los diferentes cuerpos policiales.

Sobre esto último, el diputado liberacionista Gustavo Viales, uno de los promotores de recortes al Presupuesto Nacional 2021, trató de enfatizar que el presupuesto de Seguridad Pública, en particular, ya venía deficitario desde que llegó de manos del Ejecutivo.

No obstante, Viales fue, junto con las verdiblancas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, uno de los promotores de recortes adicionales al presupuesto de Seguridad, cuando con la moción de fondo 74 redujeron las partidas en ¢5.309 millones y el de Gobernación en ¢3.148 millones.

Pese a lo anterior, el verdiblanco insistió en que la culpa de esos faltantes era el Gobierno, principalmente, y que los recortes que hizo la oposición en noviembre eran de partidas de gastos superfluos.

Ahora, dictaminado positivamente el proyecto de ley, pasará al plenario para las etapas finales de la discusión, entre ellas la eventual presentación de mociones de fondo.