“Se rechaza, por inadmisible, el recurso de reconsideración presentado por el Ministerio de Justicia y Paz en contra del oficio número 01325 (DCA–0419) del 28 de enero del 2021″, por medio del cual se denegó la autorización al Ministerio para realizar una modificación unilateral del contrato suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, para una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de la libertad, para ampliar el plazo por 24 meses adicionales, explica el escrito.

Además, el ente contralor destacó que ante una denegatoria a una solicitud de autorización planteada no existe recurso o impugnación, debido a que se trata de un ejercicio para llevar a cabo una excepción y no de un contradictorio en el cual se resuelvan pretensiones de las partes involucradas.

La petición de reconsideración planteada por Justicia era uno de los últimos esfuerzos para impedir que se paralice, el 28 de este mes, el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), mediante el cual se vigilan 1.800 privados de libertad que portan una tobillera.

Paralelamente y con el fin de financiar la prórroga, esa cartera presentó una propuesta de presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa por un monto ¢4.495 millones.

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Al conocer la posición de la Contraloría, la ministra Salazar aseguró que a partir de ahora se enfocarán en el trabajo de otras alternativas que ya tenían, sin profundizar en cuáles son estas o cuándo podrían conocerse las medidas a implementar para final de mes.

“El ente contralor nos dice que es inadmisible y con esto se acaba la incertidumbre que teníamos con respecto a los escenarios que debemos abordar.

“Estamos trabajando ya en los escenarios que tenían que ver con esta posibilidad de respuesta y nos interesa que la ciudadanía esté tranquila con respecto al trabajo que estamos haciendo, lo mismo que las personas adscritas a esta modalidad”, aseguró Salazar mediante un video de 31 segundos que compartió la oficina de prensa.

Llamado de atención

Allan Ugalde Rojas, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, manifestó que a pesar de rechazar el recurso hay situaciones inexplicables en los argumentos presentados por Justicia, entre estos que no se tuviese presupuesto para la prórroga del contrato con la ESPH.

Por ello, el gerente destacó que desde marzo del 2020 el Ministerio pudo planificar las medidas a tomar; sin embargo, esperó hasta diciembre para atender el tema.

“No entendemos cómo se ha tramitado una solicitud de autorización de prórroga de un contrato cuando no se tiene el contenido presupuestario, siendo que hasta el día de ayer (miércoles 3 de febrero) se ha solicitado, vía presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, una autorización para que se amplíen los ingresos de ese Ministerio para poder darle contenido a una obligación como la que se está realizando.

“La Contraloría entiende la situación apremiante en la que está el servicio de monitoreo; no obstante, eso lo conocía el Ministerio de Justicia desde marzo del año pasado, cuando tomaron la decisión, y así lo informaron a la Contraloría, de llevar adelante un procedimiento de contratación administrativa.

“Ese tiempo les hubiera permitido incorporar en el presupuesto nacional lo suficiente para darle contenido a cualquier obligación, sea vía concurso o con una ampliación como la que se pidió a la Contraloría que autorizara.

“Identificamos condiciones de planificación que debieron ser atendidas por el Ministerio de Justicia y, por tal motivo, esa situación es de entera responsabilidad de ese Ministerio”, explicó, ampliamente, Ugalde.

El oficio enviado a la ministra de Justicia también llama la atención sobre la manera en la que se revisan las propuestas, ya que la cronología mediante la cual se firmó un contrato con la ESPH tiene incoherencias.

También destaca el escrito que “la ejecución del contrato no está condicionado a la obtención del refrendo del contrato entre la ESPH y el proveedor, pues es contrato aparte y responsabilidad del contratista, es decir de la ESPH”.

Información actualizada a las 6:12 p. m. con más información de la Contraloría y declaración de Fiorella Salazar.