El Ministerio de Justicia presentó una apelación a los cuestionamientos en los que se basó la Contraloría General de la República (CGR), para rechazar la prórroga en el contrato que permite el monitoreo electrónico de reos.

Este es uno de los últimos esfuerzos que realiza ese despacho para impedir que se paralice, el 28 de este mes, el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), mediante el cual se vigilan 1.800 privados de libertad que portan una tobillera.

Paralelamente, Justicia presentó una propuesta de presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa que le permitiría financiar la prórroga. El monto exacto es de ¢4.495.137.484.

La CGR argumentó, la semana pasada, que el Ministerio de Justicia no tiene certeza de cuánto costarían los servicios de la ESPH si se aprobara la ampliación solicitada.

Además, tras el rechazo de la prórroga, el recurso de reconsideración no existe en la Contraloría y menos si no cuenta con un presupuesto que respalde la gestión.

Al referirse a lo que pueda suceder ante una nueva respuesta negativa del ente contralor, Salazar dijo: “El escenario cierto que tenemos es la solicitud de reconsideración”.

Añadió que los escenarios hipotéticos son infinitos y de momento están concentrados en la aprobación del presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa, así como de la respuesta de la Contraloría a su apelación.

“Una vez que tengamos esos dos parámetros, podremos hablar de otros escenarios, independientemente del resultado que tengan”, dijo.

En los 25 días que quedan de contrato, ese ministerio deberá tener listo un plan para dar opciones a los jueces de ejecución de la pena, sobre el futuro de los reos con tobillera electrónica, pero la ministra no adelantó criterio.

Salazar se mostró confiada en que los diputados aprobarán pronto el presupuesto, pues el anterior presupuesto extraordinario lo aprobaron “en cuestión de días”, añadió.

Pidió a la población que usa tobilleras seguir dentro del esquema actual, pues “se valoran todas las posibilidades para atender la situación presente”.

La jerarca añadió que en diciembre pasado hicieron una exploración con la ESPH para ver si tenían la capacidad y viabilidad de una eventual extensión del plazo y ellos se mostraron anuentes, pero no se ha avanzado en ningún proceso de negociación a la espera de que se apruebe el presupuesto en el Congreso.

Actualmente, el Estado paga a esa empresa $12,3 (¢7.575) diarios por cada privado de libertad que porta una tobillera.

La Fiscalía investiga un presunto tráfico de influencias relacionado con la adjudicación del contrato de monitoreo a la ESPH, por la forma en que se adjudicó esa contratación en el 2016.

Es parte de una causa penal abierta contra el gerente general de la ESPH, Allan Benavides, el exdiputado Víctor Hugo Víquez, el exmagistrado Celso Gamboa y dos empresarios de apellidos Rothe y Andel, según la causa 18-000094-1218-PE.

Licitación lista

Salazar también informó este miércoles de que ya la Cancillería distribuyó en el ámbito internacional el cartel licitatorio publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas, para contratar al nuevo proveedor de esos servicios cuando termine el plazo de la ESPH.

El nuevo cartel incluye las características físicas y de funcionamiento mínimas del dispositivo que portarán las personas monitoreadas, así como los estándares para la plataforma informática a través de la cual se realice el monitoreo.

Las empresas interesadas tienen 60 días para inscribirse y se espera adjudicar el proyecto en diciembre de este año.