EscucharLos operativos policiales en las cárceles, en los que se decomisaron decenas de celulares y chips móviles, lograron que las denuncias por estafas disminuyeran en aproximadante un 50% entre abril y mayo, reveló este jueves en conferencia de prensa el jefe de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Yorkssan Carvajal.
Carvajal afirmó que en promedio, se alcazaban 400 denuncias mensuales, mientras que en mayo, luego de las intervenciones iniciadas el 24 de abril, las denuncias bajaron a 209. En esas acciones realizadas en el complejo de La Reforma, los agentes del OIJ, en conjunto con la Policía Penitenciaria, decomisaron más de 200 teléfonos celulares y 150 chips telefónicos, además de aparatos tipo mifi o router, armas y drogas.
El agente judicial afirmó que su sección se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Justicia y Paz para volver a ejecutar estos operativos.
“Tenemos algunas conversaciones con ellos, estamos revisando las acciones operativas y los resultados, hay mucha apertura indiscutiblemente por parte del señor ministro y viceministro, y estaríamos realizando algún tipo de incursión nuevamente para obtener otros resultados”, declaró Carvajal, quien detalló que también se reporta una baja en las denuncias de fraudes a través de la modalidad de falso funcionario bancario.
A pesar de esto, otros datos no parecen tan alentadores, indicó Carvajal, pues las denuncias totales en el 2022 han crecido a un nivel exponencial.
Solo en la provincia de San José, en la primera mitad del año, se presentaron 4.600 denuncias, por lo que si la tendencia continúa podría superarse los 7.400 casos atendidos en todo el 2021.
“A pesar de que tantas veces hemos mencionado de la llamada del falso funcionario bancario, falso funcionario municipal, falso empleador, lamentablemente los datos nos indican que las personas siguen cayendo en este tipo de estafas, no basta con todas estas campañas de prevención”, lamentó.
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Los agentes judiciales han detectado que, aunque las personas ya no son víctimas tan frecuentes del falso funcionario bancario, sí siguen cayendo cuando el método de estafa cambia ligeramente.
Carvajal explicó que un mecanismo cada vez más común consiste en que el estafador busca un artículo por medio de redes sociales, haciéndose pasar por una persona confiable y profesional. Cuando su víctima accede a vender el producto, el estafador hace un comprobante falso de pago y lo envía.
La persona, al notar que no le ha llegado el pago, le consulta al falso comprador, quien entonces realiza una llamada tripartita con un falso funcionario bancario, que le envía un correo electrónico con un vínculo al vendedor, indicando que debe ingresar sus datos para que el pago se libere. Allí, la persona se registra pensando que es una página legítima, y termina estafada.
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Evolución del delito
Si bien las restricciones en las cárceles, como decomisos y bloqueo de señal, pueden disminuir la cantidad de estafas telefónicas y electrónicas, Carvajal aseguró que esto también puede provocar que el delito se empiece a realizar con más frecuencia desde afuera de los centros penales.
Mientras que el año anterior el OIJ registró que un 98% de estafas se realizaron desde prisión, el agente detalló que en el primer semestre del 2022 esa proporción había cambiado a un 80% de delitos consumados desde centros penales y un 20% desde afuera, que suele tener conexión con los estafadores que actúan tras las rejas.
“Es completamente diferente una investigación fuera de un centro penal, donde estamos hablando de un local que está individualizado, de un circuito de personas que trabajan exclusivamente, que podemos vigilar, seguir, intervenir, cualquier herramienta que la policía tenga. Diferente es en un ámbito del centro penal La Reforma donde hay 120 privados de libertad, donde no podemos vigilar, no podemos intervenir las acciones que ellos están realizando”, afirmó Carvajal.
El agente explicó que el delito podría seguir evolucionando, y en un futuro la proporción podría cambiar en un 20% de estafas realizadas desde adentro de cárceles y un 80% afuera.
“El delito es muy atractivo para los delicuentes, ellos han encontrado muchas facilidades para cometer delitos que son de exorbitantes ganancias”, declaró.
Solo el año anterior, en fraudes informáticos, el OIJ contabilizó un perjuicio de $8 millones extraídos de cuentas bancarias de los costarricenses, cerca de ¢5.553 millones al tipo de cambio actual.
