Oficinas del Cuerpo de Bomberos y el hangar de una empresa de transporte aéreo fueron allanadas este miércoles dentro de la investigación que se sigue en contra del director de Bomberos, Héctor Chaves León, por el presunto delito de peculado, por haber autorizado un viaje privado en avioneta que se habría pagado con fondos de la entidad.
Dicho vuelo costó $865, se concretó el 9 de octubre del 2020 entre Pérez Zeledón y aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas y en el viajó una funcionaria del Cuerpo de Bomberos de aquel cantón josefino quien habría ido a la capital a un trámite de visa en la Embajada de Estados Unidos, dice el expediente de la investigación judicial.
Ocurrió en momentos en los que el país vivía protestas callejeras y cierres de vías en oposición a un primer plan de ajuste fiscal que el Gobierno de Carlos Alvarado iba a presentar al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque meses después la funcionaria devolvió el dinero del viaje, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una pesquisa en el 2021 tras recibir denuncias anónimas. Precisamente, en las diligencias de este miércoles participaron agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) que se distribuyeron en ocho allanamientos.
La Fiscalía precisó que las diligencias se hicieron en la Dirección de Tecnología del Cuerpo de Bomberos (Santo Domingo de Heredia), en un hangar de la empresa Volar Helicopters S. A. en Pavas, en una casa de habitación en Montes de Oca y en una oficina de contaduría pública.
Además de la denuncia por aparentes irregularidades en pagos de un servicio aéreo personal con fondos públicos de Bomberos, en este asunto también se investigan el uso de vehículos oficiales y supuestos nombramientos ilegales, agregó el OIJ.
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“No se va a realizar ninguna detención, de momento es para decomisar evidencia importante para la investigación, documentación, entre otros”, precisó la Policía.
Por medio de su departamento de prensa, el Cuerpo de Bomberos indicó que la única declaración que brindarían es que están colaborando con el OIJ y la Fiscalía ‘en aras de garantizar la transparencia que caracteriza a la institución’.
Al mismo tiempo, mencionó que ninguno de los servicios que ofrecen en todo el país se vio afectado por las diligencias judiciales. Se intentó contactar a Héctor Chaves a su número telefónico pero no respondió a las llamadas.
Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Consejo de Bomberos, enfatizó que continuarán impulsando el proceso de investigación que desarrolla el Ministerio Público para ‘que las pesquisas avancen de la mejor forma’.
“En todo momento nuestra prioridad ha sido la transparencia y la colaboración con los órganos de control e investigación”, sostuvo la jerarca.
En junio, la FAPTA confirmó a este medio que lleva este asunto dentro del expediente 21-000011-1218-PE. Chaves es la persona investigada por este caso, a pesar de que él no figuró en el informe administrativo disciplinario que se tramitó contra cuatro funcionarios de Bomberos, de los cuales dos resultaron con amonestaciones por escrito enviadas por el mismo Chaves.
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El vuelo
El viaje en avioneta ocurrió el 9 de octubre del 2020 cuando la funcionaria Angie Raquel Méndez Navarro, de 32 años y asistente de jefatura del batallón 12 de los Bomberos de Pérez Zeledón, tomó un vuelo desde el cantón del sur hasta el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, San José. El servicio fue brindado por la empresa Volar Helicopters S. A.
Según un informe del Órgano Director del procedimiento disciplinario, del cual este medio tiene copia, el mismo 9 de octubre Volar remitió una factura por $865 a un correo electrónico de Bomberos. El pago quedó registrado tres días después.
Dos meses después, el 14 de diciembre del 2020, luego de una consulta de Angie Méndez a Volar Helicopters sobre el cobro del viaje, la compañía le respondió que había enviado la factura por error al Cuerpo de Bomberos.
Méndez luego indicó a Diana María Campos Guillén, coordinadora del programa de compras de la Unidad de Servicios Generales, que ese vuelo en realidad había sido a solicitud personal y no laboral, por lo que reintegró los $865 a las cuentas de Bomberos.
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Según lo concluido por el Órgano Director, un funcionario llamado José Daniel Mora Montenegro, jefe de la Unidad de Servicios Generales, dio visto bueno al pago del viaje. En su descargo al Órgano, Mora explicó que Campos había revisado la factura y Luis Fernando Salas, director operativo de Bomberos, había aprobado el pago.
“Rechazo completamente, el hecho de que esta Jefatura conociera que se trataba de un viaje de índole personal y no laboral, no existe prueba alguna en el expediente que permita tener por demostrada esa afirmación”, puntualizó el Órgano.
En el proceso disciplinario también fueron imputados la propia Méndez, y Salas; sin embargo, el Órgano Director determinó que no cometieron faltas y recomendó que sus expedientes fueran archivados.
El director de Bomberos acumula otras dos investigaciones en el Ministerio Público por tráfico de influencias y una suspensión administrativa por cinco días sin goce de salario, por autorizar el pago de ¢10 millones de la caja chica, para el diseño y conceptualización de las esculturas ubicadas en las afueras de las nuevas estaciones metropolitanas norte y sur, en San José.
